Trochando Sin Fronteras, Edición N° 31 marzo -abril de 2017
Por: Isaac Marín
En los últimos años el debate nacional ha girado en torno a la construcción de la paz, o de la pacificación de Colombia, esto depende de quién tome la palabra. El país político discute desde diferentes orillas sobre lo que debería ser la tan anhelada paz. Las mesas de diálogo del gobierno nacional con las insurgencias (FARC y ELN) han ocupado la agenda de diversos sectores, varios gobiernos y personalidades del mundo se han involucrado de una u otra forma en el desarrollo de estas negociaciones.
Y a pesar que los medios masivos de comunicación han abundado en titulares de noticieros y programas sobre paz o pacificación, que analistas escriben, debaten y hacen cábalas sobre el asunto; es evidente que la población colombiana ha quedado al margen del debate, no ha tenido la oportunidad de participar activamente, no se le preguntó, qué paz quiere para su territorio.
La paz se está haciendo a la medida de unos pocos, el gobierno nacional le cerró cualquier posibilidad de participación a los ciudadanos de a pie, y está preocupado por terminar el conflicto armado, buscando afanosamente que las guerrillas abandonen las armas y se desmovilicen porque son una amenaza para los grupos financieros, para el usufructo de los recursos por cuenta de unos pocos y la acumulación de capital en territorios aun inexplotados.
Los acuerdos y la desmovilización que presionan gobiernos extranjeros como el Reino Unido, los Estados Unidos y Noruega, los organismos multilaterales como la Comunidad Económica Europea, Naciones Unidas, el banco interamericano de desarrollo (BID) entre otros, buscan ganar mayor dinamismo en sus economías, obtener más ganancias fundamentalmente en los renglones agroindustriales, extractivistas y turísticos en Colombia. Ha esto le denominan crecimiento económico y desarrollo para el país; Santos así les vendió los pos acuerdos a los demás países y hasta lo hicieron Nobel de paz.
Ya en la fase de implementación de los acuerdos suscritos entre Gobierno y FARC, y entrados en la fase pública de negociación entre Gobierno y ELN, una serie de acontecimientos ponen en entredicho a la blanca paloma de la paz. El asesinato sistemático, en los últimos 15 meses, de 125 líderes sociales y defensores de derechos humanos, un paquete de leyes y normas que coartan los derechos y afectan directamente los ingresos de los trabajadores, la reingeniería y crecimiento del paramilitarismo, la corrupción y la impunidad devastan las esperanzas de alcanzar la paz.
Sí denunciar, exigir y ejercer la oposición siguen siendo causal de muerte y desaparición para los líderes sociales, entonces es mentira que el estado quiere sacar la guerra de la política; aquí, los que tienen el poder no tienen la menor disposición de reconocer a una gran mayoría que exige democracia. No hay voluntad ni compromiso de resolver el conflicto social cuando se legisla para meterles la mano al bolsillo a todo el mundo, como ocurrió con la reciente reforma tributaria.
Este gobierno hizo un esfuerzo grande de ¡cambiar todo para no cambiar nada! Tanto así que los campesinos siguen sin tierra, en tanto, bajo la ley de zonas de interés de desarrollo rural y económico (ZIDRES), millones de hectáreas son entregadas a empresarios, los paramilitares están, en por lo menos 30 departamentos y siguen despojando y desplazando a miles de familias.
Es evidente que el gobierno de Santos logró que las FARC depusieran sus armas y la confrontación bélica descendiera significativamente; lo anterior no significa que el país haya superado la crisis social que años atrás dio origen a alzamientos en armas. Esto quiere decir que la esperada paz sigue lejos y cuesta arriba.
