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Medio informativo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia

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Infierno en el palacio


Infierno en el palacio

Trochando Sin Fronteras, edición 41 de 2020

Por: Marcela Cruz – Trochando Sin Fronteras

La guerrilla del M-19 se tomó del Palacio de Justicia en noviembre 6 de 1985. Un comando armado entró por el costado que da a la Plaza de Bolívar, disparando contra los vigilantes; otros insurgentes ingresaron por la entrada principal. Ese día no había seguridad de la Fuerza Pública, pero pocos minutos después de la entrada de los guerrilleros, llegaron el Ejército, la Policía y el DAS, e iniciaron la acción militar conocida como “Operación Tricolor”.

El resultado: más de 100 personas asesinadas, 12 desaparecidas y varias torturadas, entre ellas magistrados de las altas cortes y otros funcionarios de la rama judicial, empleados del Palacio de Justicia, visitantes y guerrilleros.

Culminada la operación de retoma del Palacio, con lo que los militares llamaron “Solución Final”, se condenó públicamente al M-19, se abrieron investigaciones penales contra sus miembros, pero poco o nada se dijo de la actuación de la Fuerza Pública en el macabro suceso.

Después de 34 años, varios procesos penales y disciplinarios, y un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, surgieron conclusiones escalofriantes sobre lo que realmente sucedió en el Palacio de Justicia, especialmente a raíz del operativo de retoma del mismo. Muchas de ellas se evidenciaron en la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se condenó al general retirado y excomandante del Ejército Nacional, Jesús Armando Arias Cabrales[1].

Las más relevantes son las siguientes:

El Ejército Nacional conocía previamente los planes del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia y no tomó las medidas pare evitarlo

La prensa nacional había publicado un presunto plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia. A pesar de eso, la Policía Nacional ordenó retirar el esquema de seguridad que había sido instaurado a raíz de las amenazas que semanas antes recibieron magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.

Desaparecieron de manera forzada a 12 personas: negaron haberlas detenido, las asesinaron y ocultaron sus cadáveres.

Ante la Corte Interamericana, el Estado reconoció su responsabilidad por las desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda. Además, la Corte comprobó que también fue responsable de desaparecer a Cristina del Pilar Guarín, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola de Lanao.

Esto también se demostró en el caso del Magistrado Carlos Horacio Urán, quien salió vivo del Palacio y custodiado por militares (de acuerdo a los videos, testimonios y prueba forense). La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por su desaparición forzada, tortura y posterior ejecución extrajudicial (fue asesinado con tiro de gracia).

La Corte Suprema fue aún más contundente. Aseguró que la desaparición de personas no fue un problema de identificación de cadáveres, sino un plan minuciosamente organizado para de-tener, trasladar, torturar, asesinar y esconder los cadáveres.

Deber, pudiendo hacerlo. No, el acto de aprehensión y posterior desaparecimiento de los «sospechosos«, como lo pone en evidencia la secuencia histórica indicada, estaba prevista desde el comienzo de la operación. En otras palabras, la desaparición forzosa de personas, según se infiere en la prueba bosquejada, no fue una idea de momento, ni la ocurrencia de unos pocos, sino el resultado de la acción de retoma, ya de que de por sí crítica por la muerte de altos dignatarios que no fueron escuchados en sus sensatas súplicas[1].

Respecto a la detención de la guerrillera Irma Franco, la Corte Suprema resaltó lo siguiente:

Cómo se había actuado frente a indiciados por ser miembros de la guerrilla,y ante la aprehensión de ellas, se ordena que «si aparece la manga no aparezca el chaleco[1].

Y frente a la responsabilidad del principal comandante de la operación “Tricolor 83”, dijo:

Remoción irregular de cadáveres, al no permitir que los jueces realizaran los levanta-mientos, el traslado de los detenidos en vehículos asignados a inte-ligencia militar para darles un «tratamiento especial» a los resca-tados, y las amenazas a los fami-liares para que no siguieran en indagando sobre el paradero de las víctimas, confirman la responsabilidad del general acusado[1].

