martes, septiembre 26, 2023

Organizaciones internacionales y colombianas de derechos humanos piden al gobierno colombiano respetar el resultado de las consultas populares

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Ginebra (Suiza) / Cajamarca (Colombia), 23 de julio de 2017

El Comité Ambiental en Defensa de la Vida (Colombia) y la Red Internacional de Derechos Humanos (Suiza), acompañados de los comités promotores de la Consultas Populares de Arbeláez y Pijao, entre otros, han hecho entrega de una carta al gobierno colombiano, dirigida al presidente Juan Manuel Santos Calderón, con el objeto de exigir el respeto a la voz de las comunidades y los diferentes movimientos socioambientales que han implementado consultas populares contra proyectos extractivos en su territorio.

La carta al gobierno colombiano viene motivada por las declaraciones del Ministro de Minas y Energía, Germán Arce, que amenazó con sanciones disciplinarias a los Concejales de los municipios que han prohibido la minería industrial y la exploración de hidrocarburos en sus territorios a través de acuerdos municipales, además de otras señales por parte del gobierno colombiano que hacen pensar que no se respetarán las decisiones populares obtenidas por estos mecanismos democráticos.

La carta está suscrita por cerca de 400 organizaciones de derechos humanos y sociales de más de 35 países[1] del mundo, además de prestigiosos investigadores, académicos y demás miembros de la sociedad civil colombiana e internacional. Todos ellos se suman al llamado de respeto a la democracia colombiana y en especial a los mecanismos de participación debidamente reconocidos en el marco legal y en la Constitución política de Colombia.

El amplio respaldo nacional e internacional que ha recibido la carta es una evidencia del avance de un movimiento planetario que demuestra su responsabilidad histórica de luchar contra el cambio climático, la sustentabilidad ambiental del planeta y el derecho colectivo al ambiente sano de todos los habitantes de la Tierra.

Los apoyos a la carta se recibieron a través de la página web de la Red-DESC (Red Internacional para
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales)[2] , de la que tanto el Comité Ambiental en Defensa de la Vida como RIDH son miembros.

La mayoría de las firmas estuvieron acompañadas de mensajes de apoyo a las Consultas Populares y los movimientos sociales que defienden criterios democráticos y no-violentos, como también el derecho al agua, la vida y el territorio. Sin lugar a dudas la solidaridad internacional enunciada en este documento es un llamado de atención que el gobierno colombiano debería acatar, sobre todo cuando el proceso se sustenta en normas legales estatutarias, jurisprudenciales y constitucionales.

La RIDH aseguró que “es incoherente que mientras el gobierno de Colombia implementa un proceso de paz, el gobierno nacional, en cabeza del Ministro de Minas y Energía, pretenda desconocer y deslegitimar la decisión del pueblo, a pesar de que la Consulta Popular es un mecanismo democrático de participación ciudadana y de carácter vinculante”.

Portavoces del Comité Ambiental en Defensa de la Vida afirmaron que “ahora más que nunca los ciudadanos de Colombia debemos movilizarnos para defender no sólo el agua y el derecho colectivo al ambiente sano de las presentes y futuras generaciones, sino también la democracia y la decisión del pueblo soberano”.

La carta enviada al presidente de Colombia está disponible AQUÍ.

Para más información:
• Dilberto Trujillo Dussán (RIDH) –  dilbertotrujillo@ridh.org
• Renzo García Parra (Comité Ambiental en Defensa de la Vida) –  renzoasamblea@gmail.com

[1] Entre ellos, Alemania, Australia, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Burkina Fasso, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Guatemala, Honduras, Irlanda, México, Nepal, Nigeria, Noruega, Pakistán, Perú, Portugal, Reino Unido, Sahara Occidental, Suecia, Suiza, Sri Lanka, Sudáfrica, Tailandia, Túnez, Vietnam, Suiza.
[2] La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) conecta a más de 280 ONG, movimientos sociales y activistas de 75 país, promoviendo la solidaridad, la colaboración y el trabajo colectivo para construir un movimiento global que haga de los derechos humanos y la justicia social una realidad para todos.

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