El 22 de julio de 2025, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió una sentencia condenatoria contra siete exdirectivos de Chiquita Brands International, hallados responsables de financiar grupos paramilitares en la región de Urabá. La condena a los funcionarios de Banadex, filial de Chiquita Brands, se da por el delito de concierto para delinquir agravado y es de 135 meses de prisión (11 años y 3 meses), incluye una multa cercana a los 13.879 millones de pesos.
Entre los condenados figuran altos mandos y responsables financieros de la multinacional, quienes, según el fallo, autorizaron o permitieron pagos sistemáticos a estructuras ilegales, en particular a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a través de intermediarios y organizaciones fachada como las llamadas Convivir. Estos desembolsos, lejos de ser esporádicos, fueron continuos entre 1996 y 2004, bajo el argumento de garantizar la seguridad de las operaciones de la compañía.
La decisión judicial estableció que dichos recursos contribuyeron directamente al fortalecimiento del Bloque Bananero, uno de los frentes más sanguinarios del paramilitarismo en Colombia, responsable de centenares de asesinatos, masacres y desplazamientos forzados. Este no es el primer antecedente de Chiquita Brands en casos de financiación a grupos armados: en 2007, la empresa admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado 1,7 millones de dólares a paramilitares, lo que le valió una multa de 25 millones de dólares.
La decisión, que ordena el pago de una compensación millonaria a los familiares de ocho hombres asesinados por los paramilitares, marca un precedente sin igual: es la primera vez que una multinacional estadounidense es responsabilizada por financiar crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero.
Además, tres exdirectivos de Banacol S.A., empresa vinculada al proceso por presuntas transferencias a las Convivir, fueron absueltos por falta de pruebas contundentes. Sin embargo, la jueza dejó claro que los hechos seguirán bajo escrutinio público. Además, cuestionó algunos peritajes presentados por la defensa, elaborados por firmas privadas de asesoría y seguridad, cuya imparcialidad fue puesta en duda por su aparente cercanía con intereses empresariales.
El fallo también evidenció graves omisiones institucionales en Colombia. La jueza Diana Lucía Monsalve criticó duramente a la Fiscalía General de la Nación, calificando su actuación como «sumisa, superficial y carente de rigor investigativo». Ordenó remitir copias del expediente al Fiscal General para que se investiguen posibles faltas disciplinarias o penales de los fiscales que llevaron el caso.
Este caso reafirma los vínculos documentados entre multinacionales privadas y el accionar paramilitar en Colombia, revelando cómo el financiamiento empresarial alimentó una de las el conflicto armado en nombre de la acumulación transnacional. La sentencia marca un precedente, pero también deja al descubierto las falencias de un sistema judicial que, en ocasiones, ha actuado con lentitud y opacidad frente a crímenes de lesa humanidad.
Este fallo sienta un precedente crucial para otras multinacionales que han operado en territorios en conflicto, y es una victoria para las víctimas y los movimientos de derechos humanos que llevan décadas denunciando los vínculos entre el capital transnacional y el paramilitarismo en Colombia.
