Por estos aciagos días hay quienes hablan sobre el regreso de la violencia, desconociendo su uso continuado para sostener y ejercer el poder en el país. Esta práctica ha sido más frecuente y “socorrida” cuando se trata de asustar a la población, llevarla al paroxismo, hundirla en el miedo e inmovilizarla a fin de impedir el florecimiento de fuerzas alternativas que beneficien al pueblo, en medio de las continuadas crisis sociales.
La turviolencia que ahora avanza por el país, se ajusta perfectamente a ese viejo patrón, pues en medio de ella aún permanece la disputa por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, el ejercicio de la Consulta Popular y junto a ellas el fortalecimiento de la organización proletario popular por medio de la movilización y protesta social.
No debemos perder de vista que la ultraderecha ha golpeado al pueblo, tanto como se la ha dado la gana, al hundir los últimos retazos de la reforma laboral y cerrarle la puerta a la Consulta Popular. Por eso, apenas hace semana y media nos vimos en medio del llamado a un Paro Nacional que contenía la potencialidad de una Huelga General, la que no se consolidó ante la improvisación y más bien dio lugar para que la ultraderecha adelantara sus posiciones. Infortunadamente tal tendencia cabalga ahora hasta un punto donde sus representantes se exhiben como las víctimas, cuando es ampliamente conocida su persistente labor por una estrategia de ataque directo contra los trabajadores y el pueblo en general.
La historia se repite dos veces…
Lograr que los victimarios aparezcan como víctimas es el colmo de la inversión de la misma realidad, pero a la vez resultado de una vieja estrategia mediante la cual se procura ahogar la emergencia de las fuerzas proletario-populares que luchan por reformas tendientes a posibilitar una salida a la crisis del país. En medio de esto, la violencia es presentada de golpe como “desbordada” y desestabilizadora, como si el virus mancondiano hiciera perder de vista que en el país se asesinan cada año a cientos de líderes sociales, de modo que entre 2016 y 2023 son más de 1.539 las víctimas mortales.
Así se pretende olvidar, también como de golpe, los informes que documentan con precisión la relación directa entre políticos de la ultraderecha, las fuerzas militares, los narcotraficantes y los paramilitares, tejido unitario que ha sido la principal “fuerza oscura” que tira de los hilos de la vida nacional en las últimas cinco décadas.
Con todo ello, la situación actual es reducida –por los medios y en las redes- a una especie de riña política pasional entre el progresismo y la ultraderecha, en medio de la cual el intento de asesinato del candidato Uribe es inmediatamente achacada y cobrada al gobierno. Tal construcción política sólo se presenta como un remedo de lo que fue la antesala de la Violencia política partidista de los años cincuenta, de la que es necesario recordar que la postura fascista del laureanismo movilizó todas las fuerzas ultraconservadoras (terratenientes, alta finanza, alta jerarquía de la iglesia, policía, y pájaros) contra el ya débil reformismo del liberalismo lopista.
Entonces, se impone tener presente que el tal “torbellino de violencia” consistió en la estrategia con la cual el laureanismo-fascista le cerró el paso a las reformas y a la modernización formal del Estado burgués. Con ella doblegaron a las fuerzas reformistas y las llevaron a sumarse al pacto oligarca que taponó el reconocimiento positivo de las clases trabajadoras y de los sectores desposeídos y marginados del país. Pero también con ella lograron desarticular las fuerzas organizadas de los campesinos que clamaban por tierra para trabajar, la de los indígenas que exigían reconocimiento de sus culturas y resguardos, así como la de los obreros que exigían reconocimiento legal, derechos laborales y mejores condiciones salariales.
Esa exaltación de la violencia como medio para inmovilizar y desarticular las fuerzas proletario-populares también fue puesto en escena entre 1988 y 1991. En ese momento hubo un evidente avance organizativo de las fuerzas sociales que pugnaban por un cambio social profundo-evidenciado por la racha de paros regionales y la multiplicidad de protestas del segundo quinquenio de los ochenta- que entre otros dio lugar a la creación de la CUT.
Sin embargo, la campaña política de 1989-1990 fue marcada por el asesinato de tres candidatos, dos de ellos de la izquierda, pero sobre todo por la triplicación de las masacres en 1989, con un total de 86, muchas de ellas con varias decenas de víctimas, aspecto convenientemente olvidado. Sobre esos ríos de sangre se levantó la Constitución de 1991, la que dolorosamente resultó neoliberal hasta los tuétanos y ayudó a la posterior desarticulación del movimiento social, en una operación disciplinaria en que o bien aceptaban con docilidad las nuevas y desventajosas reglas institucionales o debían enfrentarse a las balas, los cocodrilos y la motosierra.
A pesar de los miles de víctimas y de la gran brutalidad, el tiempo ganado por las “fuerzas del orden” resultó más bien corto, en tanto el incremento de la explotación y la represión parecieron más bien empujar el crecimiento de la guerra interna. Fue así que entre fines e inicio de siglo se juntaron la profunda recesión económica, el avance militar de las guerrillas y la crisis de gobernabilidad de Andrés Pastrana.
Ante el nuevo fracaso por encontrar una salida sostenible a la larga crisis del país, la estrategia que posibilitó el cambio hacia la ultraderecha (nuevamente de talente fascista y con plena complicidad de las instituciones militares), inició con la turviolencia a través de la instalación y detonación de bombas en forma indiscriminada (collar, bicicleta o papaya-bomba…) permitiendo que los medios de comunicación llevaran la violencia al paroxismo para que, en medio de su asfixia “la población” pasara a pedir a gritos lo que inteligentemente ya le ofrecía la ultraderecha: un nuevo “gobierno del orden”.
