La más reciente agresión militar de Israel contra el pueblo palestino dejó más de 2.000 muertos (75% eran civiles y al menos 450 de ellos niños), 10.000 heridos, 450.000 desplazados, 17.200 destruidos. Por el lado del agresor se contaron 64 víctimas mortales, todos ellos soldados del ejército israelí que participaban directamente en la confrontación militar.*
Claro que tal confrontación no se podría asemejar a lo que normalmente se conoce como un conflicto armado internacional, dada la desigualdad de los contendores: por un lado el ejército de Israel armado, entrenado y financiado por la mayor potencia capitalista de la actualidad (los Estados Unidos) y por el otro, la nación Palestina, que cuenta con algunas organizaciones que ejercen una precaria resistencia armada ante la ocupación, bloqueo y asedio que hace más de 50 años oprime a su pueblo.
Los resultados evidencian que todo ese poderío militar de Israel y su padrino estadounidense se han dirigido a atacar, principalmente, a la población civil, las mismas “personas protegidas” calificadas así por el Derecho Internacional Humanitario. Y la excusa para ello es un supuesto derecho a la “defensa propia” que ha alegado absurdamente el agresor. Decimos que es absurdo, porque precisamente Israel, el estado judío o el sionismo es quien ha invadido el territorio palestino desde hace más de medio siglo. Basta echar un vistazo al mapa de Palestina y la forma en que ha venido siendo despojado el pueblo de su territorio; desde antes de la creación del estado de Israel en 1948 por intermedio de la ONU ya se venían organizando colonias judías an interior del país, pero a partir de esa fecha y con el respaldo de los Estados Unidos y Europa, Israel se apropió de mas del 80% de Palestina.
Entonces, si es el puebo palestino el que ha sido despojado de su territorio, y para ello ha sido masacrado, encarcelado, bloqueado por Israel, cómo podría hablarse seriamente de que al estado judío le asiste un ‘derecho a la defensa’?
Pues bien, así ha estado la situación en esa pequeña pero importante porción del medio oriente, que representa nada menos que el puente entre los países árabes asiáticos y africanos y entre éstos y el continente europeo; también posee importantes puertos naturales en el Mar Mediterráneo y una salida al Mar Rojo (desde donde se accede al océano índico). Por esas y otras condiciones, el territorio palestino ha sido codiciado por imperios de todas las épocas (asirios, romanos, egipcios, bizantinos), especialmente por las potencias capitalistas que se afanan por el control de las rutas comerciales y los yacimientos de recursos naturales como el petróleo que también allí se encuentra.
Aunque Palestina es la cuna de las tres religiones monoteístas del mundo (Islam, judaísmo y cristianismo), por lo cual es conocida como la Tierra Santa, no es el aspecto religioso el principal factor del conflicto. El control de Palestina resulta fundamental para garantizar los intereses europeos y estadounidenses en el Golfo Pérsico y el Canal de Suez, y de paso impedir cualquier atisbo de unidad árabe que posibilitara el levantamiento y progreso los pueblos árabes opuestos a las potencias occidentales.
Y qué dice la ‘comunidad internacional’ sobre este conflicto? En primer lugar hay que resaltar que fue esa comunidad internacional, representada en la ONU, la que concedió a los judíos el establecimiento de un estado en territorio perteneciente a otra nación (como si tuviera autoridad para ello); esa decisión del organismo internacional no fue otra cosa que el resultado de una intención que ya venían trabajando las potencias capitalistas del siglo 19, especialmente Inglaterra y Francia, quienes se comprometieron con los empresarios y banqueros judíos a regalarle una porción de las tierras que a sangre y fuego habían logrado dominar .
No resulta curioso, entonces, que en noviembre de 1917 el ministro inglés de relaciones exteriores expresara que la corona británica estaba de acuerdo con la constitución de un ‘hogar judío’ en Palestina, en carta enviada al dueño de la poderosa compañía bancaria judía Rothschild.
Luego de esto, cuando Estados Unidos heredó el liderazgo capitalista que antes ostentaba Inglaterra, esa nueva potencia continuó los planes que en oriente medio habían iniciado los ingleses. La élite económica estadounidense vio en Israel un conveniente aliado para mantener una base política y militar en esa región, no sólo para mantener divididos los pueblos árabes de Asia y África (y así controlar su petróleo), sino para contrarrestar la incidencia que allí se empezaba a generar por parte de la Unión Soviética.
Fue así como, utilizando a la ONU, mediante la resolución 181 de 1947, se asignó el 55% del territorio palestino a una comunidad judía colonizadora que representaba sólo un tercio de la población. Una de las principales raíces del conflicto en Oriente Medio está en ese hecho: un pueblo fue despojado de su patria, de su territorio, para que éste fuera ocupado por gentes venidas de distintos países que sólo tenían algo en común, la religión judía (y el poder capitalista, claro). A partir de la aprobación del plan de partición contenido en la mencionada resolución de la UNO se desencadenó una guerra civil entre la comunidad judía y la palestina. También comienzan las primeras operaciones de “limpieza étnica” por parte de las organizaciones paramilitares sionistas.
