La acción es respuesta a la alarmante violencia estructural que afecta a las comunidades y líderes sociales en Arauca. Este llamado a las instituciones del Estado y la comunidad en general se realiza luego del asesinato de Manuel Salvador Sánchez Canónico, destacado miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores, ASOJUNTAS Arauquita y FEDEJUNTAS Arauca, quien fue asesinado el 14 de agosto en la vereda Los Almendros.
En Arauca en lo corrido de 2024 han asesinado a 8 líderes sociales y comunales, cifra que suma a las amenazas proferidas, atentados y desplazamientos en el territorio. La Fundación denunció que Manuel Salvador había sido objeto de persecución judicial y amenazas por parte de estructuras paramilitares que en el territorio se hacen llamar “Disidencias de las Farc”, lo que refleja un patrón alarmante de violencia sistemática contra quienes defienden las comunidad y los derechos humanos.
«Manuel era un líder comprometido con su comunidad, siempre luchando por condiciones de vida dígna. Su asesinato es un golpe para todos nosotros, pero tambien razón para continuar nuestras luchas», declaró un compañero de Manuel que prefirió permanecer en el anonimato por razones de seguridad.
En la acción urgente también se denuncia el ataque a una familia en Puerto Rondón, en los hechos un joven fue amarrado y una mujer fue violada vereda El Progreso, zona en la que hay fuerte presencia militar a través de efectivos del Ejército Nacional.
“… hombres armados y encapuchados, amarraron a un joven y procedieron a violar a una joven mujer; las comunidades han señalado que en el sector hay presencia del ejército nacional”.
Estos hechos agravan aún más la crisis humanitaria en Arauca, departamento en el que según la comunidades la presencia estatal se realiza a traves de la militarización del territorio. “La violencia se ha vuelto parte de nuestra vida diaria. Nos sentimos desprotegidos y abandonados por un Estado que solo trae represión, asesinatos y muerte, y entrega el territorio a las empresas petroleras”.
Ante esta situación crítica, la Fundación instó a los órganos de justicia y control a llevar a cabo investigaciones serias y oportunas sobre estos hechos. «No podemos permitir que estos crímenes queden impunes. La vida de nuestros líderes y la permanencia de nuestras comunidades están en riesgo», afirmó la Fundación.
La Fundación de Derechos Humanos «Joel Sierra» hace un llamado a la comunidad nacional e internacional para que continúen exigiendo al Estado colombiano el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. «Cuando existen alertas tempranas y una sentencia de la Corte Constitucional que señala un estado de cosas inconstitucionales, no podemos seguir en un estado de total indefensión. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para proteger a nuestros líderes y comunidades», agregó la Joel Sierra.
Emergencia Humanitaria y desmonte del paramilitarismo
La situación en Arauca es un reflejo de un problema más amplio en Colombia, donde los líderes sociales siguen siendo blanco de ataques sistemáticos por parte de estructuras paramilitares. Según informes de organizaciones de derechos humanos, más de 1,000 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de una respuesta efectiva por parte del gobierno.
La acción urgente es también una exigencia a que se hagan efectivas las medidas necesarias para proteger la vida de las comunidades y se discuta la doctrina militar, la política de seguridad y se desmonten y desmantelen las estructuras paraestatales que actúan aún en connivencia y complacencia de algunos mandos militares en los territorios.
