El 17 de febrero un juzgado de Bogotá ordenó al Consejo Superior Universitario (CSU) adelantar los actos administrativos necesarios para restituir a José Ismael Peña en la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Una decisión que, lejos de resolver la crisis, desató un estallido político dentro de la institución.
En asamblea general, la comunidad universitaria respondió, por su parte la sede Bogotá declaró paro indefinido, señalando que la sentencia judicial desconoce la consulta universitaria, el mandato de la comunidad y el proceso constituyente que desde hace más de un año construye un modelo democrático de universidad.
En entrevista con Trochando Sin Fronteras, Gabriela Delgado representante estudiantil del Consejo Superior Universitario explicó que la asamblea fue convocada para analizar la coyuntura, discutir el alcance del fallo y definir una hoja de ruta colectiva.
El escenario no fue solo de rechazo al fallo, sino de construcción política. La vocera señala que la sede Bogotá decidió entrar en paro definido hasta la próxima asamblea, que evaluará el curso de acción colectivo.
“Una decisión judicial puede obligar a este cuerpo colegiado a poner una firma en un papel para designarlo como rector, pero no puede obligar a una comunidad a reconocerlo como tal”.
La frase, pronunciada en medio de la votación del Consejo Superior Universitario, sintetiza el choque entre una institucionalidad que intenta recomponerse desde arriba y una comunidad que exige un proyecto democrático de universidad construido desde las bases.
La comunidad universitaria no acepta una rectoría impuesta desde los escritorios judiciales ni desde la élite administrativa del CSU. Este episodio revela cómo los arreglos institucionales siguen operando para garantizar la permanencia de las burocracias académicas que han llevado a la universidad pública a su crisis más profunda. Mientras la institucionalidad busca restaurar el orden que protege sus privilegios, la comunidad reafirma que la transformación no surgirá de pactos entre cúpulas, sino de los procesos organizativos que hoy sostienen el paro, la deliberación y la construcción constituyente.
Las exigencias: democratizar la rectoría y defender el proceso constituyente
La asamblea definió cuatro ejes de lucha:
Renuncia inmediata de José Ismael Peña, a quien consideran un rector sin legitimidad.
Garantías plenas para la Mesa Estudiantil Constituyente (MECUN) y el proceso constituyente que avanza hace más de un año.
Aprobación del mecanismo de elección de rectoría propuesto desde el proceso constituyente.
Ampliación de los escenarios de debate, incluyendo encuentros nacionales de estudiantes y profesores.
La decisión también se extendió territorialmente: otras sedes y facultades en Medellín, Palmira, Manizales y la sede Caribe han realizado asambleas, declarado asamblea permanente o se han sumado al paro definido.
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Más que un conflicto administrativo: un choque de proyectos de Universidad
Como lo evidencia la comunidad organizada, el conflicto no es técnico, ni jurídico, ni “administrativo”: es un choque entre dos modelos de universidad.
Por un lado, sectores que buscan resolver la crisis por vía judicial, asegurando la continuidad de una rectoría no electa democráticamente y que hace prevalecer la burocracia académica. Por el otro, la comunidad universitaria que sostiene que cualquier salida legítima debe surgir desde la base, mediante asambleas, deliberación popular y mecanismos construidos colectivamente.
La restitución de Peña ignora que Leopoldo Múnera obtuvo mayoría en todos los estamentos durante la consulta universitaria, y desconoce un año de debates constituyentes que avanzaban hacia un mecanismo democrático de elección. Para estudiantes y trabajadores, la maniobra judicial es un retroceso autoritario que pretende frenar la democratización en curso.
En ese marco, la próxima semana será decisiva. La comunidad universitaria apuesta a que la fuerza de la movilización —paros, marchas, plantones, encuentros y asambleas— supere la maraña jurídica que intenta neutralizar el mandato popular.
Como expresó la vocera, el horizonte es claro:
“Debemos seguir construyendo propuesta y garantizar los espacios democráticos que hemos venido defendiendo.”
La crisis revela que no es la legalidad la que sostiene a la universidad pública, sino la legitimidad que nace del trabajo organizativo. Mientras las élites administrativas maniobran para preservar su control, la comunidad universitaria ya abrió un camino distinto: uno donde la democracia no se decreta, se construye.
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