Trochando Sin Fronteras edición 33 Julio – Agosto de 2017

Por: Marcela Cruz

En un contexto de sabotajes y disturbios patrocinados por la derecha nacional e internacional, los venezolanos participaron masivamente en la votación para la Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 30 de julio. Multitudes pasaron sobre barricadas, bloqueos, guarimbas, amenazas y acciones paramilitares para llegar a los 14.500 puestos de votación habilitados por el Consejo Nacional Electoral -CNE- en todo el país.

Los venezolanos aptos para votar eran aproximadamente 19,4 millones. De esta cifra, más de 8 millones de habitantes (8,089,320, datos del CNE) ejercieron su derecho al voto para elegir a sus delegados a la Asamblea Constituyente. Esta realidad contrasta con las predicciones estadísticas y con la supuesta realidad que de la derecha presenta en los medios de comunicación: Según la encuestadora Datanálisis[1], al 29 de julio el 72,2% de los ciudadanos venezolanos rechazaba la Asamblea Nacional Constituyente[2]. El “plebiscito” que la oposición realizó el domingo 16 de julio supuestamente obtuvo 7.676.894 votos, cifra bastante difícil de creer, dada la escasa participación popular y el hecho de que muchas actas fueron quemadas justo después de culminada la votación, sin haber sido revisadas y verificadas.

La estrategia de desestabilización y sabotaje al proceso revolucionario ha ocasionado más de 100 y 1.500 heridos desde que iniciaron los disturbios en abril pasado. La oposición pretendía que el miedo que lograron infundir en episodios en los que han quemado personas vivas o asesinado a otras con francotiradores, evitaría la participación popular en la jornada electoral constituyente.

Durante las elecciones, grupos de oposición hostigaron al menos 200 centros de votación, pretendiendo impedir el sufragio. Según fuentes oficiales, 21 funcionarios del Estado fueron lesionados por arma de fuego en desarrollo de las votaciones.

El cerco internacional

Algunos países -gobernados por sectores de la derecha- anunciaron que no reconocerían los resultados de la elección para la Asamblea Constituyente. En ese sentido se pronunciaron los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, España, México, Panamá y Perú. Sin embargo, movimientos sociales de esos mismos países realizaron marchas y plantones en respaldo al proceso constituyente venezolano.

En contraste con esos 10 gobiernos, 57 Estados firmaron, en el marco de la reciente reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una declaración[3] expresando su apoyo a Venezuela y en rechazo a la intervención extranjera en sus asuntos internos. Entre ellos se encuentran países de África, Asia, Latinoamérica y Medio Oriente, tales como Rusia, Argelia, India, Sudáfrica, China, Ecuador, Bolivia, Cuba Nicaragua, Libia y Palestina. A través de tal declaración, estos 57 países consideran que “es al pueblo venezolano a quien compete, exclusivamente, determinar su futuro sin injerencias externas”; así mismo, afirman que “apoyamos al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en su compromiso de preservar la paz y mantener la institucionalidad democrática en el país…”.

Por su parte, Donald Trump amenazó con “sancionar duramente” a Venezuela si se hacía realidad la iniciativa Constituyente. Ante esta amenaza -que se cumplió días antes de las elecciones-, reaccionaron los gobiernos de Rusia, China e Irán, quienes manifestaron que enviarían apoyo militar a Venezuela para evitar una invasión por parte de Estados Unidos.

El gobierno estadounidense no sólo ha tratado de demonizar el proceso bolivariano de Venezuela, sino que ha movido cielo y tierra para derrocar al gobierno y retomar el control de sus reservas petroleras y truncar las iniciativas de integración latinoamericana que tanto Chávez como Maduro han impulsado incansablemente con la conformación de UNASUR, ALBA, CELAC y CARICOM.

Por su parte, la Iglesia Católica sigue respaldando el terrorismo y a la oposición por todos los medios, llegando al punto de hacer propaganda política en las misas. Esto se complementa con la declaración del Vaticano y el Papa Francisco el pasado 3 de agosto, en el sentido de “evitar o suspender la asamblea constituyente.”[4]

¿En qué consiste la Asamblea Constituyente?

Mientras la Asamblea Constituyente define el contenido de la nueva carta magna, la anterior constitución seguirá vigente, al igual que los Poderes Públicos. No obstante, la Asamblea Nacional Actual cesará sus funciones dado que la Constituyente será la nueva encargada de legislar con el objetivo de reformar la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, establecida en 1999.

Uno de los objetivos centrales de la nueva legislación es la creación de una Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz con poderes plenipotenciarios cuyo fin será establecer las causas y responsables de los hechos violentos generados en los últimos meses y que ha dejado más de 100 muertos y decenas de heridos.

“Solo a través de justicia lograremos la paz para construir la igualdad, la estabilización política del país y brindarle seguridad al pueblo, la paz es un derecho del pueblo“, señaló el presidente Nicolás Maduro.

La economía también será tema esencial de la constituyente. El objetivo es superar la dependencia de la renta petrolera y fortalecer la producción de alimentos y otras mercancías. Así mismo, se ha anunciado que se buscará darle rango constitucional a las misiones sociales como las de alimentación (Mercal, Pdval), salud (Barrio Adentro), educación (primaria, secundaria y universidad) y vivienda, entre otras que se implementan desde que Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999.

Lo que se viene

Aún después de esa extraordinaria victoria electoral, a los venezolanos les esperan días de ardua lucha en defensa de su democracia y autodeterminación. Pese a que el pueblo eligió a sus representantes para redactar la nueva constitución, y que, además, luego de elaborada deberá ser sometida a la aprobación popular a través de referendo, la derecha sigue afirmando que se trata de una medida dictatorial al acomodo del gobierno. Y esa posición se seguirá traduciendo en la profundización de la guerra económica y la continuidad de las acciones violentas. No es gratuito que el dirigente opositor Julio Borges señalara (luego de conocer los resultados de las elecciones) que “La lucha no solo va a continuar, sino que se va a profundizar con toda la fuerza y dignidad”.

Tampoco es casualidad que el pasado 13 de julio se realizara una reunión en la misión estadounidense de la OEA en Washington, presidida por el exrepresentante permanente de EEUU ante este organismo, Michael Fitzpatrick, y el director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Cruz, con diplomáticos de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia, a quienes instruyeron para iniciar una fuerte campaña mediática en contra de la Asamblea Constituyente. Consecuencia de ello, Juan Manuel Santos, pidió públicamente “desmontar la constituyente”[5].

Mike Pompeo, Jefe de la CIA reconoció haberse reunido con los presidentes de Colombia y México para “buscar un gobierno estable y democrático en Venezuela”, dado que allí Estados Unidos tiene “profundos intereses”[6].

A estas alturas, no queda duda de las verdaderas causas de la situación en Venezuela y de quiénes están detrás del plan creado para generar caos y desestabilización para justificar una intervención directa de fuerzas extranjeras.

[1]             Publicado en http://www.ntn24america.com, julio 29 de 2017

[2]            Publicado en https://elpitazo.com/ultimas-noticias/datanalisis-72-de-los-venezolanos-rechaza-la-asamblea-constituyente/

[3]             Publicado en http://onu.embajada.gob.ve, junio 21 de 2017

[4]             Publicado en http://www.cmi.com.co, agosto 5 de 2017

[5]             Publicado en http://www.noticiasrcn.com, julio 17 de 2017

[6]              Publicado en http://www.telesurtv.net/opinion/Por-la-Constituyente-si-pero-tambien-contra-Trump-y-el-intervencionismo-20170801-0028.html