Trochando Sin Fronteras edición 32 – Mayo – junio de 2017
Por: Corporación Choapo
La ley 160 de 1994, dejó claro que las tierras baldías de la nación deberían ser tituladas a los campesinos sin tierra. En este marco, 200 familias campesinas, indígenas y víctimas del conflicto armado, entraron a reclamar cerca de 16.000 hectáreas en zona rural del municipio de Puerto Gaitán -Meta-, al considerarlas como predios baldíos titulados de manera irregular, al grupo empresarial ALIAR S.A., dueño de la empresa productora de cerdos LA FAZENDA.
El predio El Brasil, es un baldío de la Nación, titulados a 16 campesinos en los años 90, por el Instituto Nacional Colombiano para la Reforma Agraria -INCORA-. Sin embargo, pasó a ser controlado por paramilitares “Los Carranceros”, liderados por el esmeraldero Víctor Carranza, quienes hicieron alianza nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, los mismos que en 1997 cometieron la masacre de Mapiripán. Delinquieron desde el Vichada hasta Puerto Gaitán y Puerto López. Se desmovilizaron con el nombre de Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada -ACMV-, el 6 de agosto de 2005 en la finca La María, en Puerto Gaitán, con 209 integrantes.
La jugada para legalizar el despojo
El predio El Brasil fue ocupado por los Paramilitares de Víctor Carranza, desde allí operaron en la región. Una vez desmovilizados, el 3 de abril de 2007 se creó la sociedad Agua Linda Inversiones S.A, con el aporte de los 16 predios en cuestión, pero ninguno de los campesinos propietarios asistió a la diligencia, a cambio fueron representados de la siguiente manera:
El abogado Julio César Pérez Niño representó, mediante poder a 13 propietarios de las parcelas adjudicadas por el INCORA, entre ellos a Segundo Luis Gaitán Ramos, ya fallecido.
Fernandel Alfonso, como representante de Yesid Carranza Córdoba, hijo de Víctor Carranza quien aparece como dueño de uno de los predios adjudicados.
Yesid Eduardo Chaparro Alfonso y Miguel Alfonso Veloza, nuevos dueños de las otras dos parcelas que el INCORA había adjudicado y que ellos compraron en 2002 y 2007.
En acto notarial, se nombraron como gerentes de la Sociedad Agua Linda Inversiones S.A, a Sergio Andreiv Poveda Mojica y María Blanca Carranza, esposa de Víctor Carranza. En la escritura quedaron registrados los 16 predios. Después de 10 días de la creación de la sociedad, se firma la promesa de compraventa de estos terrenos entre Agua Linda y la empresa Agropecuaria ALIAR S.A. El 2 de mayo, del mismo año, se englobaron los 16 predios para crear El Brasil.
Aliar S.A, cedió la totalidad de los derechos y obligaciones que le correspondía en promesa de compraventa a 10 sociedades; la Agropecuaria Futuro, San Martino, Alores y Visión de origen antioqueño, creadas el 22 de diciembre de 2006 en Medellín, y a las sociedades Premex, Entrehogar, Inversiones Arar, Concesionaria Prollanura y proyecto la Fazenda, domiciliadas en Bucaramanga. Los representantes de estas sociedades son o han sido de la junta directiva de la agropecuaria Aliar S.A.
El 15 de mayo de 2007 mediante la escritura pública 2676, de la notaria 3ra de Bucaramanga, se constituyó la fiducia mercantil de administración a 20 años, entre las 10 sociedades y la sociedad Helm Trust S.A, sobre el predio el Brasil. Se realizó la venta del predio en cumplimiento a la promesa de compraventa. Creando un enredo jurídico del traspaso de títulos de los predios, permitiendo que la propiedad de FAZENDA sea irrefutable.
La complicidad de la institucionalidad
En el estudio de los títulos se ha encontrado que los funcionarios que aceptaron el registro del predio el Brasil fueron los mismos que permitieron el englobe del predio el Porvenir, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán y con un pasado de irregularidades. Entre los implicados se encuentran la ex notaria cuarta de Villavicencio Gloria Emma Camacho Romero y el registrador de la oficina de instrumentos públicos de Puerto Gaitán, Jairo Alfonso Gutiérrez.
El Alcalde de Puerto Gaitán, Alexander Fierro y el Inspector de policía, Jhon Jairo Amado Cruz, llevaron a cabo la diligencia de desalojo los días 08, 09, 10 y 11 de mayo de 2017, acompañado de más de 400 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- y 100 miembros de la policía.
El 05 de mayo del presente año, el Procurador 6 Judicial II, Agrario y Ambiental, solicita al inspector que suspenda la diligencia porque: “están en curso varias tutelas por parte de las familias que ocupan el predio, falta de claridad en los linderos del predio en mención, presencia de campesinos desplazados, indígenas y vulnerables”.
La personera municipal Marisol Durán Devia, defendió la diligencia sin tener en cuenta la situación de la población desplazada y vulnerable, y sin la presencia de los delegados de la defensoría del pueblo y del ICBF.
“Si la solución institucional al reclamo de tierra para los campesinos pobres es la violencia, al pueblo solo le queda la organización y la movilización social, recordando que los derechos no se mendigan, se alcanzan al calor de la lucha”.
