Trochando Sin Fronteras – Agosto 15 de 2020
Por: Asociación Pueblo y Dignidad – Congreso de los Pueblos Europa
[dropcap color=»#ddc80d» type=»square»]S[/dropcap]i las mayores críticas y reservas al balance de 2 años de Gobierno presentado por el propio presidente Iván Duque, en su cotidiano discurso televisivo, giraron en torno a la falsedad sobre los datos de exportaciones y de resultados de la lucha contra las drogas. En este artículo nos concentraremos en el desangre del movimiento social, la crisis de Derechos Humanos y los Acuerdos de Paz.
Un análisis desde la óptica de los Derechos Humanos
Duque se posesiona con un Acuerdo de paz firmado, pero…
En efecto, Duque recibió una Colombia inmersa en un proceso de paz; tras el acuerdo del anterior Gobierno con las FARC EP; y con una mesa de conversaciones abierta con el ELN. Pero, pese al apoyo de la comunidad internacional y nacional hacia este proceso; Duque falto al compromiso del Estado y a las esperanzas de la mayoría.
Duque le miente al país; por un lado asegura que está cumpliendo el Acuerdo de Paz; y por otro, intenta imponer una agenda no pactada; que contradice lo firmado, en los temas de reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos y atención de víctimas. La estrategia utilizada por Duque y del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe Vélez; es no asegurar los recursos para la implementación de los acuerdos de paz.
¿Derechos humanos para todas y para todos?
Con este Gobierno retrocedemos en materia de garantías de los derechos humanos, limitadose las libertades individuales. Es tan regresivo el panorama actual, que temas de amplio debate público como las violencias de género y las acciones de protección para las personas LGBTI, fueron eliminadas de la agenda ante presiones políticas.
Duque, continúa la política de seguridad democrática de Uribe, consistente en interceptar los teléfonos a todo lo que caracterizan como oposición; creación de redes de informantes; Encarcelamiento contra lideresas y defensores de derechos humanos -Falsos Positivos Judiciales-; desplazamiento forzado; el asesinato a líderes y lideresas sociales, el incremento de asesinatos a integrantes del Partio FARC y sus familiares.; y el ataque desmedido a las personas que participan en las protestas. Cuyo resultado fue el asesinato de Dilan Cruz Medina y Duván Álvarez a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- .
Los colombianos han sufrido históricamente tres graves problemáticas que han impedido el pleno goce de sus derechos humanos:
a) Violencia social persistente que ha dejado una de las cifras más altas de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos del mundo (El Registro Único de Víctimas -RUV- de Colombia contabiliza, entre el 1 de enero 1984 y el 14 de junio de 2020, un total de 9.014.766 víctimas del conflicto armado, de las cuales 8.036.014, son víctimas de desplazamiento forzado y 1.038.073 víctimas de homicidio; del total de víctimas 4.535.838 (50.3%) son mujeres).
b) Desigualdad económica y pobreza (Según datos de 2019 de La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Colombia es la segunda economía con mayor desigualdad en distribución del ingreso en Latinoamérica, solo superada por Brasil. El 47% de la población colombiana ocupada lo hace en trabajos informales y solo el 23% de la población en edad de jubilación (adultos mayores) reciben pensión. Luego de la crisis del COVID 19 el panorama empeorará, según análisis de la universidad de los Andes señalan que el desempleo podría superar el 25% y la pobreza alcanzará casi el 50% de la población.
c) La debilidad de las instituciones democráticas y exclusión política. Para las elecciones ocales de 2019, el 35% de un total 522 candidaturas tenía cuestionamientos por corrupción, vínculos con grupos al margen de la ley, especialmente grupos paramilitares.
En este entorno institucional y social desfavorable, los sectores más pobres y excluidos de la sociedad civil colombiana -víctimas de la violencia, de la exclusión política y de la desigualdad socioeconómica-: en forma organizada o espontánea, han reclamado al Estado colombiano el respeto, la protección y la realización de derechos esenciales para llevar vidas dignas.
Entre otras reclamaciones se destacan, la protección del ambiente, los derechos sociales (alimentación, salud, trabajo y educación); los derechos de grupos étnicos y de respeto de la diversidad sexual; derechos de las víctimas y desarrollo local -incluidas infraestructuras como carreteras y energía eléctrica-; agua potable, entre otras necesidades básicas no satisfechas. Estos procesos de exigibilidad de derechos se caracterizan por su diversidad de agendas, actores y ámbitos territoriales.
