Luego del Encuentro Departamental de Comunidades Campesinas en Áreas Protegidas, las comunidades expresaron la necesidad de una Política ambiental, agraria y campesina para el país.
Este llamado se realizó luego de analizar las distintas problemáticas que afectan a las comunidades en zonas de protección ambiental. En el desarrollo de las jornadas de socialización de la Resolución N.º 7067 del ICA fue recurrente la denuncia de las comunidades frente a la violación de su autonomía y la falta de participación directa en la toma de decisiones en su territorio.
Para ello definieron fortalecer la organización campesina y de ejecutar acciones y medidas que las ayuden a defender sus derechos. En lo político propusieron la necesidad de impulsar el diseño e implementación una política nacional, ambiental, agraria y campesina. Una política que no desconozca la realidad del campo colombiano, ni la presencia histórica del campesinado en los territorios de conservación. Además del aporte de las comunidades para salvaguardar el agua y la biodiversidad.
Las comunidades campesinas fueron enfáticas al establecer que no se la puede comparar a la visión de esta política de los grandes latifundistas y hacendados. Para Jorge López integrante de ASONALCA, «al campesinado no se le pueden restringir sus prácticas históricas, mientras que a multinacionales y empresa agroindustriales se les abren las zonas protegidas para el aprovechamiento y el saqueo de los recursos del país.»
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Las comunidades expresaron además que esa política ambiental, agraria y campesina debe respetar las normas comunitarias, los planes de vida y manejo del territorio que se han construido históricamente. Además de poner la producción agroalimentaria por encima de los intereses extractivistas de la clase dominante.
