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Homicidio de Carlos Pedraza se produce en medio de amenazas contra el movimiento social

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Trochando Sin Fronteras / Bogotá, 29 de enero de 2015

En rueda de prensa convocada por Congreso de los Pueblos se amplía información sobre la muerte del dirigente social Carlos Pedraza.

Teniendo en cuenta las extrañas circunstancias que rodean el caso de la muerte del líder social del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, se realizó rueda de prensa con el fin de esclarecer los hechos del crimen.

El doctor Pedro Morales, subdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que el 21 de enero fue hallado por la policía nacional, en la zona conocida como «las marraneras», municipio de Gachancipá, el cuerpo de Carlos Pedraza, el cual presentaba una herida en la cabeza producida por disparo con arma de fuego.

Así mismo, el funcionario informó que al momento de la necropsia (esto es, el 22 de enero) ya habían transcurrido entre 24 y 36 horas desde la muerte, pero que ésta ocurrió en el mismo lugar en el que fue hallado el cuerpo. El dictamen médico legal determinó, además, que el cuerpo no presentaba signos de agresión o tortura, y que el disparo que causó la muerte tuvo una trayectoria de atrás hacia adelante y fue efectuado con un arma de baja velocidad.

Lo anterior indica que Carlos pudo haber sido asesinado el mismo día que fue visto por última vez, es decir, el 19 de enero o el 20 en horas de la mañana. Hasta el momento no se ha determinado el hallazgo de sustancias tóxicas en el cuerpo, por lo que no se tiene certeza de la forma en que llegó al lugar; se espera que en los próximos días se avance en la investigación para dar más información al respecto.

Leonardo Luna, vocero del Movimiento Político de Centro Oriente, pone en cuestionamiento la falta de información que hay sobre el caso, los hechos que sucedieron entre el día de su desaparición y posterior asesinato. Recalca además que Carlos no tenía relación alguna en el lugar del crimen y que se trata de una zona de control paramilitar. También refirió que varias organizaciones e integrantes del Movimiento, así como defensores de derechos humanos y periodistas, habían sido objeto de amenazas efectuadas por medio de panfletos en los que aparecía como autor la estructura paramilitar denominada “Águilas Negras”, que esto fue denunciado ante las autoridades del estado colombiano, pero que hasta la fecha no han surtido efecto en cuanto a protección a las víctimas. De esta manera, la tesis que prevalece hasta el momento es la de un móvil o motivación política del homicidio.

Alexandra Bermúdez, vocera del Congreso de los Pueblos, denunció que la muerte de Carlos se enmarcaba en un escenario de ataques contra movimientos que apoyaban el proceso de paz y que han venido siendo denunciados desde el mes de septiembre. Esto se configura no solo como un ataque al Congreso de los Pueblos, sino al movimiento social y popular en general. Ante esta perspectiva, manifestó su preocupación por la falta de pronunciamiento por parte del Gobierno colombiano y sus entidades.

Por su parte, el dirigente de Congreso de Pueblos y senador por el Polo Democrático, Alberto Castilla, denunció que este hecho se suma a otros, como el atentado a Oscar García, dirigente de la Unión Sindical Obrera -USO-, previamente denunciados. Es un escenario preocupante, por lo que exigió pronunciamientos por parte del Estado, así como las garantías para que el caso no quede en la impunidad. De igual forma hizo un llamado a todos los procesos y organizaciones: a Marcha Patriótica, a la Cumbre Agraria, Campesina y Popular, al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, al Congreso de los Pueblos, «para que sigamos trabajando en la construcción de la paz”.

Finalmente, las organizaciones y personas que participaron en la rueda de prensan exigieron respuestas claras y celeridad en la investigación que esclarezca los hechos de la muerte, que esta se realice teniendo en cuenta la importancia de Carlos dentro del movimiento político y social colombiano, que el caso lo asuma la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, que se den medidas de protección colectivas para el movimiento social y para las personas

 

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