Trochando Sin Fronteras – Edición 40 Agosto – Octubre de 2019
…Ni la cárcel, ni la muerte menguaran nuestro Compromiso con la Vida, las Comunidades y el Territorio…
[dropcap color=»#ddc80d» type=»square»]El[/dropcap] martes 30 de abril, José Murillo Tobo, líder de los procesos sociales del departamento de Arauca y vocero de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se presentó ante la Fiscalía para exigir respuesta frente a los seguimientos que ha sufrido desde hace meses se ha intensificado con el Gobierno de Duque.
El caso de Murillo ilustra la realidad de muchos liderazgos en las regiones del país. El 2 de abril del 2017 denunció amenazas por parte de grupos paramilitares que lo llamaron a su celular. A lo largo del año 2018 estuvo denunciando varios episodios de seguimiento, en algunos casos personas que mantenían frente a la puerta de su casa en Saravena, departamento de Arauca identificándose como funcionarios del Estado.
Alertado por una posible judicialización había hecho llegar un derecho de petición, el 11 de marzo de este año para que la Fiscalía aclarará si él era objeto de investigación o de acusaciones. Murillo ya ha sido víctima de un montaje judicial, estuvo preso entre 2003-2006.
El martes 30 de abril de 2019 se presentó ante la Fiscalía General de la Nación, salió una hora después, luego de que le notificaran que no era objeto de ninguna clase de requerimiento ni de investigación judicial. El plantón del Refugio Humanitario que lo acompañaba exigió que se investigue y aclare los seguimientos denunciados por José Murillo Tobo.
Él mismo manifestó al salir del Bunker de la Fiscalía en Bogotá, que la respuesta del ente acusador no constituye ninguna garantía, mencionando el caso de Carlos Romero, líder social del Casanare que se había presentado por motivos similares en el marco de una movilización el 19 de noviembre del 2018 y que fue detenido el 11 de abril pasado en un flagrante montaje judicial donde “aparecieron” brazaletes y panfletos de un grupo armado ilegal en un allanamiento.
Falsos Positivos Judiciales, una practica sistemática del Estado colombiano
Son varios los líderes sociales que han definido presentarse a la Fiscalía como mecanismo para evitar montajes judiciales y dejar claro al país, que están dispuestos a responder ante cualquier acusación, que no constituyen ningún peligro por la sociedad, y que, por lo tanto, no es necesario privarlos de su libertad.
Como lo ha denunciado el Congreso de los Pueblos en varias ocasiones y en particular en el marco del examen periódico universal de mayo del 2018 existen unos patrones de judicialización de líderes sociales.
Se imponen medidas de aseguramiento intramuros como mecanismo para condenar de hecho a los liderazgos sociales. En el sistema judicial colombiano, se utiliza el encarcelamiento preventivo, cuando hay un riesgo que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, que constituya un peligro para la sociedad o la víctima o que resulte probable que el imputado no acudirá al proceso o no cumplirá la sentencia.
Sin embargo, en el caso de una persona que ejerce un liderazgo social, que es conocida, cuida su buen nombre, que se presenta voluntariamente ante justicia y que está bajo investigación judicial es poco probable que apliquen unas de estas causales. Sin embargo, se suele recurrir al encarcelamiento y las personas resultan privadas de la libertad durante varios años antes de poder comprobar su inocencia o, como es frecuente, que la Fiscalía en ausencia de pruebas renuncie al caso. El simple hecho de acusar, imputar cargos se vuelve un castigo. Lo que empeora la ley 1908 de 2018, que permite detener alguien durante 400 días antes de presentar un escrito de acusación, extendiendo a la práctica la detención preventiva a 4 años.
Hay una “Modalidad de testimonios contra beneficios”, comunidades campesinas y líderes sociales son judicializados y encarcelados, con base exclusiva en las declaraciones de supuestos desertores de las insurgencias. “La idoneidad de dichos testigos es altamente cuestionable, pues además de responder al control y presión de las autoridades, reciben contra prestaciones económicas y/o jurídicas por sus testimonios” declara Congreso de los Pueblos en su informe de mayo 2018 a las Naciones Unidas.
