La Subdirectiva Soacha del sindicato SINDIPAZ ha emitido una denuncia pública ante la grave situación que enfrentan los trabajadores del Programa Nacional Jóvenes en Paz. Según el comunicado, los y las trabajadoras llevan más de dos meses sin recibir salario, a pesar de que las actividades con los jóvenes beneficiarios no se han detenido.
Desde hace tres semanas, se han desarrollado manifestaciones pacíficas exigiendo respuestas por parte de la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP) y el Ministerio de Igualdad y Equidad (MinIgualdad). A raíz de esta presión, se instalaron mesas de negociación que, sin embargo, no han dado resultados efectivos.
El sindicato denuncia que el pasado 28 de mayo las entidades responsables incumplieron lo pactado, y que el 30 de mayo la UTTYP solicitó una nueva serie de informes y entregables, contraviniendo los acuerdos previos. Esta situación ha profundizado el descontento y el desgaste emocional de los trabajadores.
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Exigencias de SINDIPAZ:
Información clara y pública sobre los acuerdos pactados.
Pago inmediato de los salarios de abril y mayo.
Reconocimiento de intereses por mora.
Claridad sobre la continuidad del programa en junio.
Respeto a los acuerdos con las organizaciones sindicales.
No exigencia de nuevos entregables hasta que se cumpla lo anterior.
Desde SINDIPAZ, se denuncia la vulneración del derecho al mínimo vital y se responsabiliza al Ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Rosero; al Viceministro Pablo Zabala; al director del programa Jóvenes en Paz, Elver Guerrero; y al representante legal de la UTTYP, José Agustín Monroy, por los daños físicos y emocionales causados a los trabajadores.
Además, según un artículo publicado por Telascanto, titulado «Naufragara el programa jovenes en paz» el 19 de mayo de 2025, el programa Jóvenes en Paz enfrenta una crisis estructural. El artículo señala que el programa, una de las principales apuestas del gobierno para atender a jóvenes entre los 14 y 28 años, está en «cuidados intensivos». La crisis se evidenció cuando un grupo de contratistas del área pedagógica manifestó su descontento por el retraso en el pago de la nómina de abril y acudió a las instalaciones del ministerio en Bogotá para exigir respuestas. Las protestas se replicaron en ciudades como Cali, Medellín y Manizales. El ministerio, en cabeza de Carlos Rosero, y el operador del programa, la Unión Temporal Territorios en Paz, se comprometieron a revisar el tema sin ofrecer soluciones concretas.
El artículo también destaca que el programa ha evidenciado falencias en materia de articulación y gestión, derivadas de la inestabilidad del gobierno, la falta de experiencia y los malos manejos burocráticos. Desde su inicio en 2024, el programa ha tenido un alcance muy lejano de las expectativas iniciales del presidente y la vicepresidenta Francia Márquez. Por ejemplo, en su primera cohorte, el programa solo logró vincular a 6,360 beneficiarios, cifra muy inferior a los 100,000 prometidos por el gobierno. Esta situación llevó a la salida del entonces viceministro de la juventud, Gareth Sella, y al nombramiento de Pablo Zabala como nuevo viceministro.
Mientras continúa este rifirrafe sobre los alcances del Ministerio, los trabajadores del programa siguen sin recibir sus sueldos. Surge entonces una pregunta urgente: ¿cómo se puede arrebatar la juventud al conflicto, a las economías ilegales y a la exclusión, si ni siquiera se garantiza el funcionamiento básico de los programas diseñados para su protección?
Jóvenes en Paz representa una oportunidad concreta para construir alternativas desde los territorios. Sin embargo, su continuidad depende del cumplimiento real de las promesas hechas tanto a los facilitadores —muchos de ellos jóvenes que creen en la transformación desde sus propias comunidades— como a los participantes.
