Según la La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, en Boyacá el 90,1% de las personas ocupadas en el área rural trabaja en condiciones de informalidad y el 73% de los hogares presenta bajo logro educativo. En este panorama de precariedad estructural, donde estudiar ya es una lucha diaria para las familias campesinas y trabajadoras, el aumento de los pasajes intermunicipales golpea directamente el derecho a la universidad pública y amenaza la permanencia de miles de jóvenes que dependen del transporte para llegar a clase.
El reciente aumento de los pasajes intermunicipales en Boyacá volvió a poner en evidencia que las decisiones económicas siguen descargando el peso de la crisis sobre quienes menos tienen. Para miles de jóvenes que se desplazan a diario desde veredas y municipios cercanos, el transporte no es un servicio complementario, sino una condición material para poder estudiar. Cuando sube el pasaje, lo que se restringe no es un trayecto: es el derecho a la educación.
Ante esta situación, estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) realizaron una jornada de protesta en el Terminal de Transportes de Tunja. La movilización exigió la creación de una tarifa diferencial para estudiantes de las Instituciones de Educación Superior del departamento, denunciando que el alza del transporte se convierte, una vez más, en una forma de exclusión que recae sobre las familias trabajadoras.
La protesta recordó que el costo del acceso a la educación en Colombia suele ser pagado con sacrificio familiar, endeudamiento o deserción. En ese acto se hace visible una de las principales causas de exclusión educativa de la región: la falta de garantías estatales para que la juventud de origen popular pueda permanecer en la universidad pública.
Tras la presión de la movilización, se pactó la instalación de una mesa técnica con la Gobernación de Boyacá y representantes de empresas transportadoras, para discutir salidas estructurales a un problema que no es de “movilidad”, sino de desigualdad social. Las y los estudiantes afirmaron: “Si hoy existe una mesa técnica es porque hubo protesta. Nada de esto fue una concesión voluntaria de las instituciones”.
El movimiento estudiantil también advirtió que reducir el conflicto a asuntos de orden público o administrativos es una estrategia para despolitizarlo. Lo que está en disputa es la responsabilidad del Estado y de las autoridades regionales frente a las condiciones materiales que permiten —o impiden— ejercer el derecho a la educación pública.
Finalmente, el estudiantado anunció que seguirá organizándose y movilizándose. La instalación de la mesa técnica no es el cierre del conflicto, sino un punto de partida. Como han insistido procesos juveniles y estudiantiles, los derechos se conquistan en las calles, en la organización y en la lucha.
