A pocos días de haber realizado en la recuperación ‘Tierra Prometida’ la VIII Asamblea Nacional del Coordinador Nacional Agrario (CNA), las comunidades fueron notificadas de un desalojo exprés promovido por la Alcaldía de Pailitas. La orden desconocía que el predio está en proceso de clarificación jurídica ante la Agencia Nacional de Tierras y que su ocupación corresponde a un proceso legítimo de recuperación frente al latifundio.
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La respuesta por parte de las comunidades organizadas fue inmediata: movilización, denuncia y toma pacífica de la administración municipal. Las familias bloquearon la realización de una diligencia que pretendía ejecutarse sin garantías, mientras denunciaban perfilamientos, amenazas y atropellos de funcionarios locales. El CNA y organizaciones hermanas respaldaron públicamente la resistencia campesina, recordando que ningún Estado que usa la ley contra su pueblo puede proclamarse garante del derecho a la tierra.
Frente a la contundencia de la protesta, el mismo Estado local tuvo que admitir lo que pretendía ocultar:
Según el Auto 001–2025, la diligencia representaba “riesgos concretos para la vida, la integridad y el orden público”, además de graves afectaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de las familias. Por estas razones, el Inspector de Policía, Antonio José Caballero Vides, resolvió suspender el desalojo y convocar una mesa de concertación interinstitucional.
🚨Denunciamos el desalojo que la policía y la alcaldía del municipio de Pailitas está amenazando con realizar en el predio La Sonora. Dónde hace apenas una semana realizamos la VIII Asamblea del @CNA_Colombia
Exigimos a la @PGN_COL @DefensoriaCol @MinInterior @MinAgricultura… pic.twitter.com/VbBGhgClq8
— Robert Daza Senador Campesino (@RobertDazaG) November 27, 2025
La suspensión, aunque es una victoria importante, no resuelve el fondo del conflicto. La tierra sigue en disputa, el proceso de clarificación avanza lentamente y las maniobras para expulsar a las familias continúan. Así lo ha denunciado el CNA, que advierte de un patrón de persecución, abuso jurídico y hostigamiento sistemático contra los procesos campesinos de recuperación.
Lo que ocurre en Pailitas no es un hecho aislado: es la expresión viva del choque entre dos proyectos de país. De un lado, quienes defienden la tierra como mercancía, patrimonio del latifundio, botín del paramilitarismo y negocio para unos pocos.
Del otro, los pueblos que construyen soberanía alimentaria, vida digna y Reforma Agraria Integral y Popular con trabajo colectivo y organización.
Tierra Prometida es más que un predio: es un proyecto que demuestra que la organización del campesinado construye un país soberano, sin hambre y cuya producción supla las necesidades de la clase trabajadora. Y demuestra también que las transformaciones nacen en los territorio, no en los escritorios donde se redactan desalojos.
Hoy, las exigencias de las familias que habitan ‘Tierra Prometida’ son:
Que la ANT avance con celeridad en la clarificación del predio.
Que cesen las amenazas, persecuciones y montajes contra las familias.
Que las autoridades municipales respeten las garantías constitucionales y la vida.
Que el Gobierno Nacional cumpla su responsabilidad histórica con la Reforma Agraria Integral y Popular.
Porque la tierra recuperada se defiende y se pone al servicio del pueblo.
Y mientras haya campesinado dispuesto a permanecer, habrá territorio para la vida.
