La actividad, «Celebración de novenas de aguinaldos», fue ejecutada por la Estación de Policía local y la Seccional de Protección al Turismo. Para las organizaciones populares, esto representa una instrumentalización de la niñez para lavar la imagen de una institución cuestionada, ignorando el peligro inminente al que someten a la población civil en una zona en la cual se vive el conflicto armado.
Desobediencia a la Corte Constitucional y desprecio por el Derecho Internacional Humanitario
La denuncia subraya que la Fuerza Pública está actuando en abierta oposición a la Sentencia T-005 de 2024. Este fallo de la Corte Constitucional es taxativo: prohíbe a la Fuerza Pública efectuar acciones cívico-militares con NNA y ordena que este tipo de eventos recreativos o sociales sean liderados exclusivamente por instituciones civiles.
El uso de niños en estrategias de «psicología social» o «acercamiento a la comunidad» por parte de uniformados es una infracción a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), específicamente al principio de distinción. Al involucrar a los menores en actividades con actores armados estatales, se desdibuja su condición de población protegida y se les convierte en objetivos potenciales dentro de la dinámica del conflicto.
El Cocuy: Entre el abandono estatal y el riesgo de guerra
Lo que hace más grave esta situación es el contexto de seguridad en el norte de Boyacá. La actividad se realizó mientras el país atravesaba un paro armado decretado por el ELN, sumado a la reciente aparición de panfletos y elementos alusivos tanto a la insurgencia como a grupos paramilitares (disidencias de las FARC) en la región.
Exponer a los niños a compartir espacios con la Policía en un momento de máxima tensión armada es, según la Fundación Joel Sierra, colocar sus vidas en un riesgo inminente. La «protección» que alega brindar la Fuerza Pública se convierte, en la práctica, en un escudo humano que vulnera el interés superior de la niñez.
Exigencias: ¡Ni un niño más para la guerra!
Ante la gravedad de los hechos, el movimiento social y de derechos humanos ha planteado las siguientes exigencias:
A la Fuerza Pública: Cese inmediato de cualquier acción cívico-militar que involucre a NNA, acatando de una vez por todas las órdenes judiciales.
A la Gobernación de Boyacá y la Defensoría del Pueblo: Dejar la pasividad y garantizar que las sentencias de la Corte no sean letra muerta en los municipios de la provincia. Es necesario investigar y sancionar a los responsables de esta actividad en El Cocuy.
A los Organismos Internacionales: Vigilar de cerca el cumplimiento de los tratados de derechos humanos por parte del Estado colombiano, que sigue utilizando a la población civil como pieza de su estrategia de guerra.
