En un artículo reciente se informa que la OCDE promueve un revolcón de las pensiones en el país. Se trataría de un estudio que esa institución le habría entregado a Duque con el propósito de crear un régimen único, para lo cual “se debe desvincular el acceso a la protección social de la condición de formalidad o informalidad de los trabajadores, estableciendo una pensión básica universal, junto a la prestación de un ingreso mínimo garantizado que reforzaría y ampliaría las transferencias monetarias existentes a los hogares de bajos ingresos” [1]. Así, el advenedizo organismo aparenta preocupación por los trabajadores cuando en realidad toma partido por el capital y deja caer su peso sobre un tema tan vital en la vida de los proletarios y en general de toda la clase popular, justo en medio del álgido debate electoral[2].
Sin embargo, el planteamiento de la OCDE es únicamente una réplica simple de las conclusiones que a inicios de enero entregó la Misión de Empleo[3]. Allí, en forma muy hábil se reconoce el inocultable hecho de que el desempleo está directamente relacionado con la altísima polarización en la concentración de la propiedad, esto es, que unas pocas firmas concentran el capital mientras la gran mayoría de los trabajadores laboran dispersos en millones de pequeñas “empresas”. También, reconocen que bajo tales condiciones es imposible que toda la población del país pueda acceder algún día a la cobertura y servicios de la seguridad social, en especial en pensiones.
Frente a eso, la Misión propone como alternativa que la cobertura y servicios en seguridad social no dependa de si se cuenta o no con un contrato de trabajo, y más bien sea el Estado quien pase a brindar tal garantía. Así, en manera habilidosa intenta apropiarse de una demanda necesaria y urgente. Demanda exigida por años desde el movimiento social, haciendo pasar gato por liebre, ya que la Misión tuerce la propuesta y la utiliza para defender una reducción drástica del salario. Reducción mediante el cese de los pagos que realizan las empresas sobre el valor de la nómina y que se destinan a cubrir parte de los gastos de seguridad social.
El impacto a favor de los capitalistas podría superar fácilmente los treinta billones de pesos anuales[4]. A partir de ese tremendo lancetazo, la Misión deduce inadecuadamente que al reducirse el precio total del salario las empresas pasarán a contratar más personal, con lo cual el desempleo y la informalidad bajarían. ¿Pero qué tan cierto puede ser esto?
Comencemos resaltando que la sabiduría de la Misión solo le ha dado para distorsionar la justa reclamación de los proletarios y demás sectores populares del país. Se distorsiona porque la universalización que plantea el movimiento social considera una cobertura que incluya a todos los habitantes del país (sean nacionales o extranjeros). Además, de ello que los servicios no se limiten a salud y pensiones, más bien se extienda a garantizar el acceso en áreas como alimentación, cuidado de los infantes, educación, transporte y espacios públicos, hábitat y vivienda, recreación y cultura. Pero, además porque transforma la propuesta en un medio dirigido a incrementar las ganancias de las empresas capitalistas mediante la reducción de sus costos laborales.
Sin embargo, en forma habilidosa procuran tapar su intención argumentando que una vez suban las ganancias las empresas contrataran más empleados. Esta intención es falsa, puesto que el proletariado lleva siglos viendo precisamente lo contrario, que aunque las ganancias del capital crecen, cada vez hay más desempleados y población excluida del mercado de trabajo. Esto sucede debido a que, por la competencia en el mercado, las empresas tienen la marcada tendencia a suplantar mano de obra por maquinaria (tecnología). Esta sustitución se facilita en momentos de mayores ganancias, puesto que las empresas amasan mayores sumas de capital, que apalancadas con préstamos les permite acceder a tecnologías más intensivas. De ahí que el efecto sea más bien ampliar el desempleo y la población sobrante que es condenada al rebusque y la precariedad[5].
A diferencia de ese resultado, en una economía que produjera por sí tecnología misma, sí podría suceder que los ahorros en costos laborales se traduzcan en mayores ganancias e inversiones en otros sectores productivos. Cuando esto sucede, la acción de las empresas amplía la capacidad productiva de conjunto, porque el efecto negativo del cambio tecnológico sobre la demanda por trabajo puede ser mitigado, en especial durante fases expansivas del capitalismo, como se puede verificar en las experiencias de países como Alemania o Japón o EE.UU. Pero ese resultado ha tenido como condición, que existan sectores en que las nuevas inversiones pueden dar rentabilidades adecuadas, de lo contrario las mayores ganancias se van al terreno de la especulación, aspecto que también es ocultado por la Misión.
Por eso, en una economía que es incapaz de generar por sí misma canales de cambio técnico, las ganancias extraordinarias pueden:
Traducirse en sustitución de trabajo por tecnología importada
Ir a inversiones rentísticas o de consumo que no generan empleo
Destinarse a mera salida de capitales; con lo cual, iv) el efecto de mayor demanda de mano de obra no es directamente proporcional, ni necesariamente el más esperado ante mayores ganancias.
Por tanto, el problema conceptual y político de la Misión es que una vez reconoce que el principal producto del capitalismo colombiano es una estructura productiva polarizada y deforme, pasa a tratar el problema del empleo como cualquier otro mercado, reduciéndolo a asunto neoclásico de precios, es decir a las elasticidades de demandas y ofertas.