Lamentablemente, en Colombia la exigibilidad de los derechos humanos por parte de comunidades y organizaciones sociales, no ha recibido una respuesta acorde a las exigencias de un estado social y democrático de derecho, por el contrario, lo que han sufrido los líderesas sociales y defensores de derechos humanos es un conjunto sistemático y generalizado de agresiones contra la vida, la integridad personal y la libertad, cuyos autores han sido grupos armados ilegales y agentes estatales.
A continuación se describen este tipo de agresiones a los derechos humanos:
– Represión y criminalización de la movilización social. Desde 2013 (casi en paralelo a los inicios de los diálogos de paz) viene aumentado la protesta social en país. La respuesta que ha brindado el Estado Colombiano a las demandas que los ciudadanos expresan a través de las movilizaciones sociales y la exigencia de derechos humanos ha sido la represión y criminalización (tratamiento punitivo) de la movilización social. Es decir: el uso indebido del derecho penal contra líderes sociales y defensores de derechos humanos mediante procesos penales con fines de acoso, desprestigio o castigo y las detenciones arbitrarias o agresiones contra manifestantes en el contexto de la
movilización y la protesta pacífica.
– Respecto del primer tipo de vulneración de derechos, un ejemplo es el caso de los 16 líderes sociales campesinos que fueron judicializados por la Fiscalía Colombiana por actos de protesta contra la multinacional Frontera Energy en el departamento del Meta. Estos líderes habían exigido a la empresa reparar el daño ambiental de la actividad de explotación petrolera.
-La Fiscalía General de la Nación tiene un convenio con la empresa petrolera, quien a su vez tiene convenios con la Brigada 16 del Ejército y con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, por lo cual se han dedicado a perseguir a los campesinos.
– Los ataques a la vida, integridad física y libertad de líderes sociales y defensores(as) de derechos humanos y persecución de los movimientos sociales, son prácticas que impiden el desarrollo humano y la consolidación de un orden social democrático y pacífico.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, señalo en su informe anual presentado en febrero de 2020, que continuó observando la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos en el país y que era necesario “atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los derechos humanos.” este informe presentado por esa oficina sobre lo ocurrido en el 2019. En el documento, la Oficina de la Alta Comisionada para la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, mostró su preocupación porque durante el 2019 ocurrieron 36 masacres en todo el país, que dejaron 133 personas asesinadas. Aunque la mayoría de los crímenes son autoría de grupos paramilitares…
Este Gobierno no reconoce la existencia del paramilitarismo; por lo que no lo combate, ni persigue. Mientras que se ha conocido por los medios de comunicación la participación de militares en la entrega o suministro de armamentos y materiales de uso exclusivo a estos grupos.
Agresiones a la protesta social
La Campaña Defender la Libertad: asunto de todos, realiza un ejercicio de monitoreo y verificación a las agresiones y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el marco de la protesta social a través del Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social -SIAP-.
Desde el 7 de agosto de 2018 que asumió el mandato el Presidente Iván Duque, hasta el 30 de abril de 2020, el SIAP reportó: 269 agresiones a la protesta , 2.331 detenciones, 733 personas heridas, 27 lesiones oculares, 52 atentados contra líderes sociales, 50 asesinatos en el marco de la protesta, del total de muertes se presume que 15 fueron cometidas por miembro de la Fuerza Pública y 23 por el cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se desconoce el autor o autores de los demás crímenes.
Según la base de datos de Pueblo y Dignidad
Este registro se hace con información enviada por las comunidades y verificada a través de las redes sociales. Los líderes y lideresas sociales asesinados durante el mandato Duque -7 de agosto de 2018 al 20 de julio de 2020-, han sido 579, de ellos 152 son indígenas, 58 mujeres lideresas; además 8 familiares de estos, incluyendo menores de edad.
Entre los líderes asesinados se incluyen 4 personas LGTBI. Resaltamos, que 16 miembros no líderes de comunidades tambien fueron asesinados por intolerancia social en lo que va de este año en el país.
La base de datos Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
Segun FARC, 225 Excombatientes asesinados desde la firma de los acuerdos de paz; la cifra más alta es la del 2020 con 41 asesinados, 48 intentos de homicidio, 16 desapariciones forzadas y familiares, a corte de 2019, fueron asesinados 41 familiares de firmantes del acuerdo de paz, incluyendo dos bebés de pocos meses de nacidos.
Militarización en los territorios
La militarización de los territorios continúa generando desplazamiento forzado de familias indígenas, desaparición forzada, torturas y asesinatos. La decisión del Gobierno de militarizar el territorio viola el Derecho Internacional Humanitario; puesto que se prohíbe que se involucre a las comunidades rurales en confrontaciones armadas y que se ubiquen bases militares en territorios ancestrales; debido a que la militarización de los territorios modifica las culturales y trae como consecuencia el reclutamiento infantil, la violencia sexual y otras.
