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La ley de licores: El gobierno busca acabar las industrias licoreras públicas


licor

Trochando Sin Fronteras 1 de abril de 2016

Actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto presentado por el gobierno nacional, denominado Ley de Licores (152 de 2015). El objeto de esta ley es beneficiar a las empresas extranjeras productoras de licor y eliminar la protección a las empresas nacionales que son de naturaleza pública.

El Sindicato Nacional de trabajadores de la Industria de Bebidas Alcohólicas, Fermentadas y Espumosas denunció que con ese proyecto de ley el gobierno pretenede acabar con las industrias públicas departamentales de licores. Afirma que uno de los fines primordiales del proyecto es eliminar el monopolio estatal de producción de licores que está incluido en la constitución política de 1991. Tal figura ha garantizado y protegido la existencia de esta industria colombiana, la cual, a su vez, ha aportado importantes recursos para la salud y la educación de los colombianos.

Otras medidas se han venido tomando para debilitar las industrias licoreras públicas. De 19 que existían en Colombia para 1990, se han reducido seis: la Fábrica de Licores de Antioquia y las Industrias de Licores de Cundinamarca, Caldas, Cauca, Valle y Boyacá, así como dos pequeñas: Meta y Tolima. Aunque estas se han reducido notablemente, aún continúan produciendo y garantizan importantes utilidades para los respectivos departamentos y el pueblo colombiano en general.

La industria licorera colombiana ofrece 1500 empleos directos y miles de empleos indirectos; 3,2 billones de pesos en IVA con destinación específica a salud y educación; 1,37 billones de pesos de impuesto al consumo; la ganancia de las empresas licoreras públicas son de aproximadamente 400 mil millones de pesos anuales, que son invertidos en gasto social de las regiones; y por concepto de impuestos y utilidades las licoreras cada año obtienen una ganancia de 2 billones de pesos que permite que los departamentos generen empleo, se invierta en la salud y educación y dinamice la economía regional.

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A pesar de todas esas ventajas que representa el mantener la industria licorera de carácter público, el gobierno nacional insiste en acabarla. Con la ley de licores se permitirá la entrada a la industria extranjera reduciéndole impuestos y permitiéndole la producción y comercialización de toda clase de licores en Colombia.

Mauricio Rosero, integrante del mencionado sindicato afirma que el afán de gobierno en tramitar esa ley es cumplir los compromisos internacionales adquiridos con la firma de los tratados de libre comercio (TLC) con Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea.

Los trabajadores de la industria licorera pública y varios sectores del pueblo colombiano exigen al gobierno la protección de la industria nacional y que se garantice la estabilidad laboral de los trabajadores. En definitiva, que no se continúe entregando del patrimonio de la nación a empresas extranjeras dejando a Colombia cada día más sumergida en la pobreza.