Los desaparecidos fueron previamente torturados e interrogados

Esto sucedió tanto en la casa del florero (lugar acondicionado para la identificación de rehenes) como en las guarniciones militares a donde fueron trasladados.

La Fuerza Pública señaló a un grupo de personas como “especiales” (sospechosas de pertenecer al M-19) quienes, después de salir vivos del Palacio, fueron llevados al segundo piso de la Casa del Florero, interrogados y trasladados a instalaciones militares para torturarlos. Así mismo, los testimonios de las víctimas de tortura dieron cuenta de actos de violencia sexual por parte de militares, que nunca fueron investigados.

Además de los desaparecidos, este fue el caso de dos estudiantes de la Universidad Externado, que fueron llevados al segundo piso de la casa del Florero, tildados de especiales y golpeados por militares y policías, luego trasladados a las afueras de Bogotá y torturados.

No hubo intención de proteger a los rehenes ni de rescatarlos con vida

Los mandos militares, y aún, quienes les emitieron las órdenes (incluido el presidente Betancur) dieron más importancia al objetivo de eliminar físicamente a los guerrilleros, que a recuperar a los civiles que estaban dentro del Palacio.

De igual manera, señala que el tribunal concluyó que, para garantizar el cumplimiento del objetivo militar, los comandantes ocultaron reiteradamente la solicitud de los rehenes y guerrilleros de garantizar la presencia de la Cruz roja, y retardaron hasta último momento su ingreso, cómo se evidencia en las grabaciones mencionadas y se confirma con el testimonio del consejero de estado Reynaldo Arciniegas[1].

Fragmento de una conversación de los oficiales a cargo del operativo:

Arcano 5. Quiere paladín que se dilate un poquito el acceso demartinez.com a se le ponga coordinar bien sea aquí o bien sea con el ejército. Cambio

Arcono 6. R., Entendido 186

Paladín 6. R. Entendido que no han llegado los de la Cruz Roja, por consiguiente, estamos con la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar, apurar a consolidar y acabar con todo y consolidar el objetivo. Siga[1].  185

Dramático resultó escuchar las súplicas del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, desde el encierro de un baño custodiado por guerrilleros del M-19 al Presidente Belisario Betancur intentando salvar su vida y la de los rehenes:

“Por favor no disparen, somos rehenes, les habla el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tenemos heridos, necesitamos a la Cruz Roja”, a lo que contestaban descargas cerradas de ametralladora, rockets y con toda clase de armas. Cada 5 minutos[1].”

Echandía en su calidad de presidente de la corte, empezó a pedir que cesará el fuego para facilitar el diálogo con los guerrilleros del M-19 y salvar la vida de los trabajadores y visitantes atrapados, petición que reiteraria insistentemente gritando al interior del Palacio de Justicia -Según lo afirmaron varios Magistrados Consejeros de Estado y empleados de Palacio de Justicia, como también algunos militares-, como también reitería en las conversaciones telefónicas que sostuvo, con el General Delgado Mallarino, delegado de la Presidencia de la Pepública para este fin, con el Presidente del Congreso y con los medios de comunicación, sin éxito alguno[1].

Otro ejemplo es el del Magistrado auxiliar de la Sala Civil de la Corte, Nicolás Pájaro Peñaranda, quien resultó herido y fue llevado a atención médica. Él declaró:

… Llegaron unas personas yo les dije lo que ocurrió aquí, el ejército acabó con todo, incendio y mató a todo el mundo, eso disparaban sin consideración contra las oficinas, incendiaron el palacio, eso fue lo que ocurrió, en la Caja Nacional de Prevención a raíz de eso que yo dije tuvieron que esconderme, porque llamaron del Ejército a la Caja Nacional de Previsión Social, y a un médico le dijeron: si ese señor sigue hablando lo vamos a matar en cuidados intensivos, entonces me escon-dieron, en la Caja, me sacaron de cuidados intensivos y me tuvieron allí en otra habitación…[1]. 195

Se alteró totalmente la escena de los hechos para ocultar lo ocurrido

Literalmente, lavaron el Palacio de Justicia al culminar su retoma. Las Fuerzas Militares manipularon la escena y los levantamientos con el propósito de asegurar la impunidad de lo sucedido o torpedear cualquier investigación posterior. La orden de lavar el Palacio la dio el mismo presidente Belisario Betancur.

