En el país se acaba de levantar un revuelo contra la postura del gobierno colombiano de negar la existencia de un derecho internacional al aborto y por abstenerse en la votación sobre una enmienda, presentada por Pakistán, que buscaba retirar las referencias a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tal posición va en contravía de la posición progresista que el país ha asumido a nivel internacional en las dos últimas décadas, niega en la práctica el entramado del derecho vigente y por sobre todo ratifica la intención regresiva que se quiere imponer sobre las mujeres en la sociedad. Esa malsana intención se corrobora en varias posturas e iniciativas contra los derechos de las mujeres como la de prohibir el aborto, la sañosa idea de elevar la edad de jubilación de las mujeres, o el desconocimiento a las niñas del país.
No obstante, en este contexto mal sano y regresivo lo que se debe interrogar es: ¿por qué los hacederos de milagros que ahora gobiernan el país asumen la imperiosa necesidad de reversar los escasos avances sociales y reimponerles a las mujeres el lugar de subordinación y explotación que pesó sobre ellas durante siglos?
- La escandalosa postura del gobierno colombiano en la ONU
La citada abstención del gobierno colombiano ocurrió este martes 6 de octubre, en la votación sobre una enmienda presentada por Pakistán que buscaba retirar las referencias a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su 63.ª sesión. En tal contexto, abstenerse es equivalente a dar un apoyo por vía negativa a la pretensión de Pakistán, de modo que el gobierno colombiano desconoce el contenido de la Constitución y su extensión a través de las leyes que rigen la vida social en el país. Esto porque en el conjunto de leyes y tratados internacionales ya se reconoce la importancia de la salud sexual y reproductiva y en consecuencia rigen sobre los derechos consagrados en la Constitución.
La explicación de esa relación determinante entre la Constitución y el derecho internacional descansa en el artículo 9 de la Constitución, al afirmar que las relaciones externas del Estado se fundamentan en “el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”, agregándose que el Artículo 93 ordena que los “derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Por lo tanto, la abstención del gobierno colombiano en la votación se realizó en forma violatoria del derecho establecido en el país, y al cual De la Espriella dice atenerse.[1]
Y esa postura de desconocimiento del derecho existente, como lo referencian los artículos citados, se extiende a diversos grupos históricamente discriminados (de acuerdo a su orientación sexual o LGQTB+), en cuanto pretende limitar el concepto de identidad de sexo a masculino o femenino, tal como lo definiría el Estatuto de Roma.
2. El ataque contra la mujer es más sistemático
La estructura social de Colombia está cimentada sobre condiciones sociales y culturales que alimentan y reproducen relaciones de explotación, dominación y violencia sobre las mujeres. Tal situación se puede ver –de forma borrosa- mediante algunas estadísticas que destacan las desventajas las mujeres, por ejemplo: en el acceso a un trabajo formal (71%h vs 47%m), tasa de exclusión laboral (23%h vs 47,4m), hogares bajo pobreza según jefatura (28,45h vs 36,1%m). Agregándose que una mujer es remunerada en hasta un 13% menos por un trabajo igual respecto de un hombre.
Pero todo este conjunto de hechos sólo se entiende bien cuando se considera que el trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres en el hogar equivale a una quinta parte del PIB anual. Esto significa que ese monto de recursos que se lo ahorra el capital por cuanto puede pagar salarios menores al costo de reproducción de la mano de obra, si las actividades de cuidado las tuviese que pagar por la vía mercantil.[2] Y es que la parte fundamental de las labores de cuidado la realizan sin remuneración alguna cerca de siete millones de mujeres, las que además permanecen sometidas bajo la esfera doméstica donde rigen relaciones cuasi-serviles que les impiden desplegar sus capacidades y su libertad, repulsivo ambiente donde prolifera la violencia que se ejerce diariamente sobre ellas, y también sobre las niñas y niños del país.
Contra ese panorama estructural es que se han desarrollado importantes luchas sociales, todas ellas tendientes a reconocer y superar la situación de opresión sobre de la mujer; sin embargo, a los hacedores de milagros que hoy gobiernan esos magros derechos les parecen demasiado, e incluso una ofensa, razón por la cual han desatado una gran campaña para reversar los exiguos avances sociales.
En ese sentido este 9 de octubre Alejandro Ordoñez, embajador de Colombia ante la OEA, ratificó la adhesión del país al Consenso de Ginebra, instrumento internacional impulsado por Trump en 2020, y bajo el cual se defiende que no existe un derecho internacional al aborto.
