Entre guardias indígenas, campesinas, interétnicas, populares y organizaciones de derechos humanos, se concentraron frente al Palacio de Justicia de Pereira, exigiendo se reconozca el fuero y la jurisdicción especial indígena sobre la detención irregular del líder indígena Lázaro Bitucay Murri, sí como los diferentes casos de violación a los derechos humanos que vive el Cabildo Mayor Camaica del Carmen de Atrato, Chocó.
Fue allí, en el resguardo Río Playa de la comunidad Unión Río Playa, donde Lázaro fue detenido de forma arbitraria el 27 de noviembre de 2024. Su detención ha sido denunciada como una grave injusticia y una amenaza directa contra la autonomía de los pueblos indígenas reconocida por la Constitución colombiana y el derecho internacional.
El líder es ampliamente reconocido como uno de los referentes del movimiento indígena en el Chocó, por su labor en defensa de los territorios ancestrales, la educación propia, la cultura y la justicia indígena. Su captura no solo desconoce el fuero especial que le ampara, sino que representa un intento de silenciar los procesos organizativos y reivindicativos de los pueblos originarios.
Este Martes, se desarrolló un plantón frente al Palacio de Justicia de Pereira y en las afueras del centro penitenciario donde permanece privado de la libertad. Las comunidades exigen que el caso de Bitucay sea trasladado a la jurisdicción indígena, como lo establece el marco constitucional, y reclaman el cese de actividades por parte de la fuerza pública que instrumentalizan y vinculan a las juventudes indígenas con fines represivos.
Luis Alberto estebes, vocero del Cabildo Mayor Camaica del Carmen de Atrato, explicó que la minga hacia Pereira surge como respuesta a estas y otras violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el territorio. Además reafirmó la ilegalidad de la detención y el uso de la judicialización como forma de castigo contra quienes defienden la vida y los derechos.
Además de exigir la libertad de Bitucay, las comunidades han alertado sobre la persistente militarización de sus territorios y temiendo la falta de cumplimiento de los acuerdos pactados en una reciente mesa de diálogo con entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y varios ministerios. Aunque se establecieron compromisos con un plazo máximo de 15 días, no se han tomado medidas concretas, sin embargo la minga ya retorno a su territorio.
Desde donde las comunidades reiteran su llamado urgente al Gobierno Nacional para que respete el fuero indígena, detenga la persecución judicial contra líderes sociales y garantice la protesta social.
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