Así funciona el imperialismo. Por la misma razón, resulta más que lógico que hoy, un siglo después, los gobiernos de Reino Unido (Inglaterra), Francia, Alemania y especialmente Estados Unidos, sigan brindando su apoyo incondicional a Israel para continuar con la masacre del pueblo palestino y el descarado robo de su territorio.
Y ese apoyo no es sólo moral o político. No se limita a mandar cartas de respaldo o emitir declaraciones públicas. Se expresa en miles de millones de dólares, euros y libras, armas y entrenamiento militar. También en vetar cualquier decisión que en el seno de los organismos internacionales se tome contra Israel, tal como ha sucedido en varias ocasiones dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Israel ha asesinado a familias enteras, destruido casas, escuelas y hospitales, pero esa tan mentada comunidad internacional no ha tomado ninguna medida eficaz para castigar esa criminal conducta. Las reacciones internacionales se han limitado a las resoluciones de la ONU, los informes de algunos organismos especializados y la solidaridad expresada por muchos de los países del mundo subdesarrollado.
Por ejemplo, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya declaró ilegal la construcción del muro en Cisjordania. Eso sucedió en julio de 2004, tras consulta que hiciera la asablea general de la ONU respecto a la arbitraria medida que tomó Israel para separar a los habitantes palestinos de los israelíes. Ese muro, que ya supera los 700 kms de longitud, le ha valido a Palestina la calificación de ‘cárcel a cielo abierto más grande del mundo’.
Así mismo, la Misión de Investigación de los Hechos de la ONU sobre el conflicto de Gaza tras la ‘Operación Plomo Fundido’ de Israel denunció que: “Aunque el gobierno israelí ha tratado de que parezca que sus operaciones eran esencialmente una respuesta a los ataques de cohetes en ejercicio de su derecho a la autodefensa, la Misión considera que el plan ha ido dirigido, al menos en parte, a un objetivo bien distinto: El pueblo de Gaza en su conjunto”. Esa misión internacional también reconoció que “La prolongada situación ha creado una crisis de la justicia en el Territorio Palestino Ocupado que necesita de urgente actuación” (A/HRC/12/48, par. 1958).
Al actuar de esa manera, Israel está violando sistemáticamente el derecho de los conflictos armados (DIH), que establece que pueden atacarse combatientes y objetivos militares, pero que prohíbe expresamente el ataque a bienes y población civiles. En eso consiste uno de los más importantes elementos de esa legislación internacional: el principio de distinción. Este principio se establece en los Artículos 48, 51 y 52 del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949. Ese régimen equivale a una forma de castigo colectivo que viola la incondicional prohibición estipulada en el Artículo 33 del IV Convenio de Ginebra y ha sido condenado internacionalmente por su ilegalidad.
Esto pasa, como decíamos antes, a pesar de los repetidos llamamientos que representantes de la ONU han hecho a Israel para que acate el principio de precaución al lanzar ataques en la franja de Gaza, dado que allí el peligro es mayor, dado que se trata de uno de los lugares más densamente poblados del mundo (4200 personas por kilómetro cuadrado).
Pero si sólo atacara objetivos claramente militares, es decir, si no se afectaran los bienes y la integridad personal de la población civil, Israel también estaría violando el DIH en su principio de proporcionalidad: ellos mismos han reconocido que han bombardeado edificios y barrios enteros a fin de eliminar a uno o dos militantes de la organización Hamas.
A raíz de esto, y gracias a la presión que la mayoría de países miembros de Naciones Unidad (latinoamericanos y africanos, principalmente), el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU adoptó la Resolución del 23 de julio de 2014 por la que se establece una comisión internacional independiente para investigar las violaciones del Derecho Humanitario Internacional y los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado.
Pero por qué en el caso palestino la comunidad internacional se limita a emitir resoluciones y en otros casos como el de Ucrania se imponen drásticas sanciones económicas y políticas a Rusia por apoyar a los independentistas? Por qué no se suspende el envío de armas desde Estados Unidos hacia Irsael para así disminuir su capacidad militar y con ello la magnitud de la masacre? Por qué no se sanciona a Israel por el bloqueo económico que ha impuesto sobre Palestina? Por qué no se inicia en la Corte Penal Internacional una investigación contra los líderes judíos que han ordenado los bombardeos contra población civil?
* Articulo publicado en septiembre en la edición impresa N° 19 de nuestro periódico Trochando Sin Fronteras
