Trochando Sin Fronteras 29 de junio de 2016
Desde los años noventa la histórica crisis carcelaria en el país se ha profundizado. La población reclusa se encuentra en condiciones inhumanas mientras purga una condena, o simplemente, a la espera de un juicio para definir su situación jurídica.
Hasta enero de 2015, el 32,5 % de los internos en las cárceles del país son sindicados. Eso significa que, contrario al principio de presunción de inocencia, una tercera parte de la población reclusa esta en las cárceles sin ser declarados culpables de un delito. El asunto es que se resulta condenando anticipadamente a los ciudadanos a vivir una situación llena de vejámenes y condiciones infrahumanas, además de estar privados de la libertad en los centros penitenciarios.
Si bien en los 90’s la crisis de los centros carcelarios estaba en fase inicial, fue hasta el 2002 que esta se acrecentó, a causa de la política de seguridad democrática, con la ley de seguridad ciudadana que se orientó al castigo y la venganza. Alejada de la justicia, esta ley fue enfocada a perseguir al movimiento social, dando un tratamiento policivo al pensamiento diferente, señalando, estigmatizando y encarcelando.
¿Por qué hay crisis?
Son varios los factores que configuran la crisis en el sistema carcelario: el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la nación en cuanto a la humanización de las condiciones en los centros penitenciarios; el completo desconocimiento de los derechos fundamentales de los presos; la falta de acceso a los servicios sanitarios básicos y a la salud; el hacinamiento, que a 2015 según las cifras del DANE, refleja un 49,9 %[1] y que su proyección para el 2018 es de un 80%.
Todo lo anterior configura un escenario de crisis aguda, que no solo tiene que ver con las condiciones de infraestructura. También se relaciona con la política criminal y la política carcelaria, que ha llenado los centros de reclusión en cloacas y depósitos de seres humanos para la venganza y el castigo.
¿Cómo atacar la crisis?
Gracias a la coordinación de presos políticos y sociales, ex detenidos, familiares, abogados, defensores de derechos humanos y algunos congresistas, se ha iniciado el trabajo para la construcción de un proyecto de ley que permita el des hacinamiento de los centros carcelarios y penitenciarios. Este proyecto contiene herramientas para el mejoramiento de las condiciones infrahumanas que violentan los derechos fundamentales de la población reclusa.
Actualmente se están realizando foros regionales sobre la situación carcelaria. Este es considerado el primer paso para la recolección de insumos y denuncias, partiendo de la realidad en cada una de las regiones. Así mismo, en esos espacios se busca el compromiso, por parte de las administraciones locales y departamentales, de los entes de control y vigilancia, para mejorar las condiciones de los centros carcelarios y penitenciarios.
El primero de esos foros se realizará en Saravena – Arauca el 30 de Junio de 2016. Allí se espera contar con la participación de presos políticos y sociales, organizaciones populares, entes gubernamentales, organismos de control e invitados y ponentes, entre los que se resalta Alberto Castilla e Iván Cepeda, senadores del Polo Democrático.
[1]Total presos a enero de 2015: 116.760, capacidad de centros 77.874. Tomado de: Informe Estadístico Enero de 2015, oficina asesora de planeación INPEC en http://www.inpec.gov.co
