Fuerzas militares atacan a comunidades en Arauca y Cauca

Para el CNA el Estado colombiano está sujeto a los intereses del capital, y sus fuerzas militares defienden la explotación y el saqueo por encima del bienestar y derechos de las comunidades.

«El Estado colombiano y su institucionalidad inherente y sujeta a los intereses del gran capital que solo busca acumular a costa de la explotación de los seres humanos y los bienes de la naturaleza…»

La alerta reseña que los hechos hacen parte de una continuada arremetida violenta y desproporcionada contra las comunidades campesinas y populares; además, de la estigmatización, persecución, desplazamiento y asesinato de las comunidades que reclaman mejores condiciones de vida.

Los casos denunciados sucedieron en Saravena, Arauca el 27 de marzo y en Cajibío, Cauca el 29 de marzo. En ambos casos el modo operandi de la fuerza pública fue el mismo: en el primero, se atacó indiscriminadamente a campesinos en sus labores diarias dejando herido a un campesino que se movilizaba a alimentar a cerdos, en el segundo, miembros del Ejército de Colombia atacaron a comunidades que se movilizan y recuperan tierras multinacionales cartoneras en el Cauca.

Caso 1. – Ubicación: Saravena, Arauca.  -Miembros del Batallón Revéis Pizarro del Ejército Nacional luego del ataque impidieron la atención al herido, retenciones de campesinos y se acusó al herido de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Caso 2. -Ubicación: Cajibío, Cauca. Miembros del Grupo de Caballería Liviano N.8 de la Tercera División del Ejército Nacional incursionaron de manera violenta, fingiendo un combate y disparando contra los campesinos y campesinas. El saldo del ataque contra las comunidades que se encuentran en ejercicio de recuperación de tierras de la multinacional Smurfit kappa cartón de Colombia fue de dos campesinos heridos de gravedad. En este caso a través de los medios se justificó el ataque como un supuesto enfrentamiento con las disidencias de las extintas FARC. En los hechos también se reportó la captura de un campesino que fue intimidado y acusado de guerrillero.

Las organizaciones denuncian infracciones al DIH y los derechos humanos, evidenciándose además del ataque capturas, retenciones, estigmatización y señalamientos. A su vez, responsabilizaron de los hechos al presidente Gustavo Petro como máximo jefe de las fuerzas militares y al ministro de defensa Pedro Amulfo Sánchez.

«Exigimos al Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y Municipal a detener el asedio, persecución y estigmatización contra las comunidades que ejercen su derecho a la protesta social y que recuperan tierras para la vida y la soberanía alimentaria, en especial lo que está sucediendo en este momento en Cajibío (Cauca), a dejar en libertad al campesino que fue capturado, señalado y estigmatizado. Y los responsabilizamos por la vida e integridad del campesinado de este territorio y las graves vulneraciones de derechos humanos y la infracción al Derecho Internacional Humanitario».

En el documento también se alerta sobre una nueva arremetida a nivel nacional en contra de comunidades campesinas, en especial en el municipio de Cajibío donde estas comunidades impulsan la Reforma Agraria Integral y Popular y la puesta en marcha de los Territorios Campesinos Agroalimentarios TECAM mientras que avanza la recuperación de tierras.