En esa misma dirección es altamente preocupante la iniciativa que presentó el jefe partidista de De la Espriella, Henrique Gómez, dirigida a impedir el derecho al aborto, intención en la cual lo acompañan los representantes pro-vida[3] . Para estos políticos la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional sólo fue un error, porque despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo cuando se realiza hasta la semana 24 de gestación [4]. Por eso la iniciativa que presentaron ante el Congreso, a finales de julio pasado, pretende modificar el artículo 11 de la Constitución, agregando que la “protección a la vida comienza desde la fecundación”, afincándose en un biologismo huero y teorías sobre embriología humana.
Si bien tal propuesta deberá cursar ocho debates en el Congreso, y hasta ahora está en el primero, no hay que desdeñar la potencialidad de su avance. En ello vale recordar que en esa instancia los apoyos son una moneda de cambio, medio por el cual las fracciones de ultraderecha podrían granjearse el favor del resto de partidos de la derecha. En consecuencia, los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre el embarazo han sido puesto en riesgo de retroceder a siglos de distancia.
A lo anterior, se suman las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Iván Mauricio Lenis, quien a fines de septiembre planteó la supuesta necesidad de aumentar la edad de jubilación para las mujeres, siendo lo más indignante, para supuestamente asegurar sus derechos. En su argumentación dice que las mujeres ahora viven más años y que por tanto requieren más tiempo de cotización para aportar y asegurar las mesadas que recibirán a futuro. Su desvergonzado argumento señala que alargar el tiempo de cotización, es decir de jubilación, les permitiría a las mujeres igualarse en derechos con los hombres para financiar sus años de pensión.
Para un elitista que vive de los recursos estatales y percibe cuando menos 25 salarios mínimos al mes es fácil hablar de tal alargamiento, ocultando las difíciles condiciones de vida para la mujer en Colombia. El “docto de la Corte” al menos debería tener presente lo que hace unos meses le recordó Eduardo Lora al país, pues después de 50 años la contratación de una persona es más que baja (ver gráfica). De esta manera, cayendo el peso en mayor medida sobre las mujeres, y aún más, cuando se considera su situación como proletaria, campesina, afro o indígena. Por tanto, la mezquina pretensión del “docto señor” es la de negar de fondo el derecho a la pensión, derecho que por demás fue conquistado a través de duras luchas sociales.
Bajo ese debate que pretende abrir, también se impulsaría un alza en la edad de jubilación de los hombres. Esa intención ha sido puesta de manifiesto en muchas ocasiones por los representantes del capital a través de sus partidos. Y ese peligro se renueva con mucha más fuerza ahora que el país vuelve a quedar a merced de las órdenes del FMI, entidad ante la cual se acaba de arrodillar el “hacedor de milagros”, De la Espriella.
A estas desvergüenzas se suma la orden institucional de liquidar del lenguaje oficial la expresión “niños y niñas”, escándalo en el cual la directora del ICBF se hundió en el fango y el descrédito moral. El argumento elevado para acudir a tal negación (por demás importado de la ultraderecha de los Estados Unidos) es que, la diferenciación en el lenguaje es producto de una ideología. Muy por el contrario, al homogenizar las niñas en el concepto de niños, o de niñez, conduce a ocultar –y por su puesto negar- las condiciones desventajosas y perniciosas con las cuales se forja la relación de dominación y violencia sobre la mujer en el país, las que comienzan desde niñas.
3. ¿Qué es lo que pretende esta retrograda tendencia?
El objetivo evidente es el de ir cercenando uno a uno los exiguos derechos conquistados para las mujeres en el país a fin de empujarlas hasta una situación de pleno sometimiento, esto es, refundar el servilismo total bajo el cual se las sostuvo hasta hace muy poco. Siendo lo más importante ¿Qué se pretende con tal grado de retroceso social?
En principio se pueden identificar objetivos inmediatos, como sacar a las mujeres del mercado laboral y regresarlas a las labores del hogar. Se trataría, por tanto, de construir una respuesta a la pavorosa caída en las tasas de nacimientos, tendencia que preocupa respecto de la sostenibilidad de la productividad y las cuentas de sistemas sociales que en parte dependen del solapamiento generacional, como es el caso de las pensiones. Pero también, cumplir ese objetivo permitiría limitar la demanda por puestos de trabajo y bajar en forma artificial la presión del desempleo, a medida que la mitad de la fuerza laboral del país deje de competir por lugares dónde trabajar, perspectiva que vendría bien en un mundo capitalista que se desfila en el camino de la robotización.
Pero las cosas son más de fondo y para responder adecuadamente la pregunta, hay que tener presente que con el regreso de las mujeres al servilismo de viejo tipo no sólo se lograría subordinar y dominar a la mitad del país, sino que es el medio más indicado para someter en forma absoluta a las mayorías proletario-populares.