Por el contrario, debería actuar en consecuencia y reconocer que al pretender mover una ficha hay que proceder a reacomodar todo el tablero. Por eso el asunto del desempleo debe relacionarse con la manera como el capital se acumula, la forma en como se motiva la inversión, pero por sobre todo, en como se incorpora y disemina el cambio técnico. Este aspecto se relaciona directamente con la lucha social por la distribución del ingreso nacional, punto que exige considerar en particular el contexto tributario. Por lo tanto, es necesario considerar el problema del empleo en el contexto del conjunto social, y no como cosa aislada, pues al fin de cuentas es la fuerza de trabajo la que genera el valor agregado en una sociedad.
Contrario a eso, la Misión solamente escapa hacia delante porque le quita una responsabilidad a las empresas y simplemente la tira sobre los hombros del Estado, que es en última instancia quien recauda la riqueza producida por los mismos trabajadores. Y, sin embargo, ni siquiera guarda cuidado de plantear el proceso, los mecanismos y las reglas mediante las cuales se garantizaría la sustitución de los recursos que se dejan de pagar, o lo mismo, no dice nada sobre cómo el presupuesto público cubrirá el incremento de obligaciones, salvo limitarse a anunciar que deberá hacerse con incrementos en impuestos a la renta. Así, la misión actúa como quien en forma ladina se deshace de sus residuos tirándolos al patio del vecino.
La OCDE y la Misión intentan tapar su objetable proceder, pasan a apropiar la iniciativa de la renta básica universal, reduciéndola a la extensión de “un ingreso mínimo garantizado que reforzaría y ampliaría las transferencia monetarias existentes a los hogares de bajos ingresos”. Es decir reduciría las actuales obligaciones del capital en treinta billones y las cambiaría por transferencias de mínimos a los más pobres[6], que a lo mucho podrían costar unos cinco billones. Y por el medio, plantean eliminar el tope que significa el salario mínimo, ¡porque es muy alto!, y al barrer ese límite pueden generalizar la política de “subsidios líchigos” usada por el uribismo para mantener su base electoral[7], política que además de mantener las condiciones pobreza, busca acallar la protesta social.
En todo caso, la Misión acierta al retomar la propuesta de cobertura universal en la seguridad social, y en reconocer las imposibilidades provenientes de la actual estructura productiva, pero mira en la dirección incorrecta para implementarla.
A partir de estos elementos es ineludible considerar el debate sobre la transformación de fondo que requiere el país, porque inevitablemente lo trasladan al campo de una reforma tributaria estructural que descanse en el criterio que los que más ganan tributen más, pero que requiere medidas de fondo para corregir él desangre del presupuesto público mediante el uso de descuentos, evasión y elusión que causan pérdidas por más de cincuenta billones anuales, a lo que se suma la costosa industria de la corrupción, que se traga otros cincuenta billones[8].
Además, de ello se deben recuperar los recursos públicos que terminan engordando al capital privado como son los 340 billones de pesos que alimentan a los fondos privados de pensiones[9]. Pero más importante es que se plantea la necesidad de transformar la deforme estructura productiva, aspecto que en verdad es el problema central y que se podría abordar eficazmente mediante una Economía de Fondos Públicos-EFP que incorpore y propague el cambio técnico y funcione como motor de expansión de las fuerzas productivas del país[10].
No podemos cubrir aquí todos los elementos de la propuesta sobre una EFP, pero si podemos señalar que al crearse su Fondo Público de Inversión-FPI con recursos anuales cercanos a los 700 billones de pesos -que vendrían de la recuperación de fondos públicos usurpados hoy por el capital privado -se contaría con un músculo financiero y organizacional que potenciaría las capacidades productivas en la industria, en la generación de energía, en la provisión de bienes de consumo colectivo, o seguridad social, en el sector agropecuario y en el área científico-tecnológica.
La gran ventaja de esta economía es que por ser pública y social las utilidades de las empresas pasan a incrementar la potencia del mismo Fondo de Inversión, y no van a parar a bolsillos individuales, con lo cual se acelera en forma exponencial las fuentes para generar puestos de trabajo en nuevas áreas productivas. Por tanto, al generar más puestos de trabajo productivos y bien remunerados se multiplica el ingreso nacional y en esa misma medida se generan los recursos reales para ampliar decididamente las obligaciones que tiene que cubrir el Estado.
En síntesis, la Misión de empleo ha visto las endebles patitas sobre las que descansa la economía del país, pero, espantada y presa de su sesgo ideológico, únicamente ha atinado a repetir la vieja prédica de menos impuestos a los capitalistas. Y, aunque en tal carrera ha buscado deformar utilitariamente una iniciativa proletaria y popular, no ha podido evitar que salga a flote la urgencia y necesidad de cambios estructurales en el país. Es justo allí donde la iniciativa por una Economía de Fondos Públicos muestra su fortaleza, porque se conecta de manera más adecuada con la realidad social a transformar, al evitar que solamente se reconfigure la lógica capitalista que ha producido la altísima concentración de capital existente y todas su demás desastrosas consecuencias.
[6] Nuevamente los datos son sólo ilustrativos y por eso un uso más bien para comparar los efectos.
[7] Ver articulo “Un globo” publicado en este medio.
[9] Estos 340 billones de pesos equivalen al 29% de PIB de 2021.
