Medio informativo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia

.

¿Qué cambió en Colombia con la dejación de armas de las FARC?


Acto de dejación de armas Mesetas – Meta Foto: Presidencia de la República

Trochando Sin Fronteras, edición 33, julio – agosto de 2017

Por: Eduardo Sogamoso 

 

El 26 de junio pasado las FARC-EP concluyeron el proceso de dejación de armas con la entrega de 7.132 tales elementos al sistema de Naciones Unidas. Se fijó como fecha el primero de agosto para trasladar esas armas fuera de las zonas veredales para su destrucción; así mismo, se continuará con la inspección de las caletas.

En Colombia  la gran mayoría de los habitantes no tiene condiciones mínimas de bienestar, mientras unas cuantas familias acumulan capital y sirven de puente para que las multinacionales se apropien de los recursos naturales y de riqueza social; tal es la causa del conflicto social, político y armado que se vive en este país desde hace más de 53 años.

La guerrilla de las FARC, luego de un proceso de diálogo con el gobierno nacional, ha decido dejar las armas y continuar su lucha desde el campo legal. Pero al colombiano de a pie le generas dudas el proceso, tal vez porque el acceso a la información es muy poco o recibe información manipulada de acuerdo a los intereses de los que ostentan el poder.

En esa negociación ha salido del juego un actor armado, al cesar sus acciones y entregar sus armas, pero la violencia en la mayor parte del país continúa.

El paramilitarismo, entendido como un mecanismo de guerra sucia del Estado, se ha hecho evidente en los casos recientemente ventilados en los medios de comunicación, en los cuales altos funcionarios públicos, tanto civiles como militares y de policía, se han visto envueltos en investigaciones por sus nexos con estructuras paramilitares. Tal como lo han denunciado defensores de derechos humanos y víctimas, el paramilitarismo como una forma encubierta de actuar por parte de la fuerza pública y de sectores del poder económico, se sigue expresando en acciones violentas contra la población civil y en el control territorial en algunas regiones de Colombia..

De acuerdo a un informe presentado en el mes de enero por INDEPAZ, se evidencio la presencia de estructuras paramilitares en 344 municipios de 31 departamentos del país[1].

Por otra parte, medidas estatales como la reciente reforma tributaria y la ley de tierras, entre otros actos legislativos promovidos por el Estado, sumado a las necesidades básicas insatisfechas, generan en el país una sensación de desconfianza en su dinámica social y política.

Como si fuera poco, el gobierno nacional y las demás autoridades del Estado han venido incumpliendo los compromisos hechos con comunidades y movimientos sociales del país, tales como la titulación de tierras, la entrega de subsidios para los pequeños productores y la superación de la crisis de la salud. Lo mismo ha pasado con las FARC, a quienes les han bailado el indio con la implementación de los acuerdos. La mayoría de los miembros de esa organización que se encontraban privados de la libertad a la firma del acuerdo, continúan en las cárceles, ya que los jueces les han negado la libertad en aplicación de la amnistía que ya está vigente. Más aún, varios de los que han salido en libertad, fueron asesinados en lo que va corrido del año, en departamentos como Causa, Nariño y Chocó.

Mientras al mundo se le vende la idea del fin del conflicto y la Paz, las comunidades del Chocó y Buenaventura debieron salir a protestar por derechos básicos insatisfechos. En pleno siglo XXI la gente debe salir a las calles a exigir cosas tan elementales como acueducto, alcantarillado, escuelas, colegios, hospitales o carreteras, entre otras necesidades sin resolver por parte del Estado. Eso dice realmente el momento que vive el país.

Lo anterior solo por citar algunos ejemplos, claro está, sin dejar pasar asuntos de gran calado para el país como la corrupción,  el asesinato sistemático y la judicialización de líderes sociales, que hablan de las verdaderas intenciones de Paz del sistema.

Esa Paz de la cual hablan el gobierno, los ricos y las empresas multinacionales, le es ajena a la sociedad en general. Porque el hecho de que uno de los actores armados deponga o entregue sus armas no ha propiciado que las condiciones de vida de la gente mejoren, ni que se resuelvan los problemas más sentidos. Por el contrario, esa ilusión ha sido aprovechada por todos ellos (el gobierno, los ricos del país y las multinacionales) para afirmarse en el poder en el campo político, social, cultural, económico, religioso, etc., para garantizar que seguirán acumulando riqueza y apropiándose del territorio para sus intereses.

En ese orden de ideas, ¿qué ha cambiado con la dejación de armas por parte de las FARC? Y si no cambiado nada, ¿Cómo logrará el pueblo colombiano obtener mejores condiciones de vida?

[1] XII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2017/02/XII-INFORME.pdf