Los hechos que referencia la denuncia ocurrieron el 13 de octubre de 2025 en medio de una concentración que comunidades y organizaciones de Santander realizaban en el municipio de Confines en medio de la Jornada Nacional «Aquí en la Lucha».
Los ataques y hostigamientos se realizaron en la concentración de campesinos y campesinas, jóvenes, mujeres, ancianos y defensores de derechos humanos que pretendían denunciar el incumplimiento de acuerdos por parte de los diferentes gobiernos, la falta de inversión en materia productiva, las afectaciones ambientales al territorio y el pésimo estado de las vías en la región, principalmente las secundarias y terciarias.
Ante las voces que niegan la pertenencia de las comunidades concentradas en Confines, en la denuncia los manifestantes recalcaron su arraigo a la región. «Recalcamos que nuestros procesos organizativos y sociales son y tienen arraigo en el territorio e incluso nuestra organización campesina nació hace más de 10 años en la provincia comunera».
En la denuncia, las comunidades afectadas, recalcaron que pese a que la protesta social es un derecho constitucional, la concentración fue cercada, atacada e impedida por grupos de civiles armados, en actitudes hostiles y con beneplácito de las instituciones civiles, policiales y militares en los municipios de Confines, Palmas del Socorro, El Socorro y San Gil. En el mismo documento y en los videos que circularon por redes sociales se evidenció que las comunidades fueron obligadas a una marcha forzada, dispersando y dejando heridos, así como afectaciones sicológicas.
«Estos hechos que constituyen tratos crueles e inhumanos, marchas de la muerte, tortura, amenazas, entre otros, prohibidos por la carta interamericana de los derechos humanos, la convención contra la tortura, la declaración internacional de los derechos humanos y la constitución política (artículo 22A que prohíbe la financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes. Artículo 12, prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, Artículo 37, derecho a la protesta pacífica, Artículo 95 y 93,bloque de constitucionalidad y prevalencia de tratados internacionales de DDHH)».
Ante los delitos cometidos por personas sin identificar, y la complicidad de las autoridades locales, las comunidades llamaron al gobierno nacional para que se viabilicen los acuerdos realizados el 17 de octubre, específicamente los siguientes:
“Garantizar los derechos humanos de las personas y el movimiento social participante en las protestas y, por tanto, rechaza su estigmatización y criminalización.”
“Canal de comunicación entre la Fiscalía General de la Nación para prevenir y atender la estigmatización y la judicialización de la protesta social”
“(…) eleva una solicitud de visita del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en relación con la presencia de los llamados “grupos de choque”, compuesto por personas vestidas de civil que han ejercido la violencia contra los manifestantes.”
Según las comunidades afectadas, los graves hechos demuestran el avance de las estructuras paramilitares y de actuar paramilitar en el departamento. Asimismo, la acción unificada entre instituciones, reservistas y los llamados frentes de seguridad ciudadana.
En la denuncia, las comunidades solicitaron a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y demás instancias que sean abiertas las investigaciones contra los funcionarios públicos, contratistas, civiles y demás responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. «A la Fiscalía General de la Nación: abrir investigación penal e identificar responsables materiales e intelectuales de los hechos; a la Procuraduría General de la Nación: investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos implicados, y al Sistema Interamericano de derechos humanos: dar acompañamiento y observación internacional, así como abrir las investigaciones correspondientes».
Denunciamos los actos de tortura, tratos crueles e inhumanos cometidos por instigación de concejales, gobernador @GralJuvenalDiaz secretarios, policías y militares contra comunidades movilizadas en Santander. pic.twitter.com/YEqGi1xt05
— ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA JOSÉ A. GALÁN ZORRO (@Asonalca_) October 20, 2025
Frente a los hechos y en las acciones contra las comunidades movilizadas, se denunció que las siguientes personas cumplieron un papel directo en la instigación, justificación, omisión o falta de garantías de los derechos de los manifestantes.
- Ezequiel Andrés Parra identificado con la CC: 1.101.694.176 Concejal del municipio de Palmas del Socorro, miembro del Partido Liberal
- Marcos Jesid Prada Ortiz cédula de ciudadanía No. 1.098.386.314 – Personero de Confines
- el Mayor Julián Ramírez comandante del distrito 2 de Policía
- el subintendente Edward Jaimes
- el patrullero de la SIJIN, Miguel Prada
- Oscar Eduardo Hernández Duran, identificado con CC: 91.238.560, secretario del interior de Santander y exmiembro de la Armada Nacional y Excandidato a la alcaldía de Valle de San José por el Partido Cambio Radical
- Juvenal Díaz Mateus, Gobernador de Santander, identificado con cc: 91.257.312, investigado por encubrimiento de asesinato de un civil siendo militar activo.
Entre otros civiles, funcionarios, contratistas, miembros de medios de comunicación y miembros de la reserva activa en calidad de capitanes, coroneles y sargentos.
