Trochando Sin Fronteras, junio 15 de 2019
Por: Carolina V. Araque – @CaroArake
[quote]Según cifras del Gobierno Nacional existen 138 centros penitenciarios en todo el país, de los cuales 12 se encuentran en el departamento de Boyacá, colocándole en el segundo lugar después de Antioquia que cuenta con 20.[/quote]
[dropcap color=»#ddc80d» type=»square»]H[/dropcap]ace 3 meses en el municipio de Aquitania en Boyacá el gobierno nacional en cabeza del subpresidente Duque realizó uno de los talleres “construyendo país” en donde la entonces ministra de justicia y del derecho María Borrero Restrepo anunció la construcción de la nueva “Cárcel bicentenaria” en el departamento. Anuncio que ha generado preocupación en la población y que solo es una muestra más del mínimo interés de los entes gubernamentales de invertir recursos y brindar soluciones para suplir necesidades básicas y urgentes que se presentan en los municipios del departamento y el país en general.
El sistema de justicia en el país es incompetente, corrupto y desconfiable. Colombia para el 2018 se ubicó en el puesto 71 de 113 según “Rule of Law” (un ranking que cada año evalúa a distintos países en el mundo midiendo la calidad de su sistema judicial y sus instituciones) Lo que evidencia la falta de garantías reales para llevar a cabo y agilizar los distintos procesos judiciales, que en algunos de los casos responden a la persecución y criminalización del libre pensamiento como los casos de “falsos positivos judiciales” de líderes sociales y comunales, también la casi nula intensión de buscar la verdad y reparación en el caso de “ejecuciones extrajudiciales”, además de demostrar que el hacinamiento en los centros penitenciarios es alarmante, los recluidos allí no cuentan con atenciones mínimas de alimentación, salud, higiene y bienestar.
Boyacá no es un departamento ajeno a estas problemáticas
El hacinamiento también se debe a que el sistema de justicia colombiano no piensa en la resocialización de las personas recluidas, los pocos “programas” no son funcionales cuando se viven en condiciones tan precarias que comprometen la dignidad humana, propiciando ambientes de violencia corrupción y desigualdad en las que se privilegian a las personas con plata y en las que a diario se hacen denuncias de malos tratos por parte de los guardias, denuncias que no siguen su trámite o no se informan. Se puede afirmar que para el año 2016 alrededor del 14% de las personas que salieron en libertad fueron reincidentes según cifras del INPEC.
“Algunas noticias de prensa afirman que el índice de reincidencia se encuentra entre el 80 % de la población intramuros (de cada 10 liberados, 8 vuelven a la cárcel) y el 40% (de cada 10 liberados, 4 vuelven a la cárcel). Todo lo anterior conlleva a que en definitiva, las cifras ofrecidas por el INPEC, no sean confiables y permite constatar que existe un problema de registro, como también lo advierte la Sentencia T-762 de 2015.” Norberto Hernández
En el mismo sentido la defensoría del pueblo indica que: “la incapacidad resocializadora del Estado colombiano adquiere mayor dimensión al observar el parágrafo del artículo 144 del Código Penitenciario y Carcelario, el cual supedita el fin principal de la pena privativa de libertad a las disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros de reclusión, lo que no se cumple en la actualidad”.
Mientras el Estado colombiano continúe propendiendo por sistema de justicia punitivo, que no tiene la mínima intención de buscar una reforma de fondo que responda y se centre en los verdaderos problemas de la sociedad, que ejerza transparencia en los procesos judiciales y garantice programas e inversión funcionales dirigidos a la resocialización y humanización de personas recluidas, los anuncios de construcción de nuevos centros penitenciarios, obras y elefantes blancos seguirá siendo usado para perpetuar la corrupción, desviar las luchas y movilizaciones por mejores condiciones de vida de los Boyacenses y del pueblo Colombiano.
