Trochando Sin Fronteras – Marzo 2 de 2021
Comunidades denuncian estrategia de intimidación, viven hoy una nueva arremetida. En los últimos días en Casanare y Boyacá se recrudeció la violencia estatal. Mientras la Fiscalía capturaba a MIGUEL YESID DAZA GALINDO, líder campesino y de derechos humanos; en simultaneo integrantes de las AGC amenazaron con panfletos la mismas zona.
Segun integrantes de las organizaciones sociales de estos departamentos: «la estrategia de intimidación es una práctica sistemática aplicada por décadas en Colombia, Casanare y Boyacá no son la excepción desde el 2000 y con la llegada de Álvaro Uribe al poder esta se incrementa como método de acallar las comunidades y el movimiento social«.
En un comunicado, la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC denuncia la situación de derechos humanos en Casanare y Boyacá. Situación que afrontan los municipios de Sácama, Salina, Támara y Aguazul en Casanare; y Pajarito, Pisba y Paya en Boyacá. Además de la estigmatización y señalamiento en Cupiagua, Plan Brisas, Cunamá en Aguazul y El Morro en Yopal.
’’En una zona de influencia petrolera, altamente militarizada, es preocupante que a dos días de la presencia del Presidente de la República en Casanare, se presenten capturas y judicializaciones contra el líder campesino y defensor de derechos humanos MIGUEL YESID DAZA GALINDO… Ademas de la entrega panfletos amenazantes firmados por el grupo paramilitar AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA’’.
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📢 Alertamos la grave situación de seguridad de las organizaciones sociales y comunidad en general del depto de Casanare. En una zona de influencia petrolera, altamente militarizada, se persigue judicialmente y aparecen panfletos amenazantes de las AGC pic.twitter.com/r2jcc5Us2T
— Corporación COSPACC (@CospaccOficial) February 25, 2021
En el comunicado COSPACC evidencia las intenciones de los paramilitares por amedrentar las comunidades: “En el panfleto ordenan una «limpieza social», ocupación de zonas rurales y urbanas de los municipios de Sácama, Salina, Támara y Aguazul en Casanare; y Pajarito, Pisba y Paya en Boyacá. Estigmatizan y señalan a las comunidades de Cupiagua, Plan Brisas, Cunamá en Aguazul y El Morro en Yopal; indicando que harán «limpieza» de milicianos y colaboradores de grupos insurgentes. Mismo señalamiento que hace la Fiscalía en los procesos de judicialización”.
Las judicializaciones, panfletos y la visita presidencial evidencian un plan macabro desde el gobierno nacional junto a Fuerzas Militares, paramilitares, Fiscalía y empresas petroleras. Plan enfocado a dar resultados para la gestión del presidente; despejar el territorio para el extractivismo y la desarticulación del tejido social. Estrategias de intimidación contra las comunidades y los liderazgos que se configuran en practicas sociales genocidas en medio de un exterminio político.