Trochando Sin Fronteras – Abril 20 de 2020

El Congreso de los Pueblos -CdP- y el Coordinador Nacional Agrario -CNA- blanco de las disidencias de FARC. Mientras la pandemia azota al mundo, y los medios de comunicación no paran de recitar #QuédateEnCasa, el conflicto armado en los territorios no para; organizaciones sociales y sus liderazgos en las zonas rurales son asesinados y amenazados.

En Argelia – Cauca, las disidencias de FARC han desplazado a 27 familias, dentro de las que se encuentran líderes sociales pertenecientes al CdP y CNA. Así mismo el pasado 17 de abril en la vereda Betanía de Argelia, hombres armados asesinaron a Teodomiro Sotelo líder campesino; además del asesinato la comunidad fue víctima de saqueos, chantajes y amenazas.

Este hecho se suma al asesinato Andrés Cansimance Burbano el 18 de abril en el municipio del Tambo – Cauca. Andrés era integrante del consejo comunitario Afrorenacer, proceso perteneciente al CNA y quien realizaba diversas labores deportivas y culturales como parte de su liderazgo.

Según informaciones de las comunidades y organizaciones sociales, los autores de estos hechos son hombres del Frente Carlos Patiño y Jaime Martínez, de las disidencias de FARC. Estos casos se suman al asesinato de  Marco Rivadeneira el 19 de marzo en Putumayo.

En un comunicado el CNA denunció que: «A la sistematicidad de acciones del Estado en contra del movimiento social y en nuestro caso, se suma otro actor como las disidencias de FARC, para seguir poniendo en peligro nuestra vida organizativa y trabajo territorial» por lo cual exigen al Estado colombiano y sus Fuerzas Militares desmilitarizar los territorios, apelan a la solidaridad, acompañamiento y denuncia de  las  organizaciones defensoras de Derechos Humanos y comunidad internacional sobre los hechos contra el CNA y los procesos territoriales. Finalmente, solicitan la realización de ejercicios de verificación humanitaria y presión al gobierno nacional para que paren los atentados en contra de las comunidades.

En el comunicado también se exige a la institucionalidad colombiana y el gobierno de turno no evadir su responsabilidad con las familias que se encuentra en situación de desplazamiento, pues es gracias a sus alianzas de muerte, que hoy ellas pasan por la incertidumbre.