Trochando Sin Fronteras, 13 de junio de 2017
El Movimiento Social en Colombia, ha venido sufriendo una constante persecución y criminalización, estas son las razones para que el Congreso de los Pueblos, delegaciones de Cumbre Agraria Étnica y Popular, el día 12 de junio de 2017, realizaran un plantón frente a la Fiscalía General de la Nación. Allí se reunieron cerca de mil personas para rechazar la criminalización y judicialización a la protesta social, el asesinato selectivo a líderes y lideresas. Y denunciar la presencia de grupos paramilitares en los territorios, aunque el gobierno, la fiscalía, las fuerzas militares y policiales aseguran que en Colombia no hay grupos paramilitares.
Este plantón inició con la campaña “ser líder social no es delito”. La cual busca visibilizar el trabajo social y político de los líderes en sus territorios. Contó con la participación líderes como Marilen Serna vocera de los Congreso de los Pueblos y Robert Daza vocero del Coordinador Nacional Agrario en Cumbre Agraria. Como garantes estuvieron el senador campesino Alberto Castilla y parlamentario Víctor Correa.
Marilen Serna, una de las líderes que se presentó ante la Fiscalía expreso “nos encontramos aquí porque hemos constatado una persecución sistemática por parte de la Fiscalía General de la Nación hacia líderes y lideresas a lo largo y ancho del país. Hemos tomado la decisión de venir a presentarnos para que nos digan los motivos por los que nos persiguen y desprestigian en nuestro territorio. Venimos con la frente en alto, con la dignidad que nos da derecho de ser líderes de movimientos sociales que defienden la vida y el territorio”.
El líder social Robert Daza, en el plantón frente a la Fiscalía expreso su preocupación por la forma que se trata a quienes trabajan por el bienestar de la comunidad y el ambiente: “a los líderes sociales se les judicializa por defender el agua, el territorio, la vida, la educación, la tierra, la población, a los excluidos. Esto sucedió con la vocera de la Cumbre Agraria Milena Quiroz, a ella la desterraron, la han encarcelado, su delito fue tener la capacidad de mover masas, organizar marchas y por eso la señalan como un peligro para la sociedad”. Agrega Robert Daza que: “este es un gobierno, una oligarquía que todavía está en el siglo pasado, en la edad media, que cree que tiene derecho y es dueña de las personas”.
Los líderes y lideresas del movimiento social enfrentan la barbarie y el terrorismo de Estado presentándose ante la opinión pública nacional e internacional, para seguir adelante con sus proyectos de vida. Para Robert Daza: “es imposible renunciar a las vocerías en las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional, porque ahí están las propuestas de dignidad para nuestra comunidad, nuestros campesino, para nuestros pueblos afros e indígenas”. Manifiesta Daza su solidariza con el paro del magisterio colombiano.
Desde el Sur de Bolívar, los líderes sociales, manifiestan su rechazo a la persecución que se adelanta en contra de la protesta social y sus líderes. Gabriel Henao líder social de este territorio indica que: “en el Sur de Bolívar, hay una militarización de muchos años que se dedica a perseguir a los líderes y lideresas, pero no persiguen a los paramilitares que hacen presencia en este territorio”.
Francia Márquez, lideresa social del Proceso de Comunidades Negras, que se presenta voluntariamente afirma: “vamos a realizar este acto para decirle al gobierno nacional y a la fiscalía que estamos dando la cara porque nosotros no estamos cometiendo ningún delito, estamos protegiendo la vida, el territorio y hoy hay una persecución política, mientras tanto no encontramos respuestas frente a los asesinatos, desplazamientos y múltiples amenazas”.
Marcela Cruz, abogada defensora de los líderes, hablo con Trochando Sin Fronteras indicando que: “se está haciendo acompañamiento a un grupo de líderes y lideresas sociales que han sentido persecución por parte del Estado colombiano, que han tenido la sospecha que están siendo judicializados por seguimiento e interceptación de sus comunicaciones. Ellos tomaron la decisión de presentarse voluntariamente ante la Fiscalía General para exigir que se les resuelva su situación jurídica si es que hay un proceso en su contra”. Marcela Cruz, describe “se pudo constatar que ninguno de ellos tiene una orden de captura vigente, pero es posible que los líderes y lideresas sociales estén siendo objeto de algún tipo de seguimiento y no es suficiente con lo que se dice con las ordenes de captura”.
En este acto de dignidad, los asistentes evocaron las canciones que se entonaron en el paro cívico del Puerto de Buenaventura, al momento que los líderes y lideresas hacían tránsito, hacia la Fiscalía, que a la letra dice “el pueblo no se rinde carajo, vamos pueblo carajo, por la dignidad carajo, el pueblo no se rinde carajo, por la libertad carajo, el pueblo no se rinde carajo”.
