Denunciamos con preocupación, las recientes declaraciones del alcalde de Arauca, Juan Quenza, quien a través de sus redes sociales señaló a la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra como obstáculo para las acciones de prevención contra el consumo de sustancias psicoactivas en colegios del municipio. Lo que parece una justificación frente a su inacción es, en realidad, un acto de hostigamiento y estigmatización contra una organización legítima y comprometida con la defensa de los derechos humanos.
La Fundación Joel Sierra, junto a la Corporación Jurídica Humanidad Vigente, promovió una acción de tutela que fue acogida por la Corte Constitucional y cuyo resultado fue la Sentencia T-005 de 2024. Esta sentencia ordena al Ejército y a la Policía abstenerse de realizar jornadas cívico-militares que involucren a niñas, niños y adolescentes (NNA) en zonas afectadas por el conflicto armado. La Corte reconoció que estas actividades ponían en grave riesgo a esta población y comprometían sus derechos fundamentales.
Lejos de limitar las acciones de prevención, esta sentencia exige que dichas actividades sean rediseñadas y ejecutadas por instituciones civiles competentes, fortaleciendo la presencia del Estado sin poner en riesgo a la población. La Corte actuó con criterio de justicia extendida (efectos inter comunis), haciendo extensiva su decisión a todo el país, porque el uso de menores en contextos militares vulnera la Constitución y los compromisos internacionales del Estado colombiano.
Por lo que esta es una directriz del más alto tribunal constitucional del país, de carácter vinculante, que no puede ser ignorada ni manipulada en el debate público. Responsabilizar a una organización de derechos humanos por una orden judicial es no solo una falta de conocimiento institucional, sino una forma peligrosa de desviar la atención pública. El deber de diseñar e implementar estrategias civiles de prevención le corresponde al Estado, a través de sus entidades civiles, no a los militares. Así lo dejó claro la Corte, tal como lo menciona la Fundación en su último comunicado.
Nos solidarizamos con la Fundación Joel Sierra y con todas las personas, organizaciones y comunidades que, a pesar del riesgo, siguen defendiendo los derechos fundamentales en Arauca y en todo el país. Su trabajo es legítimo, necesario y respaldado por la ley.
Rechazamos el uso del lenguaje estigmatizante desde cargos públicos. Exigimos respeto a la labor de defensa de los derechos humanos y hacemos eco del llamado de la Fundación, Llamado que fue hecho también por el gobierno nacional, a través del viceministro del Interior para la Participación Social, que, en el inicio de la campaña contra la estigmatización en el acto público de reconocimiento a los líderes y lideresas, llamó a las instituciones y medios de comunicación al respeto y a parar con esa práctica. Basta de señalamientos que ponen en riesgo la vida de líderes y lideresas sociales.
Instamos a @JUANquenza y a la @alcaldiaarauca a no estigmatizar a @fdhjoelsierra y ni a continuar con la persecución a lideresas y defensores de derechos humanos.
Exigimos el cumplimiento a la sentencia T-005-24 de la @CConstitucional, entidad que amparó a los derechos… pic.twitter.com/BXIMpRk1cG
— CentrOriente (@centroriente_) June 10, 2025
