Trochando Sin Fronteras 27 de junio de 2016
El pasado 23 de junio, después de 50 años de guerra y 4 de diálogos -en medio de las hostilidades-, se firmaron tres acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en la Habana.
Los acuerdos son sobre cese al fuego y hostilidades, dejación de armas, garantías de seguridad y lucha contra ‘organizaciones criminales’ responsables de homicidios, masacres o que atentan a defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. También se incluyen ‘organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo’.
Acerca de la refrendación, las partes se comprometieron a acatar la decisión que tome la Corte Constitucional con relación al plebiscito como mecanismo para tal fin.
Sobre el acuerdo de cese al fuego y dejación de armas, Trochando Sin Fronteras entrevistó a Juvenal Arrieta, líder de la ONIC -Organización Nacional Indígena de Colombia- quien en a afirmó que el 80% de la población rural indígena en el país ha sido víctima del conflicto. Frente a esto, Arrieta exigió garantías y participación en el proceso de paz.
‘Los organismos internacionales deben ser garantes en este proceso para que los actores del conflicto no violen los acuerdos y no terminen siendo peor de lo que hay, que el remedio no salga peor que la enfermedad’, dijo Arrieta.
Si bien es cierto que este es un momento importante para el país, la firma de ese acuerdo no es el final de la guerra en Colombia. La guerra termina cuando cambie la situación política, económica y social que le dio origen y que la mantuvo durante tantos años; cuando los jóvenes puedan acceder a la educación superior gratuita y de calidad; cuando los enfermos no se mueran en las puertas de los hospitales esperando la autorización de una EPS; cuando la oposición política tenga garantías y participación para ejercer su labor; cuando se termine el tratamiento de guerra que el estado ha impuesto a los movimientos sociales en este país.
Pero eso no se ve cerca. Para la muestra un botón: lo que sucedió en la pasada Minga Agraria fue que golpearon brutalmente a nuestros campesinos, indígenas y afros, quienes tuvieron que salir a las carreteras del país a exigir sus derechos.
La paz y las condiciones para que ésta sea posible, deben discutirse con el pueblo y con los movimientos sociales que lo representan, para que así las mayorías se sientan representadas en el proceso de paz y en los resultados del mismo.
El caso del paramilitarismo y su implementación histórica debe ser muy bien analizado, por que ese fenómeno ha sido uno de los principales causantes de violencia y de derramamiento de sangre e Colombia. No basta con ponerle ahora nombres eufemísticos como ‘organizaciones criminales’, pues lo único que se logra es deformar la cruda realidad que vivieron millones de personas (los hoy desplazados y demás víctimas de la guerra sucia del estado).
Además, también se deben investigar a todo aquel que haya tenido cualquier tipo de participación en esas estructuras criminales, ya fuera en la planeación, en la financiación o en la ejecución.
La paz no llega dialogando solo con una guerrilla, ni tampoco limitando al máximo los temas a tratar. Se deben incluir todas las insurgencias y obviamente también al pueblo, cada sector tiene sus propias propuestas de país y así lograr mediar la diferencia.
El estado colombiano debe estar a disposición de la paz y cambiar sus actitudes de guerra -ej: nuevo código de policía-. Pero este código de policía es implementado precisamente en medio del proceso de paz a poco tiempo de haberse terminado la minga y haber abierto negociaciones con las comunidades campesinas, indígenas y Afrodescendientes del país. Voluntad de paz?
