Tomado de Trochando sin fronteras edición impresa #23
Este invierno ha traído inundaciones y contaminación como pocas veces se ha visto en el departamento de Arauca. Caminos, trochas y miles de hectáreas de cultivo fueron anegados por los ríos desbordados. La inclemencia del tiempo puso en evidencia, una vez más, la criminal indiferencia estatal para con las comunidades del departamento y la falta de inversión en infraestructura de todo tipo.
La presencia de corporaciones multinacionales petroleras no ha hecho más que agravar esta situación de por sí inaceptable para un país que se dice democrático. Mientras las compañías petroleras extraen las riquezas del subsuelo y se quedan con más del 90% de la ganancia que esto genera, gran parte de la población, y en particular del sector campesino, está marginada de los programas de desarrollo e inversión del gobierno.
Esta es una de las muchas razones por las cuales las comunidades que habitan en la zona de influencia petrolera, los municipios de Arauca y Arauquita, acompañaron el ejercicio constitucional del Cabildo Abierto por la Permanencia Digna en el Territorio y la Defensa de la Vida, realizado el pasado 30 de Julio. En dicho cabildo se señaló que la presencia de las petroleras ha traído no sólo la muerte y el desplazamiento de la población, sino que ha significado también la destrucción de los recursos naturales que son su patrimonio.
Según los testimonios de los pobladores, la situación se ve empeorada hasta el absurdo por el hecho de que tanto la fuerza pública como la seguridad privada de las compañías petroleras impiden transitar libremente por el territorio. A ello se suman testimonios de los pobladores de la zona que demuestran cómo la extracción de crudo ha contaminado fuentes de agua natural y taponado varios caños, ocasionando graves inundaciones que se agravan con el invierno. Gracias a una larga jornada de protesta de las comunidades afectadas por estos desmanes, se logró firmar un acta de acuerdo entre éstas y la petrolera Occidental Petroleum de Colombia, mediante el cual la multinacional se comprometió a reparar los daños que ha ocasionado a la población. Por todo lo anterior, el llamado de las comunidades afectadas ante las instituciones del Estado se centró en la exigencia del cumplimiento de dichos compromisos, de los cuales el gobierno quedó como garante.
Otro compromiso de la OXY fue permitir que una comisión entrara al campo Caño Limón a fin de verificar las denuncias de la comunidad. Pero a la hora de cumplir ese compromiso, la multinacional empezó a decir que eso era propiedad privada y que no dejaría entrar a nadie.
Finalmente, el día 18 de agosto el Comité de Verificación logró entrar a las instalaciones del complejo Caño Limón para inspeccionar los daños ambientales ocasionados por la petrolera. Fue así como se logró corroborar que existía una acumulación de materiales para construir una vía de acceso sin drenaje de agua. A ello se sumó la construcción de las estructuras de perforación, extracción y bombeo de crudo dentro de los humedales, que sirven como mecanismos naturales para controlar o contrarrestar las inundaciones. Esto ocasionó el taponamiento de los caños afluentes a los ríos principales que desaguan de manera natural en épocas de invierno.
Estas intervenciones en desmedro del medio ambiente son una clara muestra de hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad social y ambiental de las corporaciones multinacionales cuando no existe un debido control de sus actividades por parte del Estado.
Sólo una transformación del modo de producción en el país podrá lograr lo que a la luz de los antecedentes históricos parecería ser una verdadera hazaña: que el Estado Colombiano cumpla con su rol de representar los intereses del pueblo.
