Trochando Sin Fronteras/09 de septiembre de 2015/Saravena
Los pobladores del caserío de Puerto Contreras se encontraban durmiendo cuando hombres del Ejército Nacional, la Policía y la Sijin ingresaron a sus viviendas derribando puertas y encañonando a los habitantes. Esto sucedió cerca de las cinco de la mañana del pasado sábado 5 de septiembre.
Son varios los casos presentados por violación a los derechos humanos que ha sufrido la población de Puerto Contreras, donde han sido especialmente afectados de forma directa, tanto física como psicológicamente los niños, niñas y mujeres cabezas de hogar en condición de desplazamiento forzado. Su impotencia ante la represión sufrida en sus propias viviendas fue absoluta. Los hombres armados y uniformados que invadieron sus casas son quienes supuestamente deberían garantizar su seguridad. Para eso son empleados públicos cuyos sueldos salen del bolsillo de los mismos ciudadanos y ciudadanas que los uniformados se han afanado en aterrorizar.
Los militares, junto a la policía y la Sijin, tras forzar su entrada en las casas, procedieron a revisar el interior de las viviendas, tomando fotografías y decomisando objetos personales y dinero que pertenecen a las familias que las habitan. Luego intimidaron a las mujeres con preguntas acusadoras sobre su compañero sentimental o esposo. Lo mismo hicieron con los niños, a quienes interrogaron de forma agresiva sobre el quehacer de sus padres y vecinos. Ultrajadas y tiradas al piso junto con sus hijos, y en algunos casos viendo cómo encañonaban a sus esposos, las mujeres de Puerto Contreras y sus familias sufrieron y siguen sufriendo al día de hoy la violación a sus derechos constitucionales: entre ellos esta el derecho al libre tránsito y a su intimidad personal y familiar.
Pero el hecho no terminó allí. Luego de concluidos los allanamientos, la policía se retiró, pero el Ejército permanece aún hoy en el caserío. El accionar de la fuerza pública viene generando zozobra e inseguridad las 24 horas del día, ya que los uniformados utilizan las viviendas invadidas para bañarse y demás menesteres, en clara violación al Derecho Internacional Humanitario y a las más básicas normas de conducta de un funcionario público. La ilegalidad de su accionar es flagrante, dado que los allanamientos se han realizado sin presentar orden judicial alguna. Para rematar la inmoralidad criminal de ese accionar, los vecinos deben soportar que los militares que los invadieron ingieran bebidas alcohólicas en el caserío, lo que podría generar más violaciones a sus derechos constitucionales.
Organismos de derechos humanos ya estuvieron haciendo una visita de verificación al caserío y los pobladores pusieron en conocimiento de las autoridades el hecho, pero hasta el momento no se conoce de medida alguna tendiente a garantizar la seguridad y la integridad de los habitantes de Puerto Conteras.
