En Colombia y en particular la Sabana de Bogotá no ha sido la excepción, más bien ejemplo de lo que el capital puede hacer con un territorio y su producción agroalimentaria. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO, más de 150 millones personas sufren de desnutrición y no tienen acceso a los alimentos necesarios para vivir dignamente.
Paradójicamente, las políticas que promueve este organismo a nivel mundial parecieran dar cuenta de un interés en perpetuar esta realidad y no en combatirla. Esto tiene una causa bien clara: las políticas y en general la economía alrededor del campo no están planteadas sobre la base de las necesidades de la población, sino sobre los intereses de grandes conglomerados económicos y multinacionales que controlan la producción, distribución, comercialización, procesamiento y consumo de alimentos.
Alrededor de 50 empresas transnacionales tienen el control mayoritario sobre estos campos y han desplegado marcas que así lo demuestran; entre las más fuertes se encuentran Nestlé, Kraft, Pepsico, Unilever, Coca Cola. Las que a su vez controlan otras empresas encargadas de las demás ramas en el sistema agroalimentario y que han monopolizado aproximadamente el 85% de la producción mundial de cereales.
Colombia: hacia la dependencia alimentaria
La brecha entre países del “primer y tercer mundo” ha condenado a naciones como Colombia a la dependencia alimentaria. Hecho que se dinamiza con la expropiación violenta y ‘legal’ de las tierras y, en general, de los medios de producción necesarios para garantizar la alimentación del pueblo. Para el 2010, en Colombia el 0.5% de los propietarios tenían algo más del 65% de la tierra.
La agroindustria se ha abierto paso a través del modelo del siglo XX de la Gran Hacienda, producto de la época de la violencia y de millones de familias desplazadas que han hecho “crecer” demográficamente a Bogotá y a sus municipios cercanos.
Los ejemplos para ilustrar el problema en Colombia resultan diversos. Por un lado, en varias zonas del país los cultivos de palma africana o aceitera han sustituido una buena cantidad de producción alimentaria, lo mismo ha sucedido con la caña, maderables, proyectos mineroenergéticos e hidroeléctricos como son los ya renombrados casos de la Pacific Rubiales en Puerto Gaitán (Meta), las hidroeléctricas en el Quimbo (Huila) y en Ituango (Antioquia).
La predominante producción ganadera que se asienta mayoritariamente en manos de latifundistas o narcotraficantes (aunque la línea divisoria no sea muy clara) y que en su conjunto se agrupan en Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN-, distinguidos contradictores de la reforma agraria y de las luchas del campesinado colombiano. Hacia el 2009 se calculaba que los ganaderos eran dueños de más de 39 millones de hectáreas de suelo cultivable, en un territorio en donde 114 millones de hectáreas son de vocación agrícola, pero en donde apenas 5 millones son dedicados a la agricultura.
Prosperidad para Todos un plan para incrementar las desigualdades
Problemáticas que se acentúan con el “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad Para Todos” en un evidente fomento del latifundio, expresado en la creación de las Zonas de Desarrollo Empresarial que se enfocan en garantizar que el monopolio de la agroindustria se quede en las pocas manos que han podido adquirir los medios de producción necesarios para este tipo de negocio. Las consecuencias ambientales de los monocultivos, los pesticidas, fungicidas y demás productos agrotóxicos son alarmantes, especialmente las relacionadas con la fertilidad del suelo, la contaminación de fuentes de agua y apropiación privada de las mismas, lo cual ha acelerado aún más la actual crisis ambiental en el mundo.
En este panorama, no es casualidad la puesta en marcha de los ya viejos planes de especialización de los territorios y en particular en la región Bogotá-Sabana. La perspectiva dada desde el plan Ciudad-región apunta a convertir estos territorios, ancestralmente cultivados, en el lugar ideal para el almacenamiento de mercancías (bodegas y parques industriales), la manufactura libre de impuestos (Zonas Francas); y sobre todo, para el aprovechamiento de su potencial en la producción agroindustrial de tipo exportación.
De vieja data son los conflictos laborales y ambientales con las grandes empresas dedicadas a la producción de flores para la exportación, en las que extensas zonas cultivables son sobre explotadas durante años hasta su desgaste y, de paso, el de las mujeres y hombres que las trabajan. La utilización de la tierra para su producción tiende a agudizar con el tiempo la crisis alimentaria que ya vive la sabana y Bogotá.
Soberanía Alimentaria: propuesta política para la articulación
No obstante, desde este territorio también se vienen pensando y construyendo formas de organización acordes con la realidad que vive nuestro pueblo, sustentados desde la propuesta política de la soberanía alimentaria, entendiéndola más allá del plano de exigibilidad del derecho y llevándola al plano de construcción de un nuevo enfoque sobre lo agroalimentario consecuente con las necesidades del pueblo.
Con las reflexiones puestas en distintos espacios de encuentro y articulación se delinearon algunos aspectos centrales en la lucha por el territorio y, en este sentido, se identificó la Soberanía Alimentaria como espacio estratégico en su potencial organizador y reivindicativo. Alrededor de este concepto, propuesto por primera vez en 1996 por Vía Campesina[1], se han comenzado a dar numerosas batallas en Bogotá y la sabana con procesos organizativos que reivindican la lucha por la tierra, el agua, las semillas; poniendo en cuestión todo un modelo agroalimentario agenciado por el capital y sus intereses.
Asumimos la Soberanía Alimentaria como una propuesta política, ética y organizativa para nuestras comunidades, que combina una profunda reflexión de la realidad de nuestro territorio, con la proyección de nuevos espacios de articulación. Las experiencias acumuladas por colectivos de jóvenes como Hilos y Semillas en Usme o el Colectivo Territorial Comancipar (Red Juvenil Itoco) en Madrid, pertenecientes junto con otras organizaciones a la Creciente Popular, dan cuenta de un interés cada vez mayor de la juventud por abanderarse de la lucha por la Soberanía Alimentaria y defender el territorio desde muchos otros campos y escenarios de lucha.
[1]La Vía Campesina es un movimiento internacional que agrupa a 150 organizaciones locales y nacionales en 70 países de África, Asia, Europa y América. En total, representa a alrededor de 200 millones de campesinos. Esta organización es considerada hoy en día uno de los principales actores en los debates alimentarios y agrícolas. Es escuchada por instituciones como la FAO y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
