En el municipio de Jericó, Antioquia, a causa de la megaminería, se desarrolla un conflicto socioambiental: El proyecto minero Quebradona, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti y la resistencia de la comunidad. En un acto de persecución este 13 de mayo, once campesinos y defensores del territorio han sido citados a una audiencia de imputación de cargos, donde además se solicitará medida de aseguramiento en su contra.
Se les criminaliza por vía judicial por defender el medio ambiente y oponerse a un megaproyecto minero que amenaza los ecosistemas y la vida en la región. Por ello, desde diversos sectores sociales y organizaciones de derechos humanos, se ha denunciado que estos procesos representan una estrategia de procesamiento penal y silenciamiento contra quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta y a la defensa del territorio.
De hecho, un grupo de 350 profesores universitarios, campesinos, y organizaciones de activistas ambientales firmaron una carta en la que rechazan las acusaciones contra el grupo de 11 campesinos.
“Manifestamos nuestro enérgico rechazo a la criminalización de campesinos en el municipio de Jericó, Antioquia, quienes hoy enfrentan procesos legales como consecuencia de su legítima oposición y resistencia a los proyectos de megaminería que amenazan con alterar profundamente sus territorios, afectando las aguas que recorren sus comunidades, la biodiversidad con la que cohabitan y sus formas de vida”. Conoce la carta completa aquí
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La defensa del territorio no es un delito:
La situación en Jericó refleja un patrón recurrente en Colombia, donde líderes sociales, campesinos y ambientalistas enfrentan persecución judicial por alzar su voz contra proyectos extractivistas que priorizan intereses económicos sobre el bienestar de las comunidades y la sostenibilidad ambiental. Las organizaciones sociales exigen que se respete su derecho a la movilización pacífica y que se investiguen las presiones irregulares detrás de estas acusaciones, que buscan deslegitimar la lucha por la protección de los recursos naturales.
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Organizaciones nacionales e internacionales acompañan el caso y alertan sobre el uso abusivo del sistema judicial para reprimir la disidencia y el ambientalismo popular. La defensa del agua, la tierra y la vida no puede ser tratada como un delito.
Las organizaciones sociales nos invitan a alzar la voz contra esta criminalización compartiendo el mensaje con los numerales: #EstoyConLos11deJericó y #FueraAngloGold.
Porque defender el territorio no es un delito. Y no debe costarnos la libertad.
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