Esto en principio porque se procura contener y hacer retroceder a los movimientos y luchas de las mujeres proletarias-campesinas y populares. Al respecto hay que considerar que por ejemplo en Europa una parte del proletariado joven masculino está tendiendo a reproducir las ideas fascistas o de ultraderecha, mientras la mayoría del proletariado joven femenino asume posturas progresistas y muchas veces de izquierda-proletaria. Siendo importante tener presente que por ejemplo la revolución de febrero en Rusia fue detonada por la movilización de las mujeres, por tanto, pretender recluir a las mujeres al servilismo lo que busca es golpear a una de las partes más conscientes y luchadoras del proletariado actual.
De otra parte, porque porque las mujeres siguen cumpliendo el papel fundamental de educar al interior del hogar. Por lo tanto en un escenario donde sean reducidas al servilismo, serían el convertidas en el “vehículo por excelencia” para reproducir en forma “natural” ciertas relaciones y comportamientos sociales. Esto porque una mujer bajo relaciones serviles tiene mayores probabilidades de replicar sobre sus hijos el esquema de jerarquía, abnegación y obediencia al cual está sometida, en especial cuando lo vive como una relación natural, exigida y bendecida por Dios, pero coloreada por la dicha que da el amor y el sacrificio hacia el marido y los hijos.
Al tener en cuenta lo anterior, se comprende que la pretensión de la fuerza retrograda de los hacedores de milagros es reimponer una sociedad totalmente jerarquizada que reproduzca con entera naturalidad “el temor a Dios y la obediencia a las autoridades”, relación que interpretan como valor fundacional de la patria. En esa dirección, el objetivo va más allá de reimponer el dominio de varones sobre mujeres, como en forma limitada lo interpretan algunas corrientes. El asunto es más profundo en cuanto lo que se pretende es llevar adelante el programa político de Laureano Gómez, quien abiertamente abogó por una sociedad dividida en forma jerarquizada ya que a su entender los “sujetos de inteligencia excelsa… eran escasos” en un pueblo, siendo estos quienes debían gobernar a las mayorías mediocres, repitiendo en pleno el elitismo de Platón, quien ideológicamente defendió las ventajas de los de su clase, argumentando que en la sociedad unos nacían para gobernar y los otros para trabajar y obedecer.
Entonces, el objetivo que se viene construyendo con estos hechos (que para nada están aislados en el contexto nacional y mundial) es el de ir aboliendo de a pocos los avances en derechos, empezando con los de los grupos históricamente marginados (mujeres, LGQTB*, y étnicos: indígenas, afros…), avanzando con los derechos sociales (educación, pensión, salud…), y proyectándose a liquidar los derechos cívicos y políticos. Todo ello orientándose hacia un proceso de reconstrucción capitalista donde el dominio del burgués se constituya bajo el principio absoluto del que unos pocos saben, tienen y mandan, mientras las mayorías proletario-populares deben limitarse a obedecer y callar.
En resumen, lo que está en disputa no son meras palabras o derechos, por su intermedio el capital está tratando de reconstruir la sociedad bajo formas las absolutistas que caracterizaron la antigua sociedad, y todo ello porque sabe que los cimientos materiales de la sociedad capitalista son más que endebles. De aquí que como movimiento social es preciso y urgente dar un paso firme y decidió en la defensa de los derechos de las mujeres y demás grupos sociales históricamente marginados, en la seguridad de la emancipación de las mujeres es una condición absolutamente necesaria para construir una sociedad en libertad real, es decir libre de relaciones de explotación, marginación y/o dominación.
Hoy más que ayer son más grandes las razones para organizarnos y movilizarnos con fuerza en contra de del capital y su barbarie.
Referencias
[1] Esto se aborda en: https://www.caribeafirmativo.lgbt/colombia-se-abstiene-de-votar-ante-enmienda-que-buscaba-retirar-referencia-a-derechos-sexuales-y-reproductivos-en-el-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu/ Y el artículo de Juliana Bustamante Reyes 07-10-26 en El Espectador: https://www.elespectador.com/mundo/america/la-paradojica-postura-de-colombia-al-retroceder-en-derechos-que-ayudo-a-construir/
[2] Ver el artículo: “Situación laboral de la mujer en Colombia: explotación, doble jornada y exclusión” en revista Proletaria: https://www.centropraxis.co/_files/ugd/ce68dd_310f11bc75b84acb828adac5fe8c806c.pdf
[3] Entre ellos: Carol Borda, Sara Castellanos, Luis Miguel López y David Cote representante a la Cámara.
[4] Después de ese plazo, siguen aplicando las causales definidas en la Sentencia C-355 de 2006, cuando se configure alguna de las siguientes circunstancias: 1.Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer – 2. Cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida – 3. Cuando el embarazo sea el resultado de un acto de violencia sexual.
