La disputa electoral del 2026 se ha iniciado con fuerza, en medio de una complicada relación institucional entre el poder ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General de la Nación y los entes de control, al tiempo que la agenda de reformas muestra signos de estancamiento. Situación de estancamiento debido al saboteo que desarrollan las cúpulas legislativas de oposición y las bancadas de presión para condicionar el gobierno nacional, lo cual impide hasta el momento el consenso entre las facciones reformistas.
Estas variables en parte dan contenido al actual escenario de la política nacional y median el inicio de este 2024. Un año que presume ser definitorio para las fuerzas políticas y sociales del país; y aún más, para los millones que expectantes están de los cambios estructurales.
En el escenario pueden verse algunas fracturas del gobierno en su desarticulada forma de gestión. En primer lugar, es notoria la limitación para optimizar el uso del aparato estatal, si bien es cierto que toda máquina institucional contiene los sesgos estratégicos del bloque de poder que lo erige para beneficio de sus intereses.
Es también palpable que ha sido tedioso para las fuerzas populares y progresistas ajustarse a los rigores de la gestión pública y su lógica burocrática, institucional y financiera. Lo cual redunda en la incapacidad de acercar los planes y las políticas públicas del gobierno a las poblaciones beneficiarias y deja campo para el contraargumento reaccionario que vulgariza el activismo político de izquierda y ridiculiza la capacidad de gestión técnica de los principales cuadros del progresismo. Pero con mayor preocupación, sirve como argumento ideológico para minar y poner en crisis el proyecto político que ha planteado el progresismo y que en el sentido común puede ser extensible al conjunto de fuerzas del campo popular.
En segundo lugar, la desarticulación con los amplios conglomerados sociales y populares que en su proceso de movilización pusieron en crisis el régimen de acumulación que había regido la vida económica del país los últimos 33 años, permitiendo el ascenso del actual gobierno.
Este desajuste, no solamente, se ha puesto en evidencia en el poco volumen de fuerzas activas en las movilizaciones de apoyo al gobierno en sus reiterados llamados; sino también, por la poca efectividad de la política pública y la gestión estatal para fortalecer los niveles y condiciones de organización política de la población como actores estratégicos de los cambios que requiere el país.
Más allá del discurso de la gestión obrera y popular, lo cual resta en términos de la capacidad del gobierno para consolidar sus bases sociales y niveles de respaldo, este debe impulsar la construcción de nuevos sujetos políticos y fuerzas sociales del cambio. Labor estructural que sigue pendiente y debe ser esmeradamente desarrollada por los movimientos y organizaciones sociales, desde una mirada estratégica de propuesta alternativa y popular a la crisis.
En tercer lugar, las fuerzas progresistas al tiempo de los resultados de octubre esgrimieron la tesis de su unificación en un gran partido, que permita optimizar los esfuerzos electorales y cohesionar las fuerzas de cara al 2026. La propuesta anterior ha suscitado disímiles cuestiones, tanto en planos doctrinales, como de la pragmática política y de desinformación en este campo por parte de las fuerzas sociales y políticas que componen el bloque progresista popular, que pueden llevar a desacoples tácticos o estratégicos que impidan un mejor equilibrio de fuerzas.
El imperativo de unidad, fijado a la necesidad concreta de asegurar la continuidad institucional del proyecto político del progresismo y contener el posible ascenso de los sectores de ultraderecha y centro-derecha, deja de relieve asuntos más allá de los acuerdos burocráticos entre las clientelas partidistas de las izquierdas y permiten poner en discusión el tipo de proyecto político, la composición y ordenamiento de fuerzas y las formas de gestión democrática que vincularía tal ejercicio.
La disputa institucional por asegurar y acaparar mejores condiciones de oportunidad en este proceso de simplificación de formas de gestionar las fuerzas, no puede llevar a sacrificar los elementos de fondo que deben tratarse en torno al contenido social y popular, democrático y de propuesta estratégica que requiere el campo popular para proyectar su avance social y político.
En este mismo escenario, la arremetida de los sectores dominantes a varios flancos ha logrado dilatar y estancar el desarrollo del proyecto político del progresismo. Acciones que le han asegurado agrupar los impactos de la profunda crisis social del país de sus fuentes de poder, evitando la concreción de las reformas y la descentralización del gasto público de su intermediación financiera y empresarial, conservando los factores institucionales que aseguran su hegemonía económica y política. En la misma dirección se orienta su principio de oportunidad, por cuanto se buscan las mejores condiciones para relanzar el regresivo proyecto del bloque de poder colombiano y de los sectores políticos y económicos que lo componen en su contradictoria unidad.
La incertidumbre por el rumbo de los escenarios venideros luego del crepúsculo del primer gobierno progresista y “popular”, marcan parte de la contradictoria realidad del país.
