Trochando Sin Fronteras, agosto 13 de 2019
[quote]Continúa señalamiento a líderes sociales de Arauca, poniendo en riesgo la vida y las dinámicas de las comunidades[/quote]
[dropcap color=»#ddc80d» type=»square»]La[/dropcap] líder comunal Sandy Johana auxiliar administrativa de la Asociación Juntas Unidas de Caño Limón y Lipa – JUNCALI denuncio la persecución por parte de las Fuerzas Militares e intento de un falso positivo judicial por parte de la Fiscalía en el municipio de Tame – Arauca.
El hecho se registró en el momento que transportaba un dinero pertenecientes a las comunidades que viven alrededor de los complejos petroleros de Caño Limón y Caricare y que se encuentran organizadas en Juntas unidas de Panamá – JACUP y las Juntas Unidas de Caño Limón y Lipa – JUNCALI
En su denuncia refirió los abusos de autoridad que tuvo que vivir cuando fue retenida por el Ejército Nacional y la estigmatización y señalamientos que le hicieron dentro de las instalaciones militares por parte de los agentes de inteligencia de las Fuerzas Militares.
En un comunicado a la opinión pública las Juntas JACUP y JUNCALI denunciaron que este tipo de estigmatización pone en riesgo la integridad, vida e incluso libertad de sus líderes, por lo que alertaron a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para que se expresen frente al Gobierno y condenen dicha conducta estatal y empresarial, igualmente, exhortaron al ministerio público para que emitan las alertas tempranas sobre el riesgo que dejan estos señalamientos.
En apartes del comunicado las comunidades referencian su trabajo y construcción histórica: “Nuestro trabajo ha sido tesonero y dedicado entorno a la defensa de oportunidades laborales para nuestras comunidades, a la discusión respecto de los estragos sobre los ecosistemas destruidos o en proceso de destrucción de parte de la industria, la defensa de los derechos humanos de nuestras comunidades en un territorio presa de los intereses transnacionales, la inversión social negada por las petroleras durante más de 30 años de explotación petrolera y la reivindicación cultural de nuestro pueblo”.
Las Juntas de Acción Comunal, las comunidades y los líderes sociales y comunales han indicado que a pesar de la campaña mediática y de estigmatización, no van a renunciar al trabajo honesto y digno que permita mejorar la calidad de vida y medio ambiente en el entorno social. Y responsabilizan a las empresas petroleras y el Gobierno de cualquier agresión así lo indican en un aparte del comunicado: “Este tipo de estigmatización pone en riesgo nuestra integridad, vida e incluso libertad, por lo que alertamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para que se expresen frente al Gobierno y condenen dicha conducta estatal y empresarial”.
