Posteado Por: Trochando Sin Fronteras
Trochando Sin Fronteras, mayo 4 de 2019
Arauca junto a Norte de Santander son dos departamentos con frontera con la República Bolivariana de Venezuela, en ellos se vive con una extremada militarización de sus comunidades. Precisamente en estos dos departamentos en las semanas anteriores se vivieron dos casos aberrantes que confirman lo que defensores de derechos humanos y comunidades denuncian: La militarización solo trae violaciones a los derechos y a la vida de sus pobladores.
El Caso de Dimar Torres excombatiente y miembro del partido FARC que fue asesinado, torturado y mutilado el 23 de abril en Norte de Santander y la violación de una mujer con discapacidad auditiva y vocal en Arauca son la punta del iceberg de la violencia estatal ejercida en los territorios por él Ejercito Nacional de Colombia.
El caso de violencia sexual sigue un patrón similar al ocurrido en Norte de Santander. se niega, se hablan de casos aislados, se anuncia justicia pero esta jamás llega, y la no repetición es ausente frente a la doctrina de las fuerzas armadas.
El hecho ocurrido en Arauca, se realizó cuando la víctima se desplazaba por la vía que del municipio de Tame conduce hacia Arauca capital, fue interceptada por un soldado adscrito a la fuerza de Tarea Quirón encargada de cuidar la infraestructura petrolera, especialmente, el pozo Caricari, este la amenazó con su arma de dotación y la condujo hacia el bosque donde procedió a accederla sexualmente a la fuerza. así lo asegura su familia.
Este hecho ocurrió el día primero de mayo de 2019, en horas de la tarde, en el sector de Playa Rica, en el municipio de Arauquita, muy cerca al Centro Poblado de Puerto Jordán, más exactamente en el puesto de control que tiene el Ejército Nacional. Al conocerse de este aberrante hecho, causó rechazo y repudio en la comunidad del sector, motivo por el cual de manera inmediata realizaron un plantón para exigir que se aclarara esta situación y se castigara al responsable.
Por testimonios de los familiares de la víctima se pudo conocer que el Ejército quiso ocultar este hecho negando que hubiera ocurrido, pero por la presión ejercida por la comunidad el comandante de la tropa se vio obligado a hacer que sus hombres formarán, fue de esta manera que la mujer afectada señaló a su agresor.
Aunque la víctima fue atendida por medicina legal, la familia y población dicen que se presenta un caso de revictimación por parte de esta entidad ya que se ha demorado demasiado tiempo en realizar los procedimiento. Aunque el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, asegura que este caso debe ser investigado a fondo para llevar al culpable a la justicia, existe en la comunidad del sector desconfianza, por eso exigen que sea la justicia ordinaria la que se encargue de investigar y juzgar al culpable.
En un acto de dignidad y valentía de la población del Centro Poblado y sus alrededores, el día viernes 4 de mayo, realizaron una marcha y un acto político en contra de estos hechos, las comunidades, organizaciones sociales y políticas, la defensoría del pueblo y la personería de Arauquita, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, estudiantes del colegio IPA y el Comité Permanente para los Derechos Humanos hicieron presencia rechazando estos actos.
Para la fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, “El centro poblado de Puerto Jordán, ha tenido que soportar las consecuencias del conflicto político, social y armado, aquí hemos estado en diferentes actos para acompañar, para llorar, para recoger y enterrar a nuestros muertos. También hemos tenido que confrontar colectivamente con ustedes la aplicación de la represión directa del Estado Colombiano, aquí nos han asesinado, aquí nos han judicializado y aquí nos han perseguido, esta comunidad ha logrado resistir y el departamento de Arauca ha logrado resistir, gracias a la solidaridad, gracias al espíritu de organización, de lucha permanente en este territorio».
«Hoy estamos aquí para rechazar un acto más de vulneración a nuestros Derechos, hoy estamos aquí para rechazar para rechazar la violencia sexual como arma de guerra, como arma de tortura, y es que eso no se ha apartado de nuestro territorio, el cuerpo de las mujeres ha sido visto por los actores del conflicto como botín de guerra, entonces, las mujeres y su humanidad hemos sido tomadas como objetos sexuales, para en unos casos mostrar el poderío de las fuerzas armadas.»
Recordemos que no es el único caso, «nos viene a la memoria un acto cruel ocurrido en octubre de 2010, en una vereda vecina, acto de violación, de tortura, de desaparición forzada y de asesinato de dos niños y una niña en la vereda Carraos; y que el año pasado en noviembre, la Fuerza de Tarea Quirón, en representación de las fuerzas militares del Estado Colombiano pidió perdón a esta comunidad y se comprometió a que nunca más este tipo de actos, de agresión volverían a ocurrir, pero estamos repitiendo la historia, esta vez con una campesina”. Para la Fundación Joel Sierra, es necesaria la no repetición de los hechos. Este mismo sentir lo presentó la Asociación de Mujeres por Arauca – AMAR.
Para entidades del Estado como la defensoría y las personerías de los municipios de Tame y Arauquita, este es un caso que no puede quedar en la impunidad. Así lo manifestaron respectivamente.
El presidente de las Juntas de Acción Comunal de Puerto Jordán, afirma, «nos hemos reunido en son de protesta porque no es la primera vez que suceden estos casos, hoy fue un efectivo de la fuerza pública que cometió esta violación a ésta mujer y por eso estamos acá, pero también rechazamos todas violaciones que han ocurrido, porque la violación es violación de donde venga, pero aún la indignación es muy grande, porque no tenemos instituciones a las cuales acercarnos, la única es el Ejército Nacional, y si es el Ejército Nacional el que nos protege y es el que comete este hecho atroz, pues, esto empeora la situación.» El presidente comunal como vocero de su comunidad, exigió la no repetición de estos hechos.
Estos hechos sumados a la estigmatización, judicialización y asesinato son el reflejo de una doctrina militar que busca desaparecer el tejido social, destruir las comunidades e instaurar el terror, prácticas que nunca se fueron pero que regresan nuevamente a los territorios para instaurar la «Seguridad Democrática«
