Acoso contra los hogares sustitutos y privatización en Soacha

Trochando Sin Fronteras – Marzo 24 de 2020

Acoso contra los hogares sustitutos y privatización en Soacha: ¿Está preparado el ICBF para asumir  manejar los hogares en medio de la emergencia por el COVID19?

La rápida expansión de la pandemia del COVID19 en nuestro país pone en cuestión la capacidad del Estado de atender los efectos de la crisis sanitaria y económica. El equipo de Trochando Sin Fronteras indagó la situación actual de los hogares sustitutos en el municipio de Soacha, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, y constató una situación generalizada de acoso en contra de las madres sustitutas, precarización laboral de los profesionales que prestan sus servicios a la entidad y la privatización del sistema de protección a niños y niñas.

Desde hace varios años el país ha sido testigo de numerosas movilizaciones de las madres comunitarias del ICBF, que a fuerza de marchas, bloqueos y tutelas han conquistado el reconocimiento de derechos labores como el salario mínimo. No obstante, es distinta la situación de la red de hogares sustitutos que hacen parte del programa de protección para el restablecimiento de derechos, dirigido a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, población que se ha incrementado dramáticamente en el municipio de Soacha, municipio que experimenta una crisis social sin precedentes provocada por factores como el desempleo, el control territorial que ejercen grupos irregulares y la recepción de familias despojadas por la violencia en todo el país.

Los hogares sustitutos son encargados a mujeres de Soacha que asumen el cuidado de los niños, niñas y adolescentes que ingresan al programa de protección, para esto disponen de su red de apoyo familiar, sus viviendas y garantizan el cuidado integral de los menores durante las 24 horas, 7 días a la semana. El acompañamiento afectivo y el resguardo, el seguimiento del historial médico y la integración de los niños al precario sistema educativo del municipio, son tareas que deben asumir las madres sustitutas, que forman con su trabajo la base del sistema de protección social del Estado colombiano.

No obstante, las madres sustitutas no son reconocidas como trabajadoras en los términos que establece el código laboral, reciben un bono mensual de $877.000 pesos que no es considerado como un salario a pesar de que desarrollan su labor 24 horas al día, en pocas palabras, el sistema de protección social colombiano se apoya en la explotación sistemática del trabajo de estas mujeres, que no poseen mecanismos formales de sindicalización para la reivindicación de sus derechos pues no son reconocidas dentro de una relación contractual formal. Sin duda, esta situación constituye un caso paradigmático de trabajo de cuidado no pago, que casi siempre se salda con enfermedades asociadas a la labor, la sobrecarga de trabajo, el desgaste emocional provocado por el acoso del ICBF o el desempleo.

Ahora, en plena crisis por la pandemia, las contradicciones de este esquema se hacen más evidentes. En el marco de su proceso de privatización, el ICBF ha delegado en Cundinamarca la gestión del programa de hogares sustitutos a la Corporación Amor por Colombia, con un contrato que entre 2016 y 2017 superó los 8974 millones de pesos, esta organización privada, cuya licencia fue renovada por el ICBF  con la resolución 4799 de 2018, tiene entre sus labores la supervisión de los hogares sustitutos, incluyendo el tratamiento psicológico e intervención de trabajo social para los menores.

La privatización del esquema de gestión del programa de protección ha agudizado el acoso del que son víctimas las madres sustitutas: visitas periódicas que violentan la intimidad de sus hogares (espacios físicos por los que el Estado no paga un peso), despidos arbitrarios que no responden a ningún protocolo formal de sanciones o reglamento interno, entre otros, se han convertido en hechos recurrentes, deteriorando las condiciones laborales de las madres sustitutas y, con ello, la calidad de vida de los niños y niñas que hacen parte del programa.

La fuerza de la ley y el sentido común indican que es el Estado el que debe garantizar la salud pública y ofrecer los recursos necesarios para la contención sanitaria y la protección de los hogares sustitutos en la actual emergencia. Pues bien, en Soacha el operador privado, Amor por Colombia, ha incurrido en faltas graves y omisiones que bien podrían ser objeto de revisión de los órganos de control: han convocado a las madres sustitutas para que se aglomeren en las instalaciones del operador para la recepción de bienestarina, exigen a los hogares que proporcionen a los niños insumos sanitarios como tapabocas y guantes, con registros fotográficos para probar el cumplimiento de la medida; la situación ha llegado al extremo de que una de las funcionarias de la Corporación se comunicó con las madres sustitutas para pedirles que se dirigieran al puente de San Mateo, lugar donde estaban vendiendo tapabocas.

Este hecho revela que el ICBF y sus operadores no cuentan con un sistema de aprovisionamiento de insumos o abastecimiento de alimentos y productos básicos de aseo, es decir, con una red institucional de apoyo a los hogares; en su lugar han profundizado el mecanismo de vigilancia que descarga sobre los hombros de las madres sustitutas, y sus familias, las labores de contención que corresponden enteramente al Estado, creando un clima de hostigamiento y acoso que poco ayuda a enfrentar los efectos de la crisis, agravada por la precarización económica a la que el mismo sistema somete a los hogares sustitutos, que reciben las cuotas de sostenimiento y bonos por mes vencido y con hasta dos semanas de retraso, es decir, las madres sustitutas deben asumir la manutención económica de los menores durante 45 días.

Uno de los aspectos más graves de esta situación ha sido la decisión del operador de mantener las visitas domiciliarias, que no están relacionadas con la inspección sanitaria sino con la supervisión ordinaria de los hogares, elemento que revela otra arista del problema: la precarización de las condiciones labores de los profesionales que prestan sus servicios en el ámbito del derecho, el trabajo social y la psicología, casi todos sujetos a contratos de prestación de servicios. Este modelo de contratación ha debilitado la capacidad de gestión del ICBF, prolongando procesos y revictimizando a los menores, y en la actual coyuntura impone fuertes presiones para que los profesionales cumplan con sus obligaciones contractuales a riesgo de perder su trabajo.

Propuestas para superar la crisis

Ante esta situación y ante la gravedad de la crisis sanitaria que enfrenta nuestro país, nos atrevemos a proponer las siguientes medidas que podrian tenerse en cuenta para avanzar en superar la crisis de los hogares sustitutos:

1. Que se conforme inmediatamente una Red Institucional de Apoyo, que garantice el abastecimiento de insumos sanitarios, productos de aseo y alimentos a los hogares sustitutos de Soacha.

2. Se detenga el hostigamiento en contra de las madres sustitutas de este municipio, tomando medidas efectivas para la dignificación de su labor y su reconocimiento como trabajadoras del Estado; en la actual emergencia se debe concertar con ellas las estrategias de cuidado y contención.

3. La intervención inmediata de la Personería Municipal y la Contraloría, para que identifiquen si la Corporación Amor por Colombia y el centro zonal del ICBF están tomando medidas efectivas para la contención de la pandemia.

4. La formalización de las condiciones laborales de las madres sustitutas y de los profesionales que prestan sus servicios al ICBF y a los operadores, para crear un sistema integral de protección social que supere los contratos de prestación de servicios y ofrezca garantías laborales a estas madres.