Por: Alberto Castilla
Senador del Polo Democrático Alternativo
Transformación del campo” es una de las seis principales estrategias del Plan de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”. Al igual que en las demás estrategias, se insiste en viejas recetas, se plantean políticas de corte excluyente y se contradicen los enunciados de paz y equidad, supuestos pilares del Plan.
La propuesta de ordenamiento territorial es clara: privilegiar la agroindustria, la minería y la infraestructura. Para nada se tiene en cuenta el Pliego que la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular discute con el gobierno, el cual propone un ordenamiento basado en el gobierno propio, la defensa del territorio, el respeto al medio ambiente y una política de reforma agraria integral.
Baldíos para los empresarios
El documento ‘Bases del Plan Nacional de Desarrollo’ presentado al Congreso de la República hace parte integral del Plan según el artículo 2º y evidencia hacia dónde va la política del gobierno. En éste se lee “(…) en algunas regiones, se deben desarrollar instrumentos que apunten al uso eficiente del suelo en escalas adecuadas (…). Estos instrumentos contemplan la posibilidad de crear zonas especiales de desarrollo rural y agropecuario, en las cuales se podrá establecer contratos de largo plazo sobre tierras de la Nación y la acumulación productiva de tierras que fueron baldías sobre la base del involucramiento de los campesinos y pequeños productores de la región sin que necesariamente exista transferencia de dominio sobre la tierra explotada”.
Esta definición y disposiciones coinciden con la de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE), contenida en el proyecto de Ley 133 de 2014, cuyo trámite en la comisión quinta de la Cámara se contuvo debido al rechazo de organizaciones sociales y campesinas y a presuntas incompatibilidades de los ponentes del proyecto. Esta anotación en las Bases ratifica la intención del gobierno de entregar los baldíos de la nación a grandes empresarios mediante diferentes figuras, profundizando la concentración de las tierras en Colombia.
Si bien no hay una alusión concreta al tema en el Proyecto de Ley, el artículo 97 es confuso y deja serios interrogantes sobre la adjudicación de baldíos en el futuro. Con éste se pretende modificar las “Zonas Reservadas de Baldíos”, regladas en la Ley 160. El artículo 75 de la 160 habla de reservas “en favor de entidades de derecho público para la ejecución de proyectos de alto interés nacional”. En cambio el artículo 76, que se pretende modificar, continúa hablando de reservas pero no tiene un destinatario tan claro como el del 75. Esto abre la puerta a que se conformen ciertas zonas en las que se establecerá un “régimen especial”, que puede ser similar al de las ZIDRE. Los destinatarios de estos baldíos y las condiciones de adjudicación, dependerá exclusivamente de la reglamentación que haga el gobierno nacional.
Pero la redacción del artículo 97 permite entrever los propósitos del gobierno. Entre las modificaciones a la Ley 160 que contempla, encontramos que la tierra se considera como un activo productivo para generar ingresos; no se habla de campesinos, ni de sujetos de reforma agraria, ni siquiera de trabajadores agrarios, sino de “trabajadores con vocación agraria”; se utiliza la palabra “entregar”, en lugar de adjudicar y también se deja la potestad al Gobierno de reglamentar el régimen de adjudicación. Este conjunto de modificaciones conduciría a que tales baldíos sean entregados a empresarios mediante alianzas, contratos u otro tipo de figuras. El gobierno no podría hacer tan explícito este propósito en el Plan, entre otras razones por la reserva legal que existe sobre el tema, derivada de la Sentencia C – 644 de 2012.
En conclusión, la mención en las bases del plan a las zonas especiales de desarrollo rural y agropecuario y al derecho real de superficie, lo mencionado en el artículo 97 y el proyecto de Ley 133, evidencia que el propósito del gobierno es entregarle los baldíos al empresariado, aunque pretendan adornarlo con alianzas productivas u otras figuras. Así lo confirma el Departamento de Planeación: “acumulación productiva de tierras, que es diferente a acumulación de la propiedad” . Acumulación al fin y al cabo.
Minería e infraestructura: locomotoras que aplastan el agro
Además de la asignación de baldíos a la agroindustria, el Plan de Desarrollo también propone un ordenamiento territorial que privilegia la minería por encima de la agricultura. El artículo 19, por ejemplo, establece la creación de Áreas de Reserva Estratégica Mineras, Áreas de Reserva para la Formalización y Áreas de Reserva Minero – Energéticas. Las primeras serán definidas a partir de los minerales de interés estratégico para el país, con base en consideraciones estrictamente geológicas y mineras, de manera tal que no se tendrán en cuenta los aspectos sociales, económicos ni ambientales. No se menciona ningún tope a la delimitación, por lo que de nuevo queda en poder del ejecutivo definir la extensión y los alcances de estas zonas. El artículo 159 por incluye un parágrafo según el cual las actividades de explotación y exploración de recursos naturales no renovables al interior de un páramo que cuenten con licencia, podrán ejecutarse hasta su terminación.
En cuanto a la infraestructura, se define que una Comisión Intersectorial podrá declarar a los PINES (Proyectos de Interés Nacional y Estratégico) como de utilidad pública. La figura de la utilidad pública es usada para facilitar el despojo de tierras y territorios a fin para implementar todo tipo de proyectos, que sólo benefician a agentes privados. Esta figura, junto con la de las “servidumbres” del derecho civil, es utilizada en el Plan para permitir sin restricciones la viabilidad de grandes proyectos viales, hidroeléctricos, entre otros. Inclusive, se prohíbe al Incoder adjudicar a campesinos en estas zonas y se ponen trabas a la restitución de tierras, privilegiando la restitución por equivalencia o compensación.
Por otro lado, el artículo 146 permite el saneamiento automático de la propiedad inmueble, sin ninguna consideración especial para las tierras usurpadas, que serán despojadas de nuevo mediante la “utilidad pública”, combinada con el saneamiento de todos los vicios de tradición de la propiedad, los cuales están presentes en la mayoría de bienes que han sido usurpados, cuya cadena de falsas tradiciones no ha sido aún esclarecida en la mayoría de casos.
Nueva institucionalidad dictada por el Ejecutivo
Es evidente que la institucionalidad actual para el sector agropecuario no corresponde a las demandas del campesinado. AL respecto, en las Bases del Plan se reconocen las dificultades generadas por el desmonte del 60% de la institucionalidad del sector implementada en el gobierno anterior, lo que condujo a una recarga de funciones para el Ministerio de Agricultura.
Aunque podamos compartir el diagnóstico, preocupa la forma en que se plantea resolverlo. Elartículo 102 concede facultades extraordinarias al Presidente “para el desarrollo rural y agropecuario”. Estas facultades le permitirían suprimir, escindir o crear instituciones, modificar leyes relacionadas con adecuación de tierras, sistemas de crédito, entre otras. Como en otras tantas disposiciones del plan, se salta el tránsito por el Congreso y se imposibilita el debate público sobre las soluciones que requiere el agro. Nada garantiza que la nueva institucionalidad sea más democrática, incluyente y efectiva que la actual.
Al campesino no se le tiene en cuenta ni en la elaboración del plan, ni en la posterior reglamentación que se hará en muchos temas, ni en el rediseño de la institucionalidad que se reformará y mucho menos en el modelo de desarrollo que se propone, el cual expulsa al campesinado o lo obliga a asociarse con grandes empresarios agroindustriales, en condiciones que les resulta muy desfavorables, como lo demuestran diferentes experiencias.
