Trochando Sin Fronteras, agosto 28 de 2019
Por: Organizaciones sociales de Casanare
[dropcap color=»#ddc80d» type=»square»]C[/dropcap]on un fallo del Juzgado 61 Administrativo de Bogotá se ordena al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional realizar un acto público de perdón a los familiares de Roque Julio Torres Torres, joven de 16 años y de su padre Daniel Torres Arciniegas, por las ejecuciones extrajudiciales y reiterando la responsabilidad del Ejército Nacional y el Estado en este crimen.
En el marco de las investigaciones por estos crímenes, han resultado implicados el General del Ejército Henry Torres Escalante, el único general procesado en la justicia ordinaria por los mal llamados «falsos positivos», y el teniente Fabián García Céspedes quien hacía parte de la Brigada XVI, con sede en Yopal; quien comandó el operativo en el que resultaron retenidos y asesinados los dos campesinos, y quien dio públicamente la información sobre este crimen.
García Céspedes fue condenado a 26 años de prisión al haber aceptado los cargos por del doble homicidio mientras Henry Torres Escalante, a pesar de que se encuentra detenido por este crimen, sigue negando cualquier responsabilidad por los hechos, acogiéndose a la Justicia Especial para la Paz –JEP- buscando evadir su responsabilidad.
En el año 2006, el jóven Roque Julio Torres Torres, fue testigo de un falso positivo ocurrido en la vereda “El Triunfo” del municipio de Aguazul, donde fue asesinado Hugo Araque, por parte de soldados del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, quienes simularon un combate e hicieron pasar al campesino como guerrillero caído en el mismo, además, luego de denunciar estos hechos también fue testigo del asesinato de Fredy Alexander Sanabria a manos del Ejército, campesino que también presentado como guerrillero dado de baja en combate.
El viernes 16 de marzo de 2007, el Ejército Nacional simula un nuevo combate, asesinando en esta ocasión al joven Roque Julio Torres y a su padre Daniel Torres Arciniegas, quienes venían recibiendo amenazas, seguimientos y hostilidades por parte de los militares, los dos campesinos fueron vestidos y presentados como guerrilleros. A uno de ellos le pusieron un revólver calibre 32 sin munición y al otro, una pistola hechiza con capacidad para un solo tiro, además, a sus familiares, quienes también debieron abandonar sus tierras, temporalmente se les negó la posibilidad de conocer el paradero de padre e hijo, en medio de burlas y amenazas.
Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que han acompañado este proceso, brindando respaldo y solidaridad a las familias y comunidades, impulsando la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, consideran de gran importancia el acto de reconocimiento público que pretende evidenciar la responsabilidad en las acciones del Estado colombiano, y reiteran la exigencia al Estado colombiano de esclarecer los hechos para brindar verdad y justicia sobre el vil asesinato de estos campesinos.
“Los escenarios de “perdón” no pueden ser escenarios de revictimización convirtiéndose en irrespeto a los familiares y a la memoria de las víctimas”, puntualizan.
