viernes, mayo 24, 2024

El verdadero rector de La Universidad Nacional de Colombia, las Alianzas Público Privadas

La Universidad Nacional de Colombia enfrenta una crisis debido a la polémica elección del rector para el período 2024-2027, cuestionada por su legitimidad. Esto ha generado protestas y debates sobre la autonomía y la democracia universitaria. Además, se señala un manejo clientelar en la función de extensión, lo que agrava el deterioro de la relación entre la universidad y la sociedad.

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La empresa privada (spin off) en la Universidad Nacional

El paro indefinido en la Universidad Nacional de Colombia (UN) se generó por el desconocimiento del Consejo Superior Universitario (CSU) sobre el resultado arrojado por la consulta universitaria para la elección de rector  2024 – 2027, en la cual resultó ganador el profesor Leopoldo Múnera. El (CSU) eligió mediante un cuestionable método al profesor Ismael Peña como rector, hecho que dio impulso a un ferviente proceso de indignación e inconformidad del cual han brotado múltiples discusiones sobre autonomía y democracia en la universidad debate que se amplía a la forma como se gestionan los recursos públicos de la educación superior a través de definiciones administrativas clientelares, precarizando las condiciones laborales, académicas y científicas de la universidad y reduciendo la participación de la comunidad universitaria a un ritual meramente accesorio vaciado de contenido real en términos democráticos.

La Universidad Nacional durante 156 años se ha gestado bajo un elitismo académico y verticalista liderado recientemente por las rectorías de Moisés Wasserman (Químico), Ignacio Mantilla (Matemático) y Dolly Montoya (Química Farmacéutica) que representan un modelo de universidad excluyente, limitadamente científica, poco democrática y además carente de compromiso con las necesidades del país y nuestra sociedad.

Este proyecto se ha consolidado mediante la captura institucional de la universidad, la reproducción polarizada de sus componentes disciplinares y científicos, de millonarios recursos públicos y un novedoso modelo de precarización y tercerización laboral de su principal fuerza de trabajo que es la planta profesoral, lo cual no ha sido posible sin el control del aparato administrativo de la universidad, de ahí que el cierre del Edificio Uriel Gutiérrez de la sede Bogotá por la Retoma Estudiantil haya generado una fuerte presión. 

Además, la nacional se reproduce bajo la contradicción de un modelo laboral de doble cara, unos cuantos profesores con altos salarios, mientras la gran mayoría se encuentran precarizados, como lo denuncia la Revista Raya en el artículo Universidad Nacional: entre la “rosca” y salarios de $68 millones”; contradicción enlazada con la lógica de competencia del desarrollo de la productividad académica y el manejo de puntos salariales. Mercantilizando la educación y arrojando a las Instituciones de Educación Superior a la carrera por recursos, tratando de aruñar los rankings mundiales, en detrimento de una investigación que impacte la realidad del país.
El desarrollo de la productividad académica se sustenta sobre la precarización y explotación de estudiantes de posgrado, pues son un eslabón importante en la producción de artículos científicos y productos académicos.  Como lo demuestra la asignación de becas de auxiliar docente y de asistente docente, que en 2021- 2 fueron 225, y para la misma fecha solo en la sede Bogotá, se encontraban matriculados 5044 estudiantes de posgrado, teniendo un porcentaje de cobertura menor al 4%.

La Universidad Nacional de Colombia en medio de las spin off (empresas privadas) y el desvió de recursos públicos.

Las spin off, son empresas que se crean a partir de los resultados de investigación en las universidades, que se enfocan en procesos de transferencia de conocimiento, desde el proyecto de extensión, innovación y propiedad intelectual, que promueve la generación de Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento. 

Este proyecto tiene sustento jurídico bajo la ley 1838 de 2017 por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación de empresas de base tecnológica, la misma que habilitó a los profesores para ser socios regulada mediante el Acuerdo 011 de 2023  en la Universidad Nacional, acuerdo por el cual se regula la función misional de extensión.  

Este modelo conlleva a la privatización de la universidad, en la que un sector de ciencias básicas e ingeniería ha modificado la reglamentación interna promoviendo la creación de empresas que genera una competencia desleal con los servicios de extensión que ofertan las unidades académicas. 

Sobre esa visión la administración de la rectoría de Dolly Montoya ha impulsado, la creación de Entidades Sin Ánimo de Lucro creadas con la incorporación de la capacidad financiera, locativa y de experiencia de la universidad en compañía de un bajo porcentaje de capital privado de entidades como el Fondo de Empleados de la Universidad Nacional de Colombia; la Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional de Colombia; el Fondo de Apoyo Estudiantil, entre otras. 

De las empresas creadas se destaca la corporación Salud UN, la cual está al frente de la gestión del Hospital Universitario Nacional (HUN); el Instituto de Liderazgo Público UNAL – ADEXUN y la Corporación Rotorr Motor de Innovación. Estas no han presentado rendiciones de cuentas, hay un vacío en los entes de control que las vigilan y la obligatoriedad de la presentación pública de sus estados financieros. 

Los movimientos financieros conocidos por Trochando Sin Fronteras que más llaman la alerta sobre estas entidades, se han registrado en el año 2023, en el que reportan ingresos por más de 82 mil millones de pesos. 

Tal es el caso del Instituto de Liderazgo Público UNAL – ADEXUN con NIT 901550359, que percibió mil ochocientos ochenta y un mil millones de pesos ($1.881.059.221), cifra muy superior a lo que había ingresado para 2022 por actividad ordinaria doscientos doce millones ($212.956.000). Durante este tiempo en la dirección del instituto se encontraba Liliana Caballero actual secretaria General del gobierno de Carlos Fernando Galán Alcalde Mayor de Bogotá.