Se resalta la violencia sexual contra mujeres y niñas, por parte de militares que no solo usan el cuerpo como botín de guerra, sino que se usa para humillar y quebrar la moral de las comunidades. Casos como el de la reciente agresión a una niña de 12 años de la comunidad Embera Chamí, secuestrada y violada por siete militares del Batallón de Artillería San Mateo en Pereira, Risaralda.
La agresión hiere a la dignidad del ser humano y a todo un pueblo ancestral, Debido a que el juez que atendió el caso decidió enviarlos a prisión a una guarnición militar. El fiscal del caso solo les imputó el delito de acceso carnal abusivo, y no acceso carnal violento. El sargento que denunció a los militares violadores fue retirado de la institución, lo que demuestra que para permanecer en el cargo tienen que callar.
El Estado colombiano violenta tambien la autonomía de los pueblos indígenas y la independencia de sus autoridades para ejercer la Jurisdicción Especial Indígena en los asuntos de su competencia; al negarse a entregarles a los militares secuestradores y violadores de la niña para primero ser juzgado por las normas indígenas.
Tras conocerse que el hecho, se conocieron nuevas denucias; evidenciando que no fue un hecho aislado, y que estas prácticas se constituían con cierta sistematicidad por parte de miembros del Ejército y la Policía. Según la Fiscalía, desde el año 1987, hay 544 uniformados involucrados por casos de delitos sexuales en 506 hechos. Actualmente hay 118 militares investigados, 45 de ellos fueron separados del cuerpo militar sin ser juzgados, ni pagar condena por estos hechos; crímenes que quedan en la impunidad.
En Soberanía nacional también se raja…
Duque viola la soberanía de Colombia al permitir la llegada de la Brigada de Asistencia Fuerza de Seguridad norteamericana a territorio nacional. Hecho que se realizó sin la aprobación del Senado de la República como establece la Constitución del país; con la excusa de su lucha contra el narcotráfico.
La pregunta es si estas tropas llegaron con el fin de asesorar en la lucha contra el narcotráfico y por tanto detener altos políticos, ministros, y militares del país, vease el caso de Bernardo Ramírez Blanco, detenido en Miami -Estados Unidos- por conspiración por tráfico de drogas. Bernardo,es hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; misma que junto a su esposo Álvaro Rincón pagaron la fianza. O por el contrario, se trata de una estrategia para controlar la fronteta y apuntar contra la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo y venezolano, con el objetico de saquear las reservas de petróleo que dispone Venezuela.
Pero lo peor es la fractura democrática, con la ausencia del principio de separación de poderes
Durante el Gobierno Duque, se han profundizado distintos patrones de que develan la ausencia real del principio de separación de poderes. Por un lado, continúan los ataques y declaraciones contras las cortes, abogados, testigos, víctimas; particularmente en aquellos casos en los cuales se encuentran investigados agentes estatales o afines al establecimiento.
Muestra de ello, fue la reciente alocución presidencial del pasado 04 de agosto de 2020; En la que se manifiestó públicamente su inconformidad ante la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia; en la que se dictó medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Dicha injerencia, además de presionar e interferir indebidamente en la decisión, ha exacerbado los ataques a los magistrados y a la Corte. Al punto de amenazar nuevamente con una Asamblea Constituyente; mecanismo que incluirá las reformas a la justicia que garanticen la subordinación del poder judicial al ejecutivo.
La ausencia de la independencia judicial en Colombia, afecta no solo a los operadores de justicia; pone en riesgo la vida de los funcionarios, y el funcionamiento en general del Poder judicial. Hecho que afecta los derechos de las víctimas y sus representantes a acceder a la justicia.
Tales injerencias desde el poder ejecutivo, profundizan el ya contexto generalizado de temor y desconfianza en la justicia; ante las graves violaciones a los derechos humanos en las cuales el poder político se encuentra comprometido.
Además de lo anterior, persiste la presión e intimidación, mediante el uso indebido de la inteligencia militar; interceptaciones ilegales a defensoras de derechos humanos, abogados, jueces y periodistas. Recientemente se conoció la existencia de archivos de inteligencia conformados mediante actividades de vigilancia, seguimientos e interceptaciones ilegales, como una forma de socavar el acceso a la administración de justicia.
Así mismo, continúan los ataques y difamaciones desde representantes del Gobierno y de su grupo de poder , contra las instituciones que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, justicia, Reparación y no Repetición, específicamente contra la Comisión de la Verdad y sus comisionados y comisionadas, y también en contra de la Jurisdicción Especial de Paz – JEP, pretendiendo con ello, anular su legitimidad y los informes o fallos históricos que salgan a la luz pública producto de su mandato.
