Mañana 31 de mayo continuará la Audiencia del Congreso de la República que inició en abril pasado en el municipio de Trinidad, denominada «el impacto ambiental y de Derechos Humanos de la política minero energética en el piedemonte llanero».
La primera sesión de esta audiencia estuvo presidida por el represente a la Cámara Iván Cepeda y contó con la participación del Alcalde de Trinidad, Concejales y comunidad afectada por la explotación petrolera. En su continuación, a esta audiencia pública asistirán los congresistas electos Alberto Castilla, Jorge Prieto, Angela Robledo y Alirio Uribe y el representa a la cámara Wilson Arias.
Desde el Estado participarán los ministerios de Defensa y del Ambiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el IDEAM, la Corporación autónoma regional CORPORINOQUIA, la Asamblea departamental de Casanare y la alcaldía de Trinidad. Por otra parte, asistirá la comunidad afectada por la explotación petrolera en esa región del país.
En esta oportunidad la audiencia será presidida por el representante a la Cámara Wilson Arias
¿Y que paso el 26 de abril?
El día 26 de Abril de 2014, se dio inicio a la primera Audiencia del Congreso de la República con el tema “Derechos Humanos e Impactos de la Explotación Petrolera”, en el Municipio de Trinidad, con el apoyo de sus autoridades civiles. En esa ocasión, se pusieron en conocimiento alrededor de 16 casos de violaciones a derechos humanos por parte del Estado Colombiano y de la industria petrolera. La audiencia, se vio suspendida debido a la cantidad de casos que fueron surgiendo y a la magnitud de los mismos, programando entonces una segunda parte de la audiencia para el día sábado 31 de Mayo en el mismo lugar.
Impacto ambiental
En el tema ambiental, se señaló que la experiencia de los campesinos e indígenas se sabe que es la exploración y explotación petrolera las que han contaminado los ecosistemas y alterado drásticamente los flujos de agua subterránea, es decir, lo que ha ocasionado la muerte de miles de animales silvestres y ganado, hecho que no ha sido desvirtuado científicamente por parte del gobierno ni de las empresas.
Afectaciones a los derechos humanos
En tal sentido, se denunciaron asesinatos y la desaparición forzada de varios líderes sociales de la región, así como del director de Corporinoquía Carlos Hernando Vargas Suárez en 1998, quienes se opusieron a las compañías petroleras que vulneraban la normatividad ambiental y los derechos fundamentales con su operación.
¿Y el desarrollo donde esta?
Por otra parte, también se señaló que el negocio de hidrocarburos sólo genera beneficios para las compañías petroleras, ya que la situación socioeconómica de las zonas de influencia es supremamente precaria en cuanto a vivienda, educación, vías de comunicación, e incluso, suministro de agua potable, como es el caso de la capital del departamento (Yopal).
Que está pidiendo la comunidad
En consecuencia, se exigió al gobierno que tome las medidas necesarias para que se frene el desplazamiento al que se ha venido sometiendo a la comunidad por el ingreso y la permanencia de las compañías petroleras, el respeto a los ecosistemas, el sostenimiento y mantenimiento de las vías, la reparación y garantía de no repetición para los crímenes cometidos contra comunidades y líderes quienes han hecho frente al cambio cultural y económico que ha generado la industria petrolera en la región.
Para las comunidades y las organizaciones sociales es prioritario discutir el modelo económico que impulsa el gobierno, ya que este sólo está respondiendo a los grandes acuerdos e intereses del consumo y la ganancia extranjera, ya que se ha basado en explotar los recursos naturales de los territorios sin solucionar de fondo las problemáticas colectivas sino que genera graves afectaciones a los ecosistemas y reservas acuíferas de los suelos, situación bastante ilustrada por expertos en el tema como Manuel Vega, docente e investigador de las universidades Nacional y Externado, y Oscar García, abogado y miembro de la junta directiva nacional de la Unión Sindical Obrera.
Se presentaron además propuestas alternativas para el manejo soberano de los recursos naturales de la nación, tales como la construcción de una ley orgánica de hidrocarburos, la reducción del precio de los combustibles y la necesaria nacionalización de la industria petrolera, respondiendo a los intereses de la nación y no del capital trasnacional.