Así, visto desde la política, el país pareciera recorrer sucesivamente un bucle en medio del cual el fracaso histórico de la modernización burguesa se repite una y otra vez, desbordando ríos de desesperación y sangre que manan desde las clases proletarias y populares. Y cada recomienzo del bucle pareciera denotarse por un momento de turviolencia en el que se subsume, neutraliza y desarticulan las fuerzas que propugnan por transformaciones, como condición necesaria para dar paso a otra nueva forma de “gobierno del orden” que, al estar incapacitada para superar las causas contradictorias de la crisis, sólo empuja una nueva repitencia de la sistemática violencia contra el pueblo.
la precarización prevalece, mientras el reformismo tibio se contrae y a la vez rápidamente avanza la ultraderecha
Los indicios claros de esa compleja situación vuelven a asomarse y se pueden leer en que los victimarios ahora logran presentarse como las víctimas de la violencia que ellos promueven y que durante décadas han justificado, sostenido y sobre la cual se han beneficiado. Igualmente se manifiestan en el zigzagueo y los bandazos en la política del gobierno progresista, el que también se vale del bloqueo de las tibias reformas para ocultar sus propias incapacidades y debilidades. Pero sobre todo su claridad emerge cuando se identifica que tras las protestas de 2019 y 2021 en poco o nada se han modificado las condiciones de vida de las mayorías proletario-populares, la falta de tierra, de trabajo digno, de servicios de salud, educación, de vivienda o comida siguen siendo el pan de cada día.
La grave situación en la que estamos siendo nuevamente sumergidos viene marcada por un profundo desconocimiento del gobierno, por parte de los partidos del “orden”. Por lo que esta vez también laboran en el hundimiento de su propia institucionalidad, pero a fin de crear una situación extraordinaria para asaltar el poder del ejecutivo. Por su parte, el progresismo duda en si mantener su postura conciliatoria con los partidos del capital o decidirse en la lucha por lograr la refrendación de tan siquiera una de sus tibias reformas, lo que al parecer cuando menos demanda el llamado por decreto a la Consulta Popular, medida que puede ser asumida por la ultraderecha como la línea roja y su momento para dar la orden de asalto.
Bajo tales circunstancias, los escarceos están entre un golpe de Estado en curso y la reacción de las bases populares del progresismo. De persistir tales tendencias, se podría dar lugar a un choque frontal y una violencia sin dirección que amenazaría con terminar de reventar no sólo lo poco que queda de la derruida democracia liberal, sino la misma estructuración social actual.
Por eso, es factible que ese peligro sea calculado por las dos fuerzas contendientes y de ahí se deriven sus llamados a la mesura verbal y la calma, vía por la cual tenderían a dirimir sus estrategias dentro de la misma institucionalidad, que no es más que procurar recuperar la ya demolida democracia y colocar en el centro el poder del Estado burgués. Tal situación demandaría que el progresismo bajara por completo las banderas de la reforma, coqueteo que de cuando en cuando asoma en algunos de los tweets del Presidente.
Desde una postura de clase proletario-popular es necesario considerar el momento coyuntural con un sentido histórico, procurando identificar lo que puede darse en la turviolencia del momento. La situación resulta compleja porque se profundiza el doble movimiento en el que el reformismo tibio se contrae y a la vez rápidamente avanza la ultraderecha y su tendencia autoritaria, y en medio de ella se genera un marco de “polarización” en el que pareciera no quedar lugar para mantener en alto las banderas por cambios estructurales.
Es de esa manera que se intenta ahogar la emergencia de fuerzas transformadoras que identificábamos hace apenas dos semanas, con el llamado a huelga general. Esta trayectoria se reproducirá en tanto el proceso electoral tienda a subsumir todas las fuerzas y dinámicas del país, condición que puede proyectarse como si se tratara de un caos permanente, pero en el que a la larga se construye la urgencia de ubicar, a modo de punto de encuentro, el regreso al Estado burgués como espacio del poder permanente.
Por esto mismo, no se puede perder de vista que la situación de turviolencia es un momento de una vieja estrategia dirigida a neutralizar y desmovilizar el avance proletario-popular. Luego la nueva situación carga un potencial desafortunado para el pueblo, en tanto las fuerzas proletario- populares permitan su dominio ideológico y su subsecuente neutralización y desarticulación, en nombre de los llamados a preservar la paz y la institucionalidad burguesa, que pueden proceder del tibio reformismo o de la ultraderecha.
Es necesario por tanto bregar para frenar el ascenso de la ultraderecha-neofascista sin que ello implique renunciar a las banderas de lucha ganadas en estos últimos años. Al respecto hay que tener en cuenta que el proceso electoral apenas empieza, que los giros serán permanentes, casi diarios y que la turviolencia estará al orden. Sin embargo, todo ello significa que aún hay tiempo, que la lucha permanece aún abierta, y que por lo tanto hay que persistir por lograr giros a nuestro favor, los que aún son factibles en la medida que las condiciones de la crisis sólo se profundizan y la democracia burguesa continua en franca degradación.
En medio de esta compleja y muy cambiante situación es necesario que la reflexión colectiva sobre la coyuntura cobre lugar, pues ella permite reducir los efectos sorpresa que a veces pueden desanimar y desalentar, como los intentos de manipulación por medio del miedo de la turviolencia, y para ello es necesario seguir potenciando la organización popular y la conciencia de clase, ya que ponen a disposición el conocimiento e iniciativa colectiva para desenmascarar las jugadas labradas por la burguesía y sus partidos, siempre en función de avanzar en dirección a una salida proletario popular a la crisis.