Paralelamente estos juicios suelen ser altamente mediáticos, altos funcionarios de la Policía, la Fiscalía y el Gobierno Nacional, aplaudan los resultados contra los detenidos mientras se filtran supuestas pruebas que en muchos casos nunca serán presentadas en las cortes. Mientras los fiscales hacen acusaciones sin fundamento jurídico, se le niega las posibilidades a la defensa de acceder a las pruebas que necesitan, ya que el sistema de justicia actual, inspirado del sistema de los EEUU, dejan el cargo de las pruebas a la defensa que debe conseguir expertos para desvirtuar las acusaciones del Estado.
Todas estas trabas no son casualidades, es que la judicialización, la estigmatización en los medios son parte de un plan para generar miedo y desarticular organizaciones sociales. Las organizaciones articuladas en la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, las misma que organizan mingas y paros para reclamar sus derechos son las que ven sus miembros encarcelados. Solo nombremos a Sara y Tulia Maris del Proceso de Comunidades Negras, del Congreso de los Pueblos a Julián Gil, Ancisar Morales, o a la decena de presos y presas del departamento del Casanare incluyendo Carlos Romero Y Fredy Figueroa hace unos días.
El crimen cometido por estas personas es el de defender su vereda, su barrio, su región o su ciudad en contra de mega-proyectos extractivos, como las mineras, la petroleras o los monocultivos de palma africana, intentar detener la privatización de un servicio público, o peor organizarse en una cooperativa, de trabajo, agropecuaria, un servicio gratuito de pre-ICFES o cualquier otra estructura comunitaria que permite mitigar los impactos nefastos del modelo económico capitalista, o que comprueba que los pueblos viven mejor sin el Estado.
El asesinato y el encarcelamiento de líderes y lideresas sociales, es parte de un plan de exterminio de las personas que defienden sus territorios. Responde a unas prácticas históricas en Colombia y en muchos lados del mundo.
Algunos lo han caracterizado como políticas de terrorismo de Estado, es decir una política del miedo para que una clase social se mantenga en el poder, también se ha vinculado a una doctrina militar, que identifica un enemigo interno, el comunista, el izquierdista, el socialista, el pobre como un peligro a eliminar, un fenómeno a contener a cualquier costo.
En varios países de nuestra América se ha utilizado el concepto de prácticas sociales genocidas, una manera de entender el conjunto de las prácticas de exclusión social y política, como las prácticas de guerra contra los pueblos y las comunidades. Lo que vincula la falta de participación política, la falta de oportunidades económicas, la falta de acceso a los medios de comunicación, la estigmatización, el aislamiento, las amenazas, los asesinatos y encarcelamiento es sus objetivos comunes, el aniquilamiento de un sujeto social que puede cambiar el mundo.
Al ser reconocido en los medios masivos y por algunas instituciones el tema de liderazgo social tiende a despolitizarse, a individualizarse, no podemos cansarnos de contar el porque nos persiguen, amenazan, encarcelan y asesinan, esa es nuestra historia, la historia de las luchas de los pueblos que quieren vivir libre. No podemos dejar que la historia de nuestros dolores sea desvinculada de la historia de nuestra economía propia, de nuestros auto gobiernos, de nuestra autoprotección como los son las guardias, ni que se deje de decir quien nos hace la guerra, de denunciar al sistema capitalista que es el que se quiere adueñar de nuestros territorios esclavizándonos.
Murillo escogió permanecer, construir y transformar, acciones que a diario realiza en el territorio y por las cuales es perseguido, frente al plantón en la Fiscalía exclamo “…Ni la cárcel, ni la muerte menguaran nuestro Compromiso con la Vida, las Comunidades y el Territorio…”