¿En qué quedó la justicia frente a este caso?

El holocausto del Palacio de Justicia era caso más antiguo que la Corte Interamericana llevaba sobre Colombia, ya que había sido presentado en 1990 por el padre de Carlos Augusto Rodríguez, uno de los trabajadores que fue torturado y posteriormente desaparecido por miembros de la Fuerza Pública.

La Corte afirmó que la falta de investigación integral durante 30 años, “configura una flagrante denegación de justicia y una violación del derecho de acceso a la justicia de las víctimas”.

Esto se demuestra, entre otras cosas, la precaria actuación del Tribunal Especial de Instrucción que se creó para investigar los hechos, que negó la desaparición de los empleados de la cafetería (afirmando que ellos habían muerto incinerados en el 4º piso del Palacio) y señaló que la competencia para juzgar los “posibles excesos” de la Fuerza Pública (incluyendo torturas y ejecuciones extrajudiciales), era de la Jurisdicción Penal Militar.

En septiembre pasado la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 35 años de prisión contra el oficial que comandó la operación de retoma del Palacio, Jesús Armando Arias Cabrales, quien para la época era el comandante de la Brigada XIII del Ejército.

Al respecto, la Corte señaló lo siguiente sobre la actuación del estado colombiano:

Acción que puso en evidencia ante el mundo, como el estado declinó su deber de proteger a magistrados, empleados, civiles y juzgar a sus opositores armados vencidos[1].

Lo que compagina con el relato de uno de los sobrevivientes:

Ahí. Alguien dijo que no había ninguna emisora transmitiendo eso, porque lo que estaban transmitiendo era un partido de fútbol, y él Dr Gaona todo angustiado dijo: “pero eso es el colmo” y dijo que así era este pueblo que todo lo que estaba pasando ahí en el Palacio y que se preocupaban por transmitir un partido de fútbol…[1]. 120

Según el M-19, la toma del Palacio era hacer un juicio al presidente Belisario Betancur por la entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras y el incumplimiento del acuerdo de paz firmado por el Gobierno en 1984. Esta era una más de las acciones del M que generaban reacciones de la opinión pública, tales como la toma que la Quinta de Bolívar a fin de apropiarse de la espada del Libertador, el robo de las armas del cantón norte, la toma de la embajada de República Dominicana.

Sin embargo, este intento de hacer justicia de manera simbólica, terminó en una brutal masacre perpetrada por el Estado, que aún hoy, 35 años después, no se ha terminado de esclarecer.

Por esa razón, quedan interrogantes cuyas respuestas reposan en la bruma de los secretos de Estado:

1. El apoyo de militares estadounidenses en el suministro de explosivos que ocasionaron el incendio del Palacio y la muerte de la mayoría de los rehenes.

2. El operativo de rescate de la esposa de Jaime Castro y el hermano de Belisario Betancur por parte de un controvertido personaje de nombre Jorge Arturo Sarria, quien, sin ser integrante de la Fuerza Pública, fue autorizado para ingresar al Palacio para sacar exclusivamente a las dos personas mencionadas, sin importar que estas se encontraban en compañía de otros civiles.

3. El texto del Plan Tricolor 83 no pudo ser incorporado al proceso penal, ya que fue incinerado por el Ejército Nacional, según acta # 038 de 1988.

4. Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas contra insurgentes heridos y/o fuera de combate, que se ilustra, entre otros, con la declaración de una empleada de servicios generales, tomada como rehén:

Y nosotros volvimos y le repetimos que eran guerrilleros y dijeron ellos o sea los soldados, les dijeron a los dos muchachos que se pararan, les dijeron tres veces que se pararan y uno de ellos el que estaba herido en las espaldas, le dijo: “compa yo no me puedo parar, ayúdenme” y cogieron los soldados y mataron a los guerrilleros… [1]. 98

[1]Setencia de casación SP 3956-2019 Corte Suprema de Justicia, rad. 46382, condena contra Jesús Armando Arias Cabrales