Figura 2. Formulario RUES para la renovación de la matrícula mercantil del Instituto de Liderazgo Público para el año 2023, con los resultados del ejercicio del año 2022. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

En la junta directiva del Instituto de Liderazgo Público se encuentra actualmente Dolly Montoya Castaño, Camilo Younes Veloza Vicerrector de Investigación de la UNAL, Hernando Monroy Benítez presidente de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional – ADEXUN y Gustavo Buitrago Hurtado quien es su representante legal. 

Con respecto a la Corporación Rottor Motor de Innovación creada el 7 de marzo de 2023, existen indicios de conflictos entre la competencia de recursos con las unidades académicas. Esta entidad fue inscrita como proponente reportando ante Cámara y Comercio de Bogotá cerca de 280 bienes, obras y servicios que podría ofertar, sustentando su oferta con la experiencia de alrededor de 321 contratos ejecutados y realizados por la Universidad Nacional de Colombia, creándose una de las empresas con mayor margen de capacidad para competir como proponente en el sistema de contratación pública.

Los Estados Financieros de la Corporación Rotorr Motor de Innovación presentan un resultado del ejercicio de ingresos por 80 mil millones de pesos, los cuales en su mayoría provienen de contratos que al parecer fueron ganados por la Universidad Nacional de Colombia y asignados por la actual administración a esta corporación para su gerencia por parte de Rottor.

Los contratos ejecutados por la Corporación Rotorr reportados en sus Estados Financieros fueron los siguientes: 

          1. Contrato interadministrativo derivado No. CGR-373-2023 suscrito entre la Contraloría General de la república y la Universidad Nacional de Colombia por QUINCE MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($15.700.000.000) con una adición de SIETE MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($7.800.000.000) M/CTE. 
          2. Contrato interadministrativo derivado no. CGR-379-2023 suscrito entre la Contraloría General de la república y la Universidad Nacional de Colombia por VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($21.238.000.000,00) con un adición de DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.619.000.000). 
          3. Convenio interadministrativo No. 2399 de 2023 celebrado entre la nación – ministerio del interior, la Universidad Nacional de Colombia y Rotorr-Motor de Innovación con aportes del Ministerio del Interior de DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($12.867.455.184)
          4. Convenio interadministrativo No. 2604 de 2023 celebrado entre la nación – Ministerio del Interior y la Universidad Nacional de Colombia y Rotorr – Motor de Innovación por parte del Ministerio del Interior la suma de OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.500.000.000).
          5. Contrato interadministrativo con el Consejo Nacional Electoral -cne por NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($9.798.233.467). 

De los cuales el contrato CGR-373-2023 indica la asignación por la rectora Dolly Montoya y el Vicerrector de Investigación Camilo Younes a Rotorr.

Este manejo clientelar de la función de extensión pone de manifiesto el fracaso del proyecto cultural de nación de la UNAL, pues generar un andamiaje servil al modelo elitista no ayuda a transformar la realidad de un país sumergido en la informalidad y el bajo desarrollo de ciencia y tecnología. 

Este derroche de la capacidad productiva de la universidad en función de generar condiciones para un sector académico particular entra en contradicción con una institución que tiene graves problemas de infraestructura y condiciones de bienestar, generando sedes de “presencia nacional” en el Caribe, Pacífico y la Orinoquia con muy baja calidad académica y casi nulo bienestar universitario. 

Como sucede en Tumaco, los estudiantes son sometidos a altas temperaturas a tomar clases en conteiners y están a punto de perderse cerca de 46 mil millones de pesos que se requieren para la construcción de una sede, solo por falta de gestión administrativa de la universidad para conseguir un contratista, licitación detenida desde 2019.  

La discusión sobre el papel de la universidad pública más grande del país está sobre la mesa, pues el país requiere de un proyecto científico y cultural que avance hacia una nueva sociedad productiva, democrática y soberana, lejos de la visión dominante hasta hoy clientelar, elitista y pobre en el desarrollo científico. 

En ese sentido el movimiento universitario debería enrumbarse sobre base de los siguientes puntos:

    1. Avanzar hacia la construcción de la Nueva Ley de Educación Superior exigiendo al Ministerio de Educación la participación vinculante de la Asamblea Universitaria con voz y voto en la Mesa de Concertación Nacional. 
    2. Liquidar todas las corporaciones y empresas privadas creadas por la Universidad Nacional de Colombia y hacer veeduría de los recursos públicos invertidos. La prestación de servicios debe estar anclada a que los recursos ingresen para fortalecer las funciones misionales de la universidad, por lo que se debe derogar el Acuerdo 011 de 2023 y todas las reglamentaciones asociadas, para proyectar un acuerdo de extensión que promueva el desarrollo de transferencia de conocimiento en sectores productivos anclados a proyectos de empresas del Estado. Toda la extensión debe ser solidaria y los recursos que perciba invertidos en el proyecto de universidad y la sociedad colombiana, no pueden ser dirigidos a fortalecer la propiedad privada bajo el enfoque del emprendimiento. 
    3. Exigir el respeto de la democracia universitaria para la elección de los órganos administrativos de la universidad, entre los cuales se encuentra el Rector, el cual debe obedecer a la asamblea universitaria como máximo órgano de definición, a la que se le debe otorgar condiciones para su organización presupuestales, normativas y metodológicas. 
    4. Planificar el mantenimiento y crecimiento de la infraestructura de la universidad de cara a priorizar las condiciones de bienestar, calidad y laborales dignas de los docentes y trabajadores. 
    5. Se debe ampliar la planta docente y nivelar los salarios de manera que se asigne un salario digno a todas y todos los trabajadores. 
    6. Fortalecer el movimiento estudiantil mediante la implementación de una catedra a nivel nacional, como un espacio permanente de debate y formación política.

 

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