Acto de conmemoración de las víctimas del conflicto social y armado hoy 8 de abril en el municipio de Mongua: Para no olvidar a nuestros seres queridos, ¡Ni perdón, ni olvido!
Por: Sandra Riveros
El nueve de abril de 1948, en la carrera séptima de Bogotá, fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán. Un sicario le disparó por encargo de sus contradictores políticos. Este asesinato produjo el ‘Bogotazo’, explosión de descontento de las personas que se sentían agobiadas por la desigualdad y veían en Gaitán posibilidades de cambio. Luego del Bogotazo, en los campos colombianos se desató “La Violencia”: hubo trescientos mil muertos, mujeres violadas, niños ensartados en bayonetas, fincas abandonadas y concentración de tierras. entre las consecuencias de esa horrible noche de violencia, aún se mantiene un conflicto social y armado de más de 50 años.
El nueve de abril, se declaró como el día nacional de las víctimas, como homenaje a Gaitán. Según cifras de la Unidad de Víctimas, en Colombia hay registradas más de 7 millones de víctimas del conflicto armado y han sido despojadas cerca de 8 millones de hectáreas de tierra, que en su mayoría han terminado en manos de ganaderos, empresarios y empresas transnacionales.
El municipio de Mongua tiene apenas 5.264 habitantes, según el censo de 2005. Pese a que muchos de los hechos victimizantes no han sido denunciados, se registra un importante número de casos, entre los que se cuentan 11 asesinatos. La responsabilidad en estos hechos se endilga tanto a la subversión como a las fuerzas militares del Estado, en especial de la primera brigada del Ejército; aquí se presentaron varios casos en los que soldados vistieron a las víctimas con ropa militar, para presentarlas como positivos o muertos en combate.
En este evento de conmemoración se recuerda, la condena que se impuso en el año 2009 a cuatro militares, integrantes del Batallón de Alta Montaña Santos Gutiérrez Prieto de la Primera Brigada, por los delitos de secuestro y homicidio en persona protegida. Esos militares recibieron penas entre 45 y 58 años de prisión; también está la condena a 34 años contra 6 militares adscritos al batallón Tarqui de Sogamoso, por asesinar a personas de la población civil. Estas son solo algunas condenas contra militares dela primera Brigada, pero hay que tener en cuenta que esa estructura militar hace presencia en 114 municipios del departamento de Boyacá y que son muchos más los casos que aún se encuentran en la impunidad.
Los pocos casos de crímenes contra la población civil que han salido a la luz, lo han hecho gracias a la lucha de las víctimas, familiares y organizaciones sociales, a pesar de que la ley 1448 sólo reconoce como víctimas a las personas que sufrieron el conflicto directamente luego del año 1985. En tal sentido, muchos se preguntan: ¿Y las demás víctimas qué?; otra talanquera de esa ley es que tampoco reconoce como víctimas a las personas victimizadas por fuerzas estatales, lo cual deja por fuera muchos casos.
En estos momentos, cuando se habla de la solución negociada al conflicto armado en el que está inmerso nuestro país, vemos con preocupación la ausencia de voces representativas de las víctimas, de las organizaciones sociales y en general del pueblo colombiano. Y preocupa, ya que se ha dicho por parte de los voceros del gobierno, que a muchos de los crímenes contra el pueblo les van a aplicar la justicia transicional, por lo cual seguramente van a quedar definitivamente en la impunidad.
Por eso, las víctimas ratifican la consigna: Ni perdón Ni olvido, castigo para los responsables; verdad justicia reparación y garantías de no repetición, como luchas históricas de las víctimas del país.
Celebramos la realización de esta jornada en memoria de las víctimas, personas que vivieron, soñaron, trabajaron y construyeron la vida junto a sus familias y comunidades; que dejaron sus enseñanzas y anhelos y que fueron arrancadas del lado de sus seres queridos, pero que nunca serán olvidadas.
En este evento se exige al alcalde municipal, a las instituciones gubernamentales y demás organismos estatales, que brinden garantías para el quehacer organizativo y que den cumplimiento a las normas que protegen algunos derechos de las víctimas. Se resalta el apoyo y acompañamiento efectuado por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y otras asociaciones y organizaciones que, junto a las víctimas, trabajan por exigir verdad justicia y no repetición.
