Tras meses de presión social y movilización popular, el Gobierno colombiano se vio obligado a responder con una inyección de recursos para enfrentar la crisis habitacional que golpea a cerca de 5.240 familias. A través del Fondo Nacional de Vivienda, se asignaron más de $508.000 millones para mejoramientos en zonas urbanas y rurales, distribuidos en dos fideicomisos: $126.000 millones para vivienda rural y $382.000 millones para el programa Casa Digna, Vida Digna.
Las intervenciones llegarán a municipios de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca, incluyendo ciudades como Medellín, Cali, Popayán, Quibdó, Cúcuta y Villavicencio, donde las comunidades padecen históricas deudas estatales en materia de hábitat.
En total, se aprobaron 115 cupos urbanos y 12 rurales en la Modalidad I de Gestión Social, y 35 cupos urbanos y 5 rurales en la Modalidad III de Gestión Asociada. Cada hogar podrá acceder a un subsidio de hasta $25.338.000, con incrementos para cubrir costos de transporte en zonas rurales de difícil acceso.
Este anuncio se conecta con la victoria alcanzada el 2 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno se comprometió a destinar $8.500 millones tras la movilización nacional. Para las organizaciones, este nuevo paquete de recursos no se explica sin la fuerza del pueblo movilizado: no es buena voluntad institucional, sino una victoria política impulsada desde la organización.
Y la apuesta va más allá de la infraestructura: las organizaciones insisten en que estos recursos no solamente reparan viviendas, también fortalecen la gestión popular, pues serán las propias comunidades quienes ejecuten los proyectos. La autoconstrucción vuelve a afirmarse como acto político, de autonomía y de soberanía territorial.
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Avances estratégicos: Mesa Nacional de Vivienda y proyectos piloto
Esa lectura es compartida por los liderazgos de la Plataforma Regional Vivienda y Dignidad, quienes el pasado 8 de febrero se reunieron para evaluar lo conquistado. Allí recordaron que las victorias actuales son fruto de la acumulación organizativa y de debates que exceden el tema de vivienda: la soberanía, el desmonte del paramilitarismo y las transformaciones económicas necesarias para el país. En ese marco —explicaron— la movilización de octubre permitió posicionar las demandas de los sectores populares y obtener soluciones concretas frente a la crisis habitacional.
Durante ese encuentro también se destacó que los $8.500 millones logrados en diciembre tienen un carácter transformador porque los mejoramientos serán ejecutados por y para las propias comunidades organizadas. Esto significa que las obras no serán tercerizadas ni entregadas a operadores externos: serán las trabajadoras y los trabajadores quienes las desarrollen, consolidando la autogestión como práctica política, como ejercicio de autonomía y como afirmación de la soberanía territorial.
Las organizaciones también socializaron avances estratégicos que se proyectan a partir de la negociación: la creación de una Mesa Nacional de Vivienda y Hábitat para interlocutar directamente con el Gobierno; el impulso de proyectos piloto de autoconstrucción en Nunchía (Casanare) y Popayán (Cauca); y la proyección de políticas de agua para Arauca y Casanare, fundamentales para garantizar condiciones de vida digna y permanencia en los territorios. Estas iniciativas se entienden como pasos claves para que las comunidades tengan capacidad real de decidir sobre su hábitat y su territorio.
Como parte de esa misma proyección, las seccionales de Bogotá y Cundinamarca definieron una agenda de 20 asambleas territoriales en barrios y municipios de la sabana, donde se socializarán las victorias y se establecerán criterios de distribución basados en la priorización de los casos más necesitados. Las organizaciones insistieron en que sean las bases quienes tomen esas decisiones, no un escritorio gubernamental ni una lógica clientelar.
La reunión cerró con una conclusión firme: lo logrado hasta ahora demuestra que organizarse funciona. La movilización de octubre, los acuerdos de diciembre y la reciente asignación de recursos evidencian que el pueblo pobre y oprimido conquista derechos cuando actúa colectivamente. Por eso el llamado es a fortalecer la organización, ampliar la participación y consolidar un plan estratégico de vivienda digna que siga acumulando fuerza, transformando el territorio y brindando condiciones de dignidad para las comunidades.
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