Según el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), en lo corrido del 2024 se han registrado 90 asesinatos de líderes sociales en Colombia, esta cifra se registró el pasado 15 de julio con el asesinato del líder juvenil y excandidato al consejo de Briceño, Antioquia, Dideison Espinosa, quien también era parte del consejo municipal de Juventudes de su lugar de origen.
Cauca, Antioquia y Nariño, son los departamentos que concentran mayor número de asesinatos contra líderes sociales; siendo los líderes indígenas, comunales y defensores de derechos humanos, los principales blancos de dicha violencia. Por otra parte, los perpetradores suelen ser grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el Clan del Golf, El Estado Mayor Central y demás grupos al margen de la ley, los cuales buscan controlar territorios estratégicos para actividades ilícitas.
Esta situación de violencia es crítica y preocupante, no solo por la cantidad de asesinatos, sino también por la impunidad y la falta de respuesta efectiva por parte del Estado; pues a pesar de las denuncias y alertas tempranas emitidas por organizaciones y entidades como la Defensoría del Pueblo, las medidas de protección y las políticas públicas siguen siendo insuficientes para garantizar la seguridad de los líderes y sus comunidades.
La violencia contra líderes sociales afecta tanto a víctimas y familias como a la sociedad en general, ya que se debilita el tejido social y comunitario, al crear un clima de miedo y desconfianza, que a su vez obstaculiza los procesos de paz en regiones afectadas por el conflicto armado. Por esta razón, es fundamental que el gobierno colombiano implemente medidas integrales y efectivas para proteger a los líderes sociales y asegurar que estos crímenes no queden impunes.
ESCUCHA ÉSTAS Y OTRAS NOTICIAS
