Medio informativo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia

.

¿Para quién son los baldíos en Colombia?


recu1

Trochando sin Fronteras Edicción #24

Cuatizo Ulvio Martín Ayala – COSPACC

A 10 minutos en yate desde Orocué (Casanare), a orillas del río Meta, se encuentran las veredas El Porvenir y Matarratón del municipio de Puerto Gaitán (Meta), con una población de 120 familias.

Esta zona fue colonizada desde la década de los cuarenta, con el recrudecimiento de la violencia política. Para 1956 ya existían seis casas en el lugar donde actualmente se encuentra el caserío “El Porvenir”. Inicialmente este fue un lugar de paso, la gente se quedaba un tiempo allí y seguía llano a dentro buscando tierras para colonizar. En esos ires y venires a veces no encontraban y terminaban regresando al caserío, tal como recuerda una de las fundadoras.

Según ella, la comunidad ya llevaba varios años viviendo allí, cuando llegó a la región Víctor Machado, quien aparece con una empresa petrolera. Éste decide construir su casa e invadir cerca de 25 mil hectáreas de las  sabanas comuneras ubicadas a orillas del río Meta. A esos terrenos les dio el nombre de Hato Cabiona.

Desde antes de la llegada de Machado, las comunidades ya pastaban sus ganados en las sabanas comuneras que fueron encerradas por el terrateniente. Al verse afectados por la invasión de éste, decidieron acordar con Machado la posibilidad de continuar pastando el ganado allí, actividad  que realizaron durante años.

A causa de la muerte del señor Machado su viuda decide vender el Hato Cabiona a Víctor Carranza. Ya en manos de Carranza, a finales de 1986, llega un grupo paramilitar llamado “Los Masetos”. Es partir de ese momento que se acaba la tranquilidad de la comunidad, pues algunos de los paramilitares compraron tierras y luego asesinaron a varios campesinos. Esto ocasionó desplazamiento de los habitantes, la mayoría dejando sus predios abandonados, lo que facilitó que Carranza se apoderara de más tierras.

Destacados:  Cumbre Agraria se pronuncia frente al proceso de paz

Sin embargo, con el paso del tiempo los desplazados fueron regresando al territorio y tratando de recuperar los predios. En junio de 2012, la comunidad solicitó al INCODER  la revocatoria directa de 27 resoluciones de adjudicación de baldíos expedidas por el entonces INCORA, mediante las cuales se legalizó la usurpación de las 25mil hectáreas.  Esta acción jurídica fue asesorada por la Corporación Yira Castro, el senador Iván Cepeda y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello. El INCODER terminó dando la razón a los comuneros, mediante resolución de revocatoria directa No. 6423 de 30 de julio de 2014. Aunque esta decisión revocó la propiedad del predio, los terrenos no fueron regresados a sus antiguos poseedores como lo esperaba la comunidad, sino que quedaron en dominio de la Nación, en calidad de baldíos. Esta situación permite a los nuevos terratenientes retomar las tierras, en perjuicio de los campesinos.

Hoy el territorio se encuentra nuevamente amenazado por personas traídas por Elbert Abril (conocido como ‘El Renco’), quienes pretenden apoderarse del predio. Ellos crearon una asociación de desplazados llamada ASDEPAGRAL y con sus lujosas camionetas, tractores y camiones, han empezado a invadir las tierras. Desde mediados de este año han venido instalando cercas y construyendo ranchos, con lo cual han confinando tanto al ganado como a la comunidad, pues han quitando toda posibilidad de circulación.

En una jornada comunitaria desarrollada del 18 al 26 de septiembre pasado, los habitantes de las 2 veredas, se reunieron y acordaron quitar los obstáculos que confinaban sus ganados e impedían que éstos pastaran y bebieran libremente. Esta jornada estuvo acompañada de la guardia indígena de los pueblos Sáliva de Santarrosalía y Cubeos de Primavera (Vichada) y las corporaciones Claretiana Norman Pérez Bello, CHOAPO y COSPAC.

Destacados:  Sin Fronteras - Crónica Internacional abril de 2017

En asamblea el pronunciamiento del delegado de tierras de la defensoría del pueblo fue contundente a la hora de reconocer el derecho que la comunidad mantiene sobre estas tierras propuso un alto en las actividades hasta que el INCODER decida definitivamente. Los tierreros en cabeza de Elbert Abril, reconocido por labores similares en el departamento del Vichada, no aceptaron la propuesta de la defensoría y continuaron construyendo cercas y ranchos, en tanto la comunidad continuó tumbando algunas de ellas.

25.000 hectáreas resultan un plato exquisito para los terratenientes, más cuando se trata de un predio cercano a la Facenda -antiguo campo de entrenamiento de paramilitares- hoy uno de los proyectos modelo de la agroindustria.

Aunque 25000 hectáreas parezcan mucho terreno, para la zona rivereña de puerto Gaitán la extensión mínima adjudicable por familia tiene una extensión de 920 hectáreas. Lo anterior significa que toda esa tierra ni siquiera alcanza para las 120 familias de la comunidad que ha ejercido la posesión y mucho menos para incluir ahí a los nuevos colonizadores impulsados por el paramilitarismo.