El Coordinador Nacional Agrario (CNA) denuncia a través de un comunicado público la inacción del Estado frente a los asesinatos de más de 33 líderes sociales en 2025. Según organismos internacionales, Colombia sigue siendo el país más letal para líderes sociales y defensores de derechos humanos.
El homicidio del líder agrominero Jaime Gallego Mogollón reabre el debate sobre la impunidad y los intereses económicos que se ocultan detrás de la violencia paramilitar en los territorios. La denuncia expone que los asesinatos quedan en total impunidad, mientras que las multinacionales mineroenergéticas expanden sus proyectos. Según datos de la ONU y Human Rights Watch el 95 % de estos crímenes permanece impune.
Para el CNA el asesinato de Jaime Gallego Mogollón, líder campesino del Nordeste antioqueño, el 9 de marzo de 2025, no es un caso aislado. El Coordinador Nacional Agrario (CNA) junto al Congreso de los Pueblos (CdP) realizaron el Tribunal Permanente de los Pueblos espacio de juicio ético y político al Estado colombiano por su complicidad en el continuo exterminio social mediante la implementación de Prácticas Sociales Genocidas a través de actores estatales y paraestatales.
La conexión entre Estado, empresas y paramilitares tienen un patrón histórico; el CNA en el comunicado señala que los crímenes en cuestión se enmarcan en medio de la doctrina del enemigo interno, una estrategia de seguridad estatal que data de décadas y que estigmatiza a comunidades líderes sociales como «obstáculos al desarrollo».
Como Coordinador Nacional Agrario, les exigió a los órganos de justicia y control que se investigue y se dé con los responsables, determinadores y colaboradores de los asesinatos de los liderazgos sociales en el país. A su vez, conminó a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que apoyen los procesos de denuncia ante las prácticas sociales genocida que viene aplicando contra los liderazgos sociales, la aplicación de la doctrina del enemigo interno y la estrategia violenta contra los líderes y lideresas mediante la violencia paramilitar.