Trochando Sin Fronteras, abril 12 de 2017
Las madres de Soacha han sido ejemplo de firmeza en la búsqueda del reconocimiento de la dignidad de sus seres queridos lograron el pasado 3 de abril que sus voces fueran escuchas por la justicia colombiana.
El juzgado primero especializado de Cundinamarca condenó al coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón Amado a 46 años de prisión por la ejecución extrajudicial o ‘falso positivo’ de cinco jóvenes del municipio de Soacha (Cundinamarca). El Coronel Rincón era para ese época, oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15 del batallón Contraguerrillas 96 en Norte de Santander, crimen ocurrido en agosto de 2008, en el segundo periodo presidencial del señor Álvaro Uribe Vélez.
También fueron condenados otros 20 militares con penas de 52, 51, 49, 48 y 37 años por este mismo caso. Las madres de estos cinco jóvenes continuaran exigiéndole al Estado que se adelanten las respectivas investigaciones para hallar a los responsables intelectuales de este hecho ya que siguen libres sin asumir ninguna responsabilidad por tales hechos de lesa humanidad.
Debemos recordar que los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe se caracterizaron por el fortalecimiento que tuvieron las Fuerzas Militares, con el fin de acabar con las insurgencias en el país e implementar la estrategia de la seguridad democrática.
La seguridad democrática[i] fue una estrategia que permitió el ataque desmedido a la población civil, para lo cual las Fuerzas Militares implementaron incentivos para los militares que entregaran un insurgente caído en combate. Incentivos que constaban de asensos, dinero, permisos y otras bonificaciones en nombre de la guerra.
Es por esto que la lucha de las madres de Soacha durante este tiempo por conocer la verdad, no ha terminado. Aún continúan exigiendo justicia y que la vida de sus hijos no quede en la historia como un botín de guerra. Ya que ante el fallo proferido por juzgado la defensa de los uniformados apelo este fallo, argumentando que con la creación de la Jurisdicción Especial de Paz, estos procesos de ‘falsos positivos’ ya no son de competencia de la justicia ordinaria.
Para Carmenza Gómez Romero; las madres como ella han venido librando una lucha contra el Estado para demostrar que los jóvenes no eran insurgentes[1]. Los militares se aprovecharon de la ausencia del Estado y de las necesidades de los jóvenes para llevárselos con falsas promesas de trabajo.
Carmenza manifiesta “que estas atrocidades del ejercito deben seguir siendo denunciadas”. “Y que las madres seguirán luchando porque los responsables de estos crímenes alrededor del país asuman la responsabilidad”.
El fallo del despacho “exhortó al Ministerio de Defensa para que, cuando la sentencia quede en firme, se publicite y se reivindique el nombre de las víctimas y se haga un monumento en su favor, como una medida de reparación simbólica”.
Los militares implicados son:
- Teniente Coronel Gabriel de Jesús Amado
- Mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa
- Sargento Medardo Ríos Díaz
- Cabo Tercero Juan Gabriel Espinoza Restrepo
- Cabo Segundo Richard Jojoa Bastidas
- SLP: José González Ceballos
- SLP Nixon Cubides Cuesta
- SLP Kevis Jiménez Escalante
- SLP Luis Alirio López
- SLP Mauricio Cuniche Delgadillo
- SLP José Fernández Ramírez
- Cabo Manuel Zorrilla Gámez
- SLP Ricardo Eliud Gónzalez Gómez
- SLP Ferney Gijalba Flor
- SLP Eider Guerrero Andrade
- SLP Geiner Fuertes Billermo
- SLP Pedro Hernández Malagón
- SLP Juan Ramón Marín Ramírez
- Sargento Segundo Janer Ediel Duque Marín
- SLP John Anderson Díaz
- Cabo Ricardo Coronado Martínez
Los falsos positivos en el país aumentaron entre 2002 y 2008, contándose cerca de 4532 víctimas registradas en la fiscalía. En octubre de 2015 había 2308 casos activos.
En los falsos positivos están vinculados 5393 agentes del Estado, de los cuales el 95% son miembros del ejército. Hasta el momento 961 miembros de la fuerza pública han sido condenados, 249 absueltos, los otros 4183 no han sido hallados responsables de los hechos. En las investigaciones hasta el año 2015 los condenados han sido soldados rasos y tan solo 4 coroneles.
En el 78% de los casos de falsos positivos no se hallado responsables, así las cosas la justicia sigue siendo una prioridad para la víctimas y la sociedad colombiana.
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[1]Madres de soacha hablan sobre la condena que se impuso a 21 militares por falsos positivos [En Linea] [Consultada 12 de abril de 2017]. [i] La política de "seguridad democrática" es el nuevo rostro de la vieja doctrina de la “seguridad nacional”, impulsada a lo largo y ancho de América Latina desde la “Escuela de las Américas”, por los gobiernos intervencionistas de los EE.UU., y cuyo fruto fue los golpes militares, las guerras contrainsurgentes, el asesinato político, la tortura, la desaparición forzada y el desplazamiento, como política de